Pese a compromisos del Gobierno peruano en la COP 26, obras viales realizadas de manera ilegal continúan amenazando a los pueblos indígenas y la Amazonía

Pese a compromisos del Gobierno peruano en la COP 26, obras viales realizadas de manera ilegal continúan amenazando a los pueblos indígenas y la Amazonía

Esta semana, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021- COP 26, el Perú suscribió la Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el uso de tierra. El presidente Pedro Castillo expresó el compromiso de su gobierno, a través de redes sociales indicando que: “En el 56% de nuestro territorio se encuentran los pueblos indígenas que conviven con una flora y fauna megadiversa, de la que viven y protegen ellos mismos[…] En tanto, expreso nuestro compromiso en materia de conservación y el uso sostenible de nuestra Amazonía en el contexto del cambio climático y la lucha contra la deforestación”. 

En contraposición a estas declaraciones, la Amazonía peruana, vasta en bosques tropicales cruciales para detener el cambio climático y el calentamiento global, continúa siendo deforestada y amenazada por una serie de presiones provenientes principalmente de intereses de agentes externos a ella, entre estas por obras viales irregulares y las consecuencias nefastas que estas conllevan, tales como el comercio ilegal, la tala, el cambio de uso del suelo, y otras actividades que impactan perjudicialmente la vida de las comunidades indígenas que habitan estos territorios.

Es así que, a causa de la construcción ilegal de la carretera LO 105, el Instituto de Defensa Legal (IDL), Kené – Instituto de Estudios Forestales y Ambientales y Pachamama Alliance Perú presentaron una acción de amparo ante el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima la cual ha sido admitida a trámite el 02 de noviembre de 2021. Esta demanda tiene como fin detener la vulneración a los derechos al medio ambiente, vida e integridad de los Pueblos indígenas en Aislamiento (PIA) que habitan en la Reserva Indígena Yavarí Mirim. (Para mayor información ver este enlace).

Video del sobrevuelo a la carretera editado por Survival.

Respecto al objetivo de la demanda, diversas entidades estatales han corroborado de manera oficial que la carretera LO 105 carece de expediente técnico concluido, estudio ambiental correspondiente,  certificación ambiental y de la autorización de desbosque que proyectos de dicha magnitud requieren. En ese sentido, al no cumplir con los requisitos de ley, la ejecución de dicha carretera es ilegal, atentando diversa normativa en materia de transporte, ambiente, presupuesto e incluso de derechos humanos. (Para mayor información ver este vídeo).

A la par, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil junto a la Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Javarí (UNIVAJA) y el Centro de Trabajo Indigenista (CTI) de Brasil, vienen impulsando otras medidas legales y de incidencia ante los impactos de carácter transfronterizo que tendrá la conclusión de la carretera en mención. Del lado brasileño, los impactos ambientales y la vulneración de derechos humanos se extenderían hacia la Tierra Indígena Valle del Yavarí, una de las reservas más grandes de ese país y que, a nivel mundial, alberga la mayor diversidad de pueblos indígenas en situación de aislamiento y otros pueblos con diferentes grados de relacionamiento

Si bien la población local próxima al proyecto carretero LO 105 presenta una necesidad real de conectividad, la decisión sobre cuál sería la mejor vía de comunicación para dar solución a dicha necesidad, y el diseño del proyecto en general, debe ser guiada y justificada con estudios técnico-ambientales y sociales los cuales son requeridos por ley. Dichos estudios cumplen un importante rol para orientar las decisiones públicas y el mejor uso del presupuesto para hacer realidad ciertas obras. Por ello, de manera previa a la ejecución de todo proyecto se debe realizar un análisis riguroso para establecer los beneficios frente a los riesgos ambientales y sociales, así como determinar qué nivel de impacto socio ambiental resulta aceptable a cambio de un beneficio económico esperado por y para la población y de ninguna manera deberían violar derechos humanos de poblaciones en alto grado de vulnerabilidad (como en este caso las de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento).

En el caso particular de la carretera LO 105, las autoridades no cumplieron con lo exigido por ley como paso previo. Se ha optado por ejecutar una carretera y el desbosque de la vía sin haber evaluado previamente la factibilidad de esta, no habiéndose considerado, por ejemplo, si el fortalecimiento de vuelos cívicos y la mejora de la pista de aterrizaje – con la que se cuenta en la zona – hubiera sido pertinente para solucionar la falta de conectividad de la población. Así también, han omitido evaluar los beneficios de la carretera o, incluso, sus perjuicios. Más aún, tratándose de una zona con presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento que tienen reconocimiento oficial del Estado, y donde existen ecosistemas frágiles, bosques de alta conservación, así como zonas de amortiguamiento de 3 áreas Naturales Protegidas (ANP). Dada la ausencia de estudios requeridos por ley, no se ha valorado que la carretera podría facilitar el ingreso de foráneos, la invasión a territorios indígenas y comunidades nativas y el desarrollo de actividades ilícitas como la minería ilegal, tala de madera, o actividades vinculadas al narcotráfico. Consecuencias observadas en el caso de carreteras similares implementadas en otros departamentos amazónicos.  

La evaluación resulta necesaria toda vez que, no solo es exigida por ley, sino que orienta a las autoridades y a la población local sobre los impactos que tendría la construcción de un proyecto vial en el medio ambiente y en los derechos de los pueblos indígenas de la zona. Decisiones adoptadas sin la debida información como en el presente caso, tienen por un lado, un elevado potencial para generar desastres socio-ambientales y fuertes impactos en la vida de colectivos humanos como aquellos en aislamiento, y por otro lado, pueden generar graves pérdidas económicas ante una inversión contraria a ley. Por lo anterior, las normas ambientales establecen que exista un tiempo previo a toda formulación y ejecución de un proyecto para generar información de buena calidad.

Pese a la gravedad que reviste la implementación de la carretera ilegal, a las reiteradas alertas y denuncias presentadas desde la sociedad civil, las autoridades competentes como el Ministerio de Transporte y el OEFA aún no despliegan una respuesta contundente para frenar el avance de la misma. Lo anterior, justifica la adopción de medidas judiciales con el objetivo de detener la construcción de la carretera y proteger los derechos que se identifican en riesgo, como la demanda de acción de amparo interpuesta en septiembre de este año.

La ciudadanía debe considerar que si bien se identifican como principales afectados en sus derechos a los pueblos indígenas en situación de aislamiento, en contacto inicial y pueblos con diferentes niveles de relacionamiento que habitan en Perú y Brasil, los impactos y las consecuencias ambientales causadas por la construcción ilegal de la carretera LO 105 se extienden a las poblaciones locales que habitan en torno a la carretera ilegal y, dado al rol de los bosques tropicales para evitar las graves consecuencias del calentamiento global, a toda la humanidad. 

Dañina lentitud en fiscalización ambiental  

Lamentablemente el sistema de prevención y fiscalización ambiental peruano no cuenta con mecanismos de reacción inmediata y urgente para detener potenciales amenazas, daños ambientales y atentados contra los derechos humanos generando posibles consecuencias irreversibles para el medio ambiente y las poblaciones. De tomarse en serio el compromiso para enfrentar el cambio climático que aqueja a la humanidad, se debe implementar un sistema de alerta temprana y de reacción rápida centrados en la prevención de las afectaciones y no exclusivamente en la reacción post afectación, tal como ofrece el actual sistema en sede administrativa y judicial. Sin duda, esto requiere un amplio debate que convoque no sólo al ejecutivo, legisladores y juristas, sino también a los pueblos indígenas, la sociedad civil y la juventud peruana que se encuentra organizada para dar batalla al cambio climático.

Todos debemos involucrarnos en los temas ambientales que aquejan a nuestro país, y así resguardar el futuro de las próximas generaciones. Te invitamos a firmar la petición para solicitar que las autoridades detengan el avance de la carretera ilegal LO 105 en Loreto, aquí.

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público.