Organizaciones de derechos humanos presentan información adicional a las CIDH ante el abuso policial y militar en el contexto de las protestas
El pasado 5 de enero, el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medida cautelar para proteger el ejercicio del derecho a la protesta pacífica en el Perú.
Ante el agravamiento de la situación de derechos humanos en el país, la cual ha ocasionado la muerte de 45 personas y centenas de personas lesionadas por enfrentamientos con la fuerza pública, las organizaciones han remitido información adicional sobre el contexto de violencia que atraviesa el país.
El documento relata los diversos patrones y situaciones de violencia que ha comprometido la vida e integridad de personas manifestantes en diversas zonas del país. Estos sucesos han sido detallados de manera cronológica y con especial énfasis en los actos de violencia ocurridos en la región de Puno y Lima Metropolitana. Sólo en la ciudad de Juliana, 17 personas han fallecido por enfrentamientos con la policía entre el 4 y 9 de enero de 2023.
De igual forma, las organizaciones realizaron un análisis de la actuación policial en Puno y Lima respecto al uso de la fuerza. De este concluimos que las personas muertas en Juliaca han sido víctimas de proyectiles de arma de fuego. Frente a las pruebas visuales y documentales adjuntadas a la solicitud de medida cautelar, argumentamos que existen situaciones en las que las fuerzas del orden utilizaron desproporcionalmente la fuerza, e incluso la fuerza letal, contra personas o bienes que claramente no representaban una amenaza. Esta actuación, a nuestro entender, viola los estándares internacionales de derechos humanos que regulan el uso de la fuerza.
Ante la visita de la CIDH del 11 al 13 de enero y la próxima visita de una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre el 18 y 20 de enero, es necesario que estos organismos internacionales trabajen con el Estado para que se respete el derecho a la protesta pacífica. En la medida que sea necesario, nuestras organizaciones seguirán remitiendo información a la CIDH pues consideramos que se cumplen los requisitos necesarios para que se conceda una medida cautelar.
(Imagen: Infobae).