Planificación del Encuentro Nacional de Defensores ante creciente aumento de asesinatos en territorio peruano
Esta semana se encontrarán en Lima los defensores y las defensoras ambientales de diversas regiones del país para discutir acerca de las amenazas que afrontan. Entre enero y abril de este año, cinco defensores comunitarios han sido asesinados por defender sus territorios, y en los últimos dos años suman 17 los defensores muertos en el Perú.
En el mes de junio se llevará a cabo el primer Encuentro de Defensoras y Defensores, en la que participarán líderes de más de 10 regiones del Perú. Para preparar este importante encuentro, este jueves 5 de mayo tendrá lugar en la capital una reunión de coordinación. En ella se buscará fortalecer la articulación de los defensores a nivel nacional, andino, amazónico y costero. Asimismo, realizarán un balance de las políticas públicas para la protección de las y los defensores de derechos humanos y ambiente.
El Encuentro Nacional de junio tendrá como objetivo principal hacer visibles los riesgos, la persecución y la estigmatización que sufren los defensores a nivel nacional. Esto, debido a que los patrones de violencia sobre las y los defensores continúan siendo mortales, debido principalmente al ingreso de actividades como la minería, la tala, el narcotráfico, entre otras, que amenazan sus territorios ancestrales. Por lo cual, su situación y la de sus familias se vuelve cada vez más peligrosa en las diferentes regiones del país.
La comisión organizadora del encuentro está conformada por las defensoras y defensores de las distintas regiones, que vienen participando de una Campaña Nacional iniciada el año 2021 e impulsada por más de 15 organizaciones e instituciones, para sensibilizar a la ciudadanía sobre el importante papel que cumplen.
Las organizaciones e instituciones que conforman este movimiento en defensa de los derechos humanos y ambientales aseguran que este Encuentro Nacional será espacio de denuncia, de protesta, de propuesta, de movilización e incidencia para que en el más corto plazo las y los defensores encuentren la protección que el Estado debe brindarles frente a las amenazas de actividades económicas legales e ilegales.