Organizaciones indígenas exigen al Estado una política pública para titular territorios de comunidades
El último martes, 17 de setiembre de 2024, el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima llevó a cabo una audiencia por la demanda de amparo que presentaron organizaciones indígenas contra diversas entidades del Estado, por la falta de una política pública nacional de titulación de tierras de comunidades nativas.
Durante la audiencia, el juzgado escuchó los argumentos de las organizaciones que presentaron la demanda, el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM) y la Federación de los Pueblos Kichwa de Chazuta (FEPIKECHA); así como de entidades demandadas, como el Gobierno Regional de Amazonas, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Cultura.
También participó en el acto judicial Marisol García Apagüeño, representante del pueblo indígena Kichwa y presidenta de FEPIKECHA. La lideresa recordó al juzgado que el principal pedido de las comunidades es por seguridad jurídica. Mientras sus territorios no estén titulados, es latente el peligro por economías ilegales que puedan ingresar en comunidades nativas.
Política de titulación de comunidades es urgente
En ese sentido, la abogada Cristina Gavancho León enfatizó la importancia de una política pública nacional de titulación de tierras de comunidades nativas amazónicas, remarcó la ausencia de medidas de protección transitoria de la propiedad y posesión de tierras, y advirtió la emisión de actos administrativos que despojan el territorio indígena a favor de terceros. Además, resaltó la necesidad de medidas concretas y financiadas para titular los territorios indígenas pendientes de titulación.
“El presente caso, señora jueza, es un caso en que, en su rol de juez constitucional, le estamos pidiendo hacer efectivo el contenido esencial del derecho a la propiedad comunal de las comunidades nativas amazónicas. Y en ese sentido, este derecho viene siendo hoy vulnerado por la ausencia de una política pública acorde a estándares internacionales que debería permitir su protección efectiva”.
—Cristina Gavancho León, abogada de CEPKA y CODEPISAM
Asimismo, Gavancho León refirió al juzgado que, hoy en día, la titulación de una comunidad depende de proyectos concretos que son financiados por cooperación internacional y que el Estado no garantiza. Esto genera una desprotección y un despojo de territorios indígenas.
Por su parte, el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda indicó que la falta de títulos de propiedad afecta a cerca de una tercera parte de las comunidades nativas en la Amazonía, expuestas a la invasión de colonos, narcotraficantes y madereros ilegales. También señaló que las autoridades estatales, además de no otorgar títulos de propiedad, entregan derechos sobre territorios pendientes de titulación.
Esta situación se relaciona también con la deforestación. Durante la audiencia, Ruiz Molleda argumentó que la deforestación es responsable del 60% del calentamiento global en el Perú, y que la titulación de territorios indígenas puede ayudar a combatirla.
“De cada tres comunidades nativas de la Amazonía, una no tiene título de propiedad, no tiene seguridad jurídica. ¿Y esto qué significa, señora jueza? Todos sabemos muy bien que el Estado se repliega en zonas rurales. Una comunidad sin título de propiedad es una puerta abierta para minería ilegal, cocaleros, narcotraficantes, traficantes de tierras, palmicultores o, por ejemplo, los menonitas en Ucayali”.
—Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de FEPIKECHA
En esa línea, la lideresa kichwa Marisol García enfatizó el pedido de las comunidades por seguridad jurídica y lamentó que, cuando algunas comunidades han presentado demandas por amenazas de invasores en sus territorios, la justicia las archiva con el argumento de que no tienen un título de propiedad.
Del mismo modo, la presidenta de FEPIKECHA mostró su indignación ante el juzgado debido a que, en medio de una crisis climática y de constantes crímenes contra defensores indígenas, considera inaceptable que las comunidades continúen pidiendo al Estado algo que ya se les debería haber reconocido, como es la propiedad de sus territorios.
“Es lamentable escuchar que hay asesinatos contra indígenas por defender nuestros territorios. Se pide, se exige y hasta se mendiga a la justicia que nos titule nuestros territorios. Lo único que buscamos es seguridad jurídica, que las entidades correspondientes asignen financiamiento para que esto sea una realidad. Nosotros somos los verdaderos dueños de los territorios, mucho antes de que sea llamado Estado peruano, de que tenga una Constitución, nosotros ya teníamos nuestra gobernanza. No podemos, a estas alturas del siglo xxi, en crisis global, seguir rogando que se nos reconozca nuestro territorio”.
—Marisol García Apagüeño, presidenta de FEPIKECHA.
Entidades sostuvieron que pedido de políticas públicas es inviable
Por la parte demandada, el abogado de la PCM, Victor Oliveros, sostuvo que en el caso no cabe un proceso de amparo y preguntó cuál sería el derecho vulnerado. De acuerdo a su argumentación, la exigencia de titulación de territorios indígenas sería un proceso administrativo.
Del mismo modo, Katya Morales, abogada del Midagri, argumentó que la demanda de amparo no procede, ya que no se ha señalado cuál es el derecho fundamental vulnerado y se estaría buscando establecer políticas públicas a través de un proceso constitucional. Añadió que el pedido de la demanda es inviable, pues implicaría que el Poder Judicial asuma un rol de creador de normas.
Aimeé Torres, abogada del Gobierno Regional de Amazonas, expuso que, en dicho departamento, las comunidades nativas han avanzado en la etapa de notificación personal para el inicio del procedimiento de demarcación territorial. Agregó que el Estado está en proceso de suscribir un convenio de cooperación interinstitucional con la Asociación Intertécnica del Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Comunidades se encuentran desprotegidas
Pese a los argumentos de las entidades estatales, lo cierto es que en dos sentencias anteriores del Tribunal Constitucional se ha reconocido que el proceso de amparo es la vía idónea cuando se trata de derechos de comunidades indígenas.
Asimismo, la implementación de políticas públicas en favor de la titulación de territorios indígenas resulta fundamental en un contexto de violencia contra líderes indígenas. A la fecha, son al menos 35 defensores asesinados por defender sus territorios.
A ello se suma la brecha de titulación de comunidades. De acuerdo con cifras del Instituto del Bien Común (IBC), a julio de 2023, de las 2666 comunidades nativas que en total existen en el Perú, 710 no tienen un título de propiedad de sus territorios.
En ese contexto, la titulación de todas las comunidades nativas puede contribuir a defender y proteger a los cientos de líderes indígenas que defienden sus territorios no titulados, frente a la intrusión de los grupos ilegales. Urge que el Estado escuche las demandas de los pueblos indígenas y tome acciones para, al fin, proteger sus derechos.