Petrolera española renuncia al Lote 200 por resistencia de los pueblos indígenas de Ucayali

Petrolera española renuncia al Lote 200 por resistencia de los pueblos indígenas de Ucayali

Perupetro S.A., la empresa estatal encargada de negociar los contratos de proyectos petroleros, ha informado que la Compañía Española de Petróleos renunció a operar en el Lote 200 por la falta de avances en el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas de Ucayali. “El contratista interesado […] manifestó su decisión de no continuar con los trámites de aprobación del [contrato de licencia]”, afirmó Perupetro en una comunicación dirigida a la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau).

Asimismo, informó que la causa se encuentra en las deficiencias en el manejo del proceso de consulta previa: “debido a que el proceso de Consulta Previa, a cargo de la Oficina General de Gestión Social del MINEM (Ministerio de Energía y Minas), no contaba con avances significativos”. En consecuencia, añade la empresa estatal, “la empresa solicitante perdió el interés en suscribir el contrato […], dejando sin efecto la continuación del proceso de Consulta Previa”.

Cabe señalar que el Lote 200 es un polígono ubicado entre las regiones de Ucayali y Huánuco, con una extensión de 447,126.5 hectáreas en medio de la Amazonía peruana. El 1 de agosto de 2017, la filial peruana de CEPSA (CEPSA Peruana S.A.C.) inició los trámites para obtener una licencia de exploración y explotación de hidrocarburos. Como resultado de ello, 11 comunidades–de los pueblos shipibo-konibo, awajún y asháninka– fueron invitadas a participar en el proceso de consulta previa del proyecto.

Desde el principio, la posición unánime de las comunidades indígenas fue la de rechazar cualquier actividad petrolera sobre sus territorios. Esta posición se vio fortalecida por las múltiples irregularidades en el manejo de la consulta previa, de parte del MINEM y de Perupetro, que fueron denunciadas por las propias comunidades y organizaciones indígenas: la renuncia a consultar el contrato con la empresa en sí mismo, la no inclusión de todas las comunidades afectadas, la falta de información técnica para tomar una decisión, la falta de intérpretes, la variación de entidad promotora, la ausencia del Ministerio de Cultura y de una metodología de trabajo intercultural, entre otras.

La violación a los estándares de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado –según el Derecho Internacional– fue puesta en conocimiento de todas las entidades involucradas, incluyendo al Viceministerio de Interculturalidad. La respuesta política y legal estuvo a cargo de una importante coalición de organizaciones indígenas, empezando por la Feconau, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), el Consejo del Pueblo Shipibo, Conibo y Xetebo (Coshicox) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), con la asistencia técnica del Instituto de Defensa Legal (IDL), Forest Peoples Programme (FPP) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

La presidenta de Feconau, Graciela Reátegui Mori, comenta: “Estamos muy contentos con este éxito, es el resultado de una lucha librada en común. Hemos creado un frente unido formado por las federaciones Feconau, ORAU, Coshicox y Aidesep, que han apoyado a los líderes de las comunidades afectadas por el proceso a lo largo del difícil camino y durante sus luchas. Ahora es importante informar a los habitantes de las comunidades del importante éxito conseguido, porque son sus derechos”.

No obstante, la presidenta recuerda que siguen existiendo amenazas contra los pueblos indígenas por la presión de las industrias extractivas:  “Sin embargo, esto no significa que las empresas dejen de intentar obtener concesiones e invadir nuestros territorios, tenemos que organizarnos para estar preparados”.

Para Álvaro Másquez Salvador, especialista legal del IDL, el abandono del proyecto es positivo, aunque se trata del primer paso para asegurar los territorios indígenas. “Que CEPSA Peruana haya renunciado al Lote 200 es un triunfo para el movimiento indígena amazónico, para las comunidades y organizaciones que llevan dos años firmes en exigir que se respeten sus derechos. Era un proyecto con demasiadas irregularidades para seguir avanzando, donde se pretendía que las comunidades decidan a ciegas, llegando incluso a tolerar actos presuntos de corrupción. Este es solo el primer paso, el Lote 200 sigue allí. Ahora ya no tiene postor, pero corresponde al Estado peruano consultar a los pueblos indígenas sobre el futuro del lote, sobre su viabilidad. Esa será la próxima batalla”.

Desde el IDL, saludamos la resistencia de los pueblos indígenas de Ucayali, cuya cohesión ha sido vital para hacer respetar sus derechos y no continuar con un proceso de consulta previa arbitrario. En este escenario, ha sido importante el liderazgo y rol articulador de las organizaciones indígenas a nivel nacional.

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público.