¿Plan Abanico Verde 2023, paliativo o solución?
Stefano Corzo Vargas/ IDL-Seguridad Ciudadana
Hace aproximadamente una semana, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo, anunció la implementación del plan Abanico Verde, que fue presentado junto al ministro del Interior, Vicente Romero. Esta estrategia tiene como objetivo aumentar la cobertura de vigilancia policial que actualmente existe en Lima Metropolitana y, de esa manera, reforzar la seguridad ciudadana en la capital. Para ello, el general Angulo mencionó que se destacaría a policías que actualmente cumplen labores administrativas y/o de escritorio a labores de patrullaje a pie y prevención en las calles. Según el general Angulo, recientemente alrededor de 3500 policías, provenientes sobre todo de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial se han sumado a este esfuerzo e, incluso, muchos de ellos ya han participado de intervenciones como la captura de raqueteros y otros criminales. La operacionalización de este trabajo se dará mediante el cumplimiento de turnos en 620 puestos de vigilancia y control que estos policías deberán cumplir y que están distribuidos en diversos puntos críticos de la capital.
Es evidente que la Policía y el MININTER han tomado esta medida por la creciente preocupación de la ciudadana sobre la situación de la (in)seguridad en Lima y el resto del país. El último informe técnico publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el tema, Estadísticas de Seguridad Ciudadana Setiembre 2022 – Febrero 2023 constatan que esta preocupación es real. El promedio nacional de victimización subió de 20,4 % en el semestre móvil de setiembre 2020 – febrero 2021 a 23.2 % para el periodo entre setiembre de 2022 – febrero de 2023. En términos prácticos, podríamos decir que estamos pasando de tener 1 de cada 5 peruanos como victima de un hecho delictivo a 1 de cada 4, no cabe duda alguna que ello es desconcertante.
Y pese a que muchas de estas cifras llegaron a puntos muy bajos por las circunstancias extraordinarias que significo el inicio de la pandemia de la COVID-19 a inicios del 2020, la crisis política de los últimos años, el “manoseo” político de la Policía y los constantes cambios en la cartera del Interior han generado un caldo de cultivo ideal para que manifestaciones más perversas e impetuosas de las violencias urbanas se perpetúen y hasta normalicen. Así, denuncias vinculadas a la extorsión y los notorios “prestamos gota a gota” se han cuadruplicado en los últimos años. Mientras que el crimen organizado se ha tornado cada vez más complejo y cruento con la presencia de organizaciones criminales transnacionales, como el temido Tren de Aragua, que han aprovechado el masivo éxodo de migrantes y refugiados venezolanos a distintas partes de Latinoamérica para extender sus brazos operativos y actividades —como el sicariato, el tráfico de personas y la extorsión— a diversos países de la región, entre ellos el Perú.
Entonces, la pregunta parece ser evidente: ¿pueden más policías patrullando las calles revertir este panorama? Como la respuesta a este tipo de preguntas nunca es solo una vamos por partes.
En primer lugar, debemos mencionar que la evidencia empírica existente señala que, en su gran mayoría, el patrullaje a pie y los operativos inopinados y/o reactivos no tienen un efecto real para reducir la incidencia delictiva. Esto se debe a que el crimen tiende a desplazarse y los impactos de una elevada presencia policial suelen tener un resultado a corto plazo que tiende a desvanecerse conforme esa presencia languidezca y/o pase el tiempo desde el inicio de la intervención. En términos generales, estas son las conclusiones a las que arriban revisiones sistemáticas sobre experiencias policiales de patrullaje a pie, como las de los criminólogos Lawrence Sherman y otros (2002) o la de David Weisburd o Jhon Eck (2004). No obstante, cuando hablamos de experiencias de patrullaje a pie que se concentran exclusivamente en las denominadas “zonas calientes”, es decir, espacios y/o territorios con un historial alto y marcado de incidencias delictivas, el resultado parece ser diferente. Otra revisión integral del 78 experiencias de patrullaje a pie en “zonas calientes”, concluyó que si hubo un impacto en cuanto a la reducción del crimen en 62 de ellas. Esa es la conclusión a la que llega el estudio de los criminólogos Anthony Braga y otros (2019), por ejemplo.
¿A que se debe la diferencia en los resultados entre el patrullaje a pie y el patrullaje a pie focalizado en las denominadas “zonas calientes”? Hay dos factores que podemos atribuir a esta discrepancia. Por un lado, la orientación del trabajo policial en el segundo caso seguía el modelo de Policía Orientada a Problemas también conocido como POP. Es decir, lejos de aplicar una lógica reactiva que buscaba responder a los incidentes delictivos conforme estos iban apareciendo, el trabajo policial en estos territorios se basaba en buscar dar solución a los factores que originaban dichos problemas mediante un análisis criminógeno de los mismos. A su vez, se les sumaba un segundo factor, el trabajo de reconocimiento y compenetración comunitaria que hacia la policía en estos espacios con las comunidades que habitan dichos territorios, también conocido como un enfoque de policía comunitaria. Este proceso cíclico y, con espacio para la retroalimentación, permitía que los policías se conviertan en miembros activos de las comunidades donde intervenían, logrando así acceder a información importante sobre las zonas de injerencia que complementaba los esfuerzos de inteligencia e investigación que podían realizar sobre ellas. La experiencia vivida en Filadelfia, durante el verano del 2009 con el experimento realizado sobre el patrullaje a pie se ha constituido en el paradigma de este modelo.
Si bien los estudios mencionados se basan, sobre todo, en la implementación de experiencias de patrullaje a pie en los Estados Unidos, no podemos negar el hecho de que muchos de los modelos implementados por la PNP y otras agencias policiales en la región los toman como referente debido a que muchos de estos conceptos y/o nociones fueron concebidos y desarrollados allá originalmente. No obstante, de nada servirá replicarlos si nuestra policía no tiene la capacidad de contextualizarlos y darle el giro necesario para nuestra realidad y nuestra criminalidad.
En función de las criminalidades y violencias complejas que han comenzado a aparecer con más frecuencia en los últimos meses, es muy difícil pensar que solo bastara con incrementar el número de policías en las calles para erradicarlos.
Además, se debe resaltar que el patrullaje a pie no es una actividad ampliamente difundida en la PNP. Según el V Censo Nacional de Comisaria 2016, realizado por el INEI, el ultimo de su tipo por cierto, solo el 61 % de comisarias básicas realizaba patrullaje a pie. Si consideramos los vaivenes ocurridos en la PNP durante los últimos años, genera mucho escepticismo pensar esta cifra haya cambiado para mejor en el presente. Es decir, también valdría la pena preguntarnos: ¿los policías que ahora apoyaran en labores de patrullaje a pie tienen las capacidades y el entrenamiento necesario para realizarlo? Evidentemente, patrullar a pie no es simplemente caminar por una calle, vestido de un uniforme, y sin ningún propósito y/u objetivo claro.
Adicionalmente surge la preocupación de lo que podría ocurrir con la carga laboral administrativa que dejaran de realizar los efectivos que ahora también deberán patrullar las calles y los puestos de vigilancia. Carga administrativa que, en muchos casos, es asumida por efectivos policiales que trabajan en unidades menospreciadas, pero cruciales de nuestras comisarias como las Oficinas de Participación Ciudadana y/o los Centros de Emergencia Mujer (CEM). No es ningún secreto que nuestra burocracia presenta muchas carencias y esperemos que esta iniciativa no termine por desmantelar a muchas de estas ya debilitadas unidades. A veces, la cura puede ser peor que la enfermedad.