Organizaciones indígenas y de derechos humanos envían a las Naciones Unidas un Informe Sombra de Perú para el Examen Periódico Universal (EPU)

Organizaciones indígenas y de derechos humanos envían a las Naciones Unidas un Informe Sombra de Perú para el Examen Periódico Universal (EPU)

Varias organizaciones de los pueblos kichwa, shipibo-konibo y kakataibo, junto con organizaciones de derechos humanos, han presentado un Informe sombra al del Estado peruano para el Examen Periódico Universal (EPU) del grupo de trabajo intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

 El EPU, llevado a cabo por un grupo de trabajo intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, revisa el cumplimiento de los compromisos y las obligaciones en materia de derechos humanos de los 193 estados miembros. Es un mecanismo de revisión por pares por el cual todos los Estados miembros de la ONU son examinados en los mismos términos a través de la Carta de las Naciones Unidas; la Declaración Universal de Derechos Humanos; instrumentos de derechos humanos en los que el Estado evaluado es parte; promesas y compromisos voluntarios hechos por el Estado; y derecho internacional humanitario aplicable.

 De este modo, el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), la Federación de Pueblos Indígenas Kichwas del Bajo Huallaga San Martín (FEPIKBHSAM), la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU), la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA) y la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (FEPIKECHA), con apoyo del Forest Peoples Programme (FPP) y el Instituto de Defensa Legal (IDL), enviaron en julio pasado un Informe sombra al presentado por el Estado del Perú para el EPU a realizarse este año.

 El Informe Sombra da cuenta de un Estado ausente y perpetrador de violaciones a derechos humanos en la Amazonía peruana.

Primero, revisa las causas estructurales de las presiones y amenazas sobre los territorios de pueblos indígenas amazónicos. Entre ellos: el lento avance del reconocimiento y titulación de los territorios indígenas; la falta de mecanismos transitorios de protección a territorios colectivos no titulados; la ausencia de herramientas de protección efectiva de territorios indígenas ya titulados; y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos en el saneamiento de la propiedad rural indígena que permitan restituir territorios usurpados.

El Informe profundiza también en la violencia y otras formas de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas amazónicos por parte de economías de origen aparentemente lícito y economías ilegales.

Está el caso de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya del pueblo shipibo-konibo, la cual continúa resistiendo a la expansión agresiva de actividades agroindustriales a gran escala después de haber sufrido del despojo de sus bosques. Se menciona también el caso de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) de la región de Loreto, donde el Gobierno Regional otorgó 47 concesiones forestales sobre las reservas indígenas solicitadas a su favor.

Se expone, además, el modelo de conservación excluyente que ha despojado de su territorio ancestral al pueblo Kichwa en San Martín al crearse el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera sin consentimiento previo, libre e informado. Y donde desde el 2008, el PNCAZ ejecuta un Proyecto de Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) que comercializa créditos de carbono sin transparencia ni rendición de cuentas de los 80 millones de dólares comercializados entre el 2008 y 2022.

“El mismo Estado debe tener conocimiento con cómo se ha hecho, pues se ha vulnerado los derechos de los pueblos indígenas porque no se ha hecho consulta para la creación de “áreas de conservación”. Lo de bonos de carbono tampoco se ha informado. Se dan de la vista gorda, dicen que sí se ha informado a los pueblos indígenas, cuando no es así. También dicen que es tierra del Estado, pero ¿quién lo protege? …” Reogildo Amasifuen, líder del pueblo kichwa y presidente CEPKA.

El Informe evidencia también cómo el boom extractivo potencializa dinámicas de dominación intracomunitarias al generar una mayor dependencia de las mujeres hacia los hombres por razones salariales, agravándose el riesgo de las mujeres indígenas de ser víctimas de violencia por agentes estatales y no estatales, incluida violencia sexual.

El Informe interpela la implementación de las políticas estatales en materia de protección a defensores indígenas. Por ejemplo, desde solicitudes de defensores indígenas para su protección bajo el marco del Mecanismo Intersectorial cuyas atenciones sobrepasaron los plazos estipulados, hasta la desidia del Ministerio del Interior al no aprobar los lineamientos de planes de actuación del mencionado Mecanismo.

Se abordan también las diversas barreras de acceso a la justicia de las comunidades amazónicas.

Se destacan así graves retrocesos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde en el 2022 al menos cuatro sentencias menoscaban derechos reconocidos a favor de pueblos indígenas. Tales son los casos de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), Santa Clara de Uchunya, las comunidades campesinas de Chila Chambila y Chila Pucara, y el corredor vial Apurímac-Cusco. Se denuncia también un sistema de justicia inactivo para casos de agresiones físicas contra defensores indígenas, generándose un condenable contexto de impunidad. Y se menciona los casos de las comunidades kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu y Anak Kurutuyacu de San Martín, quienes han realizado múltiples denuncias por delitos ambientales en sus territorios no titulados, pero las inspecciones fiscales fueron reprogramadas increíblemente hasta en 16 veces.

El Informe explora también la falta de reconocimiento a los mecanismos de autoprotección indígena que emergen frente al desamparo Estatal, y la carencia de medidas adecuadas de reparación a defensores indígenas.

Finalmente, las organizaciones presentan recomendaciones hacia el Estado peruano para cada uno de los puntos señalados.

“…No deben ser solo palabras, se debe exigir que el Estado cumpla. Tanto desde apus, organizaciones y aliados se trabaja, pero no hay respuesta en las diversas instituciones del Estado. Nosotros accionamos, pero ¿qué respuesta nos dan? Siempre presionamos al Estado, y ellos tienen que dar una respuesta, pero ya, no con solo papeles. ¿Cuántos papeles, cuántos documentos? ¿Y cuántas respuestas? Se tiene que hacer acciones concretas, y ojalá este informe sirva como una llamada de atención sobre ello”, señala una lideresa del pueblo shipibo-konibo y dirigente de la FECONAU.

 

 

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