Perú: organizaciones solicitan protección a la CIDH para el Fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez y su familia

Perú: organizaciones solicitan protección a la CIDH para el Fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez y su familia

Lima y Washington, DC., 24 de junio de 2021.- El día de ayer la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), solicitamos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de proteger la vida e integridad del Fiscal anticorrupción José Domingo Pérez y su familia. El Fiscal Pérez integra el Equipo Especial del Ministerio Público que investiga el caso Lava Jato Perú.

La situación de riesgo grave y urgente de daño irreparable a sus derechos que motivó la solicitud de medidas cautelares se genera a partir de un rápido escalamiento de los hechos de riesgo en su contra desde el 10 de junio pasado, en virtud del trabajo que este ha venido haciendo para luchar contra la corrupción en el marco del caso Lava Jato. Ese día, el propuesto beneficiario solicitó la prisión preventiva de una de las acusadas en el proceso y candidata a la presidencia del Perú. Ante ello, la acusada señaló públicamente al Fiscal como parte de la contienda electoral durante la audiencia del 21 de junio, donde se resolvió la solicitud de su prisión preventiva. Estos hechos, motivaron que los ataques en redes sociales aumenten, difundiéndose su domicilio personal y llamando a un “plantón” en su residencia al considerarlo, entre otras cosas, “un enemigo del Estado”. Este hecho comenzó a materializarse el día 11 de junio, cuando un gran número de personas se congregaron en su domicilio a proferir insultos y mensajes de odio en su contra.

Asimismo, el pedido de protección internacional obedece a que, como la propia CIDH ha señalado, estos hechos se insertan en un contexto post electoral en el que están sucediendo diversos actos de hostigamiento y “terruqueo” contra autoridades electorales y personas que participan en la vida pública en el Perú. Por otra parte, la información presentada, acredita que las medidas de protección proporcionadas por el Estado peruano al Fiscal son insuficientes y que, a pesar de las reiteradas denuncias presentadas por este, el Estado no ha determinado el origen del riesgo mediante una diligente investigación y condena de los autores materiales e intelectuales.

Los esfuerzos de la lucha contra la corrupción en el Perú viene avanzando a contra corriente en los últimos años. Ello ha sido posible por los esfuerzos de diversos operadores de justicia, entre los que se encuentra el propuesto beneficiario, que investiga la mega causa de lavado de dinero para el financiamiento de entre otras cosas, diversas campañas políticas de los últimos periodos electorales. Desde que el Fiscal asumió la investigación del caso el ejercicio de sus funciones no se ha dado en un entorno adecuado ni óptimo. Desde el 2017, tanto el Fiscal como su esposa han sido objeto de diversos hechos de riesgo, tales como amenazas, ataques, seguimientos, hostigamientos, “terruqueo” y llamados al odio en su contra.

En relación con este tipo de actos de violencia contra operadores de justicia que luchan contra la corrupción, la CIDH ha valorado que frecuentemente son utilizados como instrumentos de control e intimidación en el ejercicio de sus labores, especialmente en casos de alto impacto de corrupción. Por ello, ante situaciones como las que atraviesa el Fiscal Pérez actualmente, los Estados tienen la obligación de prevenir y proteger a los Fiscales y sus familias. Si ello no ocurre se podrían vulnerar no solo sus derechos fundamentales sino también el acceso a la justicia.

De acuerdo con las organizaciones peticionarias, los argumentos presentados dan cuenta del grave impacto que la materialización del riesgo podría generar en los derechos del propuesto beneficiario, por lo que solicitaron a la CIDH que ordene al Estado peruano la inmediata adopción de medidas cautelares a favor del Fiscal y su núcleo familiar, concretamente, reforzando su protección e investigando diligentemente todos los hechos denunciados.

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