Organizaciones indígenas de Ucayali solicitan consulta previa del nuevo Reglamento de Gestión Ambiental
La Organización Regional AIDESEP de Ucayali (ORAU) y la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU), en representación de los pueblos indígenas de dicha región, han solicitado formalmente la consulta previa del nuevo Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agricultura y Riego (RGASAR).
La petición fue presentada el pasado viernes 30 de octubre y dirigida a los titulares de los ministerios del Ambiente y Agricultura y Riego.
El nuevo RGASAR, próximo a aprobarse, incluirá cambios importantes que tienen como objeto impulsar el desarrollo sostenible de las actividades agropecuarias en nuestro país. De tal forma, la norma regulará en particular las operaciones de empresas agroindustriales en la Amazonía. Como se sabe, la mayor parte de los bosques amazónicos pertenecen a territorios de los pueblos indígenas.
Es preciso señalar que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Ley de Consulta Previa y su reglamento, exigen que todas aquellas normas reglamentarias de alcance general, capaces de afectar derechos de los pueblos indígenas, sean sometidas a consulta.
El nuevo RGASAR, en ese sentido, constituye un acto administrativo que sin duda impactará en el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular en sus derechos a la propiedad y a los recursos naturales, así como en su propia identidad cultural. Por ello, de conformidad con el derecho nacional e internacional, el Estado tiene la obligación de iniciar un procedimiento de consulta previa con ORAU, FECONAU y todas las organizaciones indígenas de la Amazonía.
Finalmente, debe recordarse que esta norma ha sido cuestionada por incluir disposiciones ventajosas que convalidarían las actividades agroindustriales de empresas que no cuentan con certificación ambiental, precisamente, por haber incumplido con la normatividad ambiental y forestal. Con ello, consideramos que se pretende eximir a las empresas agroindustriales de su responsabilidad administrativa y penal, sin considerar los procesos en curso en los que se ha evidenciado la comisión de infracciones y delitos.
Estos son los casos, por ejemplo, de las empresas Tamshi S.A.C. (Tamshiyacu), Ocho Sur P. S.A.C. (fundo Zanja Seca) y Ocho Sur U. S.A.C. (fundo Tibecocha). Todas ellas carecen de certificación ambiental y vienen siendo investigadas por el Ministerio Público y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Incluso, en el caso de Tamshiyacu, el exgerente de la empresa (antes Cacao del Perú Norte S.A.C.) ha sido condenado por el Poder Judicial a 8 años de prisión por la venta ilegal de productos maderables y obstrucción a la justicia. A la empresa, a su vez, se le ordenó pagar una reparación de más de 15 millones de soles. Las empresas del grupo Ocho Sur en Ucayali, igualmente, vienen siendo investigadas por formar parte de una organización criminal que promueve el tráfico de tierras para cultivar palma aceitera en bosques arrasados.
La aprobación del nuevo RGASAR, sin consulta previa y con disposiciones que favorezcan a actividades empresariales criminales, solo contribuirá a exacerbar la violencia contra los pueblos indígenas, agricultores locales y defensores ambientales, poniendo en riesgo sus vidas, y sus medios de vida que dependen de los bosques.