Organizaciones de derechos humanos presentan demanda para proteger el derecho a la protesta de manifestantes en Lima
Foto de Alan Benavides
El 18 de enero de 2023, el Instituto de Defensa Legal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa interpusieron una demanda constitucional de habeas corpus preventivo, debido a la amenaza cierta e inminente de violar los derechos fundamentales al libre tránsito, a la libertad personal y a la protesta de las personas manifestantes en Lima Metropolitana, que participan en las diversas movilizaciones, paros y/o huelgas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
La medida se dirige contra la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior, la Fiscalía de la Nación y la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Por otro lado, los beneficiarios serán aquellas personas manifestantes contra el gobierno de Dina Boularte y el Congreso, ciudadanas y ciudadanos de Lima Metropolitana y otros que vienen desplazándose hacia la ciudad desde otras regiones que sean víctimas de detenciones arbitrarias, de represión indiscriminada, del uso arbitrario de la fuerza y sean criminalizados por ejercer su derecho a la protesta.
A raíz de las múltiples e indiscriminadas detenciones policiales que evidencian un patrón abusivo de actuación policial en los últimos días, los demandantes exigen al Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima lo siguiente: En primer lugar, que se ordene el cese de próximas detenciones masivas de ciudadanos y ciudadanas a causa de ejercer el derecho a la protesta. En segundo lugar, que la Policía Nacional del Perú use el procedimiento de control de identidad estrictamente conforme a sus protocolos para la investigación de hechos delictivos, y no como mecanismo de intimidación a los manifestantes. Finalmente, exigieron que se ordene a la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada de Lima, se abstenga de promover acciones tendientes a la criminalización de la protesta social, y en consecuencia, disponga la inaplicación de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 2673-2022-MP-FN.
Esta última acción por parte del Ministerio Público resuelve que las Fiscalías Provinciales Especializadas contra la Criminalidad Organizada realicen intervenciones inmediatas y diligencias urgentes por delitos que pudieran cometerse en el marco de las manifestaciones que se vienen realizando en el país. En otras palabras, se parte sin investigación alguna previa del argumento irrazonable de considerar que los manifestantes son parte de organizaciones criminales por eso deben descartar primero si las personas manifestantes son parte de organizaciones criminales, para recién derivar sus casos a las fiscalías provinciales penales encargadas de delitos comunes, que son por los que realmente se está interviniendo a todo ciudadano partícipe de las manifestaciones.
De esta manera, se fortalece la tesis del gobierno sobre la presunción a priori de la existencia de organizaciones criminales entre las personas manifestantes, razonamiento que afectan en forma indiscriminada a quienes ejercen su derecho a la protesta social.