Organizaciones rurales: No a la militarización del territorio de los pueblos indígenas

Organizaciones rurales: No a la militarización del territorio de los pueblos indígenas

Quince organizaciones ronderas de la costa norte, sierra norte, selva  norte, selva central, selva baja y sur andino, además de las principales centrales campesinas a nivel nacional , se han pronunciado en contra de la ley presentada por la bancada fujimorista que reconoce a los Comités de Autodefensa  y los incorpora al sistema de seguridad ciudadana. También solicitan al Presidente de la República que no promulgue esta norma y exigen al Congreso que no insista en su aprobación.

Entre las principales razones por las que se oponen están: 1. Cómo se las define y las funciones que esta ley establece. Las define como organizaciones civiles y pacíficas de las comunidades campesinas y nativas, que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad, y cuyo rol principal es apoyar a las Fuerzas Armadas y Policiales en contra de la infiltración y ataques terroristas, tráfico de drogas y delitos vinculados a la seguridad ciudadana. Para ello, se les autoriza a adquirir armas de uso civil o recibir donaciones del Estado o particulares para este fin.

2. Sostienen que esta norma es inconstitucional y contraria al Convenio 169 de la OIT y otros tratados internacionales, ya que promueve una forma de organización armada en el territorio de las comunidades que no es parte de su estructura, y que serían controladas por las Fuerzas Armadas y la PNP. Esto podría producir enfrentamientos internos, con el agravante de que los comités estarían armados y protegidos por el Estado ante los  eventuales delitos que pudieran cometer.

3. Consideran que esta norma vulnera abiertamente la autonomía y libre determinación comunal, su derecho a la función jurisdiccional y su derecho a la integridad.

Ya varias instituciones del Estado se habían pronunciado cuando el año pasado la bancada de APP presentó un proyecto de ley similar. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo sostuvo que dicha ley colisiona con la Constitución.

El Ministerio del Interior señaló que los Comités de Autodefensa fueron creados como órganos transitorios para luchar contra el terrorismo en una época determinada. Además, alerta sobre el riesgo que podría suponer armar una especie de policía local, y que esto va en contra de la política de Estado de restringir la adquisición y uso de armas por parte de la población civil.

El propio Ministerio de Defensa sostuvo que se daría una sobreposición de organizaciones, que afectarían las funciones de las rondas campesinas y comunales.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos afirmó que se podría incentivar un mercado ilícito de armas, y que aumentaría la violencia en zonas en las que hay muchos defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados.

Nancy Mejía, del Área de Seguridad Ciudadana del IDL, añade: “ revivir a los Comités de Autodefensa en este momento puede ser utilizado políticamente para generar una sensación falsa de inseguridad, como si estos se necesitarán para combatir  la subversión que, como sabemos, tiene algunos remanentes muy debilitados y focalizados en una zona pequeña del VRAE. No tiene sentido. Lo otro es que podríamos estar ante el germen de la formación de grupos paramilitares que podrían servir de fuerza de choque para, por ejemplo, reprimir las protestas sociales. Además, me parece una violación a los derechos de las poblaciones más pobres que se les quiera usar como carne de cañón para enfrentar al fantasma de la subversión, cuando, en todo caso, esa es una función del Estado, a través de sus Fuerzas Armadas. Y, por último, se está tratando de dividir a las organizaciones campesinas para debilitar a las rondas que cumplen un papel decisivo en la seguridad de sus pueblos, administración de justicia y resolución de conflictos”.

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