Organizaciones de derechos humanos presentaron demanda de inconstitucionalidad contra “ley del gatillo fácil”
Mientras el Gobierno se mantiene al margen de las demandas de los manifestantes, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan con la represión. Hasta el momento ya se han registrado más de 20 muertos y 500 heridos.
En ese sentido, y respondiendo a la coyuntura, el actual decano del Ilustre Colegio de Abogados de Puño, Wilmer Quiroz Calli, con el apoyo y respaldo de Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú (CNDDHH), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, (FEDEPAZ), Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APROVIDHA), Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco (DHSF), Red Muqui, la Comisión Episcola de Acción Social (CEAS), el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) y CooperAcción Prensa, entre otras, presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4 y la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N.° 31012, más conocida como la “ley del gatillo fácil”, pues derogan el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, el cual se encuentra reconocido en el artículo 4.1.c del Decreto Legislativo N.° 1186, que precisamente regula el uso de la fuerza por la policía.
Esta norma, en los hechos, promueve el uso arbitrario de la fuerza por parte de la Policía contra la población, en especial contra personas defensoras de los derechos humanos, porque exime de responsabilidad penal a los policías y militares “que usando sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”. Con la derogatoria del principio de proporcionalidad podríamos llegar a situaciones absurdas, por ejemplo, que se justificara el uso de fusiles automáticos, armas de guerra, que se hayan empleado durante alguna manifestación legítimamente pacífica. En tal sentido, consideramos que esta norma es una pieza importante del andamiaje que promueve y permite la criminalización de la protesta, razón por la cual hace falta expulsarla del ordenamiento.
Se trata en definitiva de la ley que elimina la obligación de los policías de tomar en cuenta el principio de proporcionalidad, al momento del uso de la fuerza en contextos de protesta social.
Puedes descargar la demanda aquí