Plaza tomada: cuando el Congreso se apodera de un espacio público

Aldo Pecho Gonzáles / IDL-Seguridad Ciudadana

La carencia de espacios públicos en nuestras ciudades es uno de los principales problemas para generar no solo esparcimiento, prácticas saludables o áreas verdes, sino también ciudadanía. En los espacios públicos, las personas confluyen, se conocen, se expresan y también pueden producir pertenencia e identidad. Por ello la importancia de que las políticas públicas se enfoquen en promoverlos. ¿Pero qué sucede cuando nuestros propios gobernantes se apoderan del espacio público para su beneficio privado? Este es el dilema de la plaza Bolívar, frente al Congreso, y las calles aledañas al poder Legislativo. Una plaza que los vecinos mantienen con sus arbitrios sin poder tener acceso a ella, en un centro histórico de por sí asfixiante y con escaso equipamiento urbano.

I

Cuando éramos niños, bajábamos en bandadas hacia la plaza Bolívar desde jirón Áncash para jugar en sus alrededores. Mediados de la década de 1990, la plaza se dividía en varios cuadrantes, muchos de estos como canchitas improvisadas de fulbito. A nosotros nos gustaba trepar en torno al “santo” (así le decíamos a Bolívar), o mirar los viejos árboles frente al Tribunal de la Inquisición, y escuchar el bullicio de la compañía Roma 2. Una locura dentro de otra locura: vivíamos terribles tiempos de impunidad por esos años sin tomar conciencia de ello.

Sin tomar conciencia, pero nos afectaba. Cuando las protestas contra la dictadura se hicieron frecuentes en la avenida Abancay entre 1996 y 1997, el Congreso del fujimorista Víctor Joy Way decidió cerrar la plaza Bolívar. La vieja plaza de cuatro siglos y medio, con tantos nombres encima y edificios históricos que dejaron de existir frente a ella (desde la iglesia de la Caridad hasta la Universidad San Marcos), pronto quedaría en silencio. O así lo quisieron: silenciarla. Terminó por ser cercada al público por motivos de “seguridad”. Y así hasta el día de hoy, que se encuentra inaccesible.

Hace unas semanas, al presidente Castillo se le reclamó desde la Municipalidad Metropolitana de Lima y desde el propio Congreso de la República la reapertura de la plaza de Armas. Había sido cerrada debido a las incesantes protestas radicales que buscaban desconocer las elecciones, y hasta un intento de toma de Palacio de Gobierno. La respuesta no tardó mucho tiempo en llegar: la plaza se abrió para todos.

Sin embargo, una parte de la ciudadanía empezó a reclamar también por la apertura de la plaza Bolívar y sus alrededores. Este viejo espacio público —uno de los más antiguos de la ciudad, junto con la plaza de Armas y la plaza Italia de los Barrios Altos— no le pertenece al Congreso, sino que se encuentra bajo titularidad catastral del municipio metropolitano. Es más, el pago de arbitrios está destinado a su mantenimiento, por lo que son los vecinos los legítimos propietarios. En la práctica no es así, funciona como parque privado para los congresistas, quienes además se apoderaron de las calles aledañas para usarlas como cocheras privadas. Este es el caso del jirón Ayacucho (cruce entre los jirones Simón Rodríguez y Junín), enrejado y sin acceso; el jirón Simón Rodríguez, cercado desde la avenida Abancay y ahora hasta jirón Andahuaylas; y poco a poco el pequeño tramo de jirón Ayacucho que empieza por jirón Áncash, en donde funcionan negocios de restaurantes, tiendas y ventas de materiales de arte.

Estos cierres arbitrarios afectan a todos los vecinos de Lima, y además se han convertido en perjuicio para los negocios:

—Los clientes piensan que ya no atendemos, o no quieren entrar porque los policías controlan el ingreso desde las rejas y eso les incomoda —comenta una vendedora de materiales de arte de jirón Ayacucho—. En verdad nos está perjudicando bastante.

Jirón Ayacucho (cruce con jirón Áncash), de acceso limitado y con negocios perjudicados para favorecer al Congreso.

II

Es conocido por todos que Lima es una de las capitales de América Latina con menores áreas verdes y espacios públicos para sus vecinos y vecinas. Estamos hablando de una ciudad diseminada sobre un desierto y atravesada por ríos irregulares. Pero, más allá de estas carencias, la planificación urbana también ha sido paupérrima, sin una distribución de espacios para el esparcimiento y la salud de los barrios. Y a esto se le suma las barreras de acceso y una distribución desigual de las áreas públicas en la ciudad:

—La situación actual de los espacios públicos en Lima —comenta Oscar Apaza, arquitecto de UDEAL (1)— es preocupante por dos aspectos. En primer lugar, porque en general, hay una escasez de espacios públicos. Y de los pocos que se tienen, una cantidad importante está enrejada o cerrada, privatizada o concesionada. Ha sido desnaturalizado el espacio público. Y, en segundo lugar, por una presencia de desigualdad en cuanto a su ubicación y distribución dentro de Lima Metropolitana. Hay unos distritos dentro de la parte central de Lima (San Isidro, Miraflores, etc.) que cuentan con una cantidad importante de espacios públicos. Y hay otros distritos donde hay pocos o casi ninguno de esos espacios.

En el caso del centro histórico de Lima, resulta evidente que el viejo trazado colonial no ha priorizado los espacios públicos. Siendo uno de los puntos más concurridos de la ciudad —sea como lugar de trabajo, compras, turismo o recreación, o simplemente como zona de tránsito—, el centro necesita recuperar los pocos espacios que tiene para los ciudadanos. Con cientos de miles de visitantes cada día, existen pocos lugares de descanso y algunos de ellos con ingreso restringido o nulo. Es el caso del parque Universitario en la avenida Abancay, la plazuela Castañeta en jirón Ayacucho (frente a la RENIEC y a espaldas del Ministerio Público), el parque de la Muralla en jirón Amazonas y, por supuesto, la plaza Bolívar. Todos estos lugares se encuentran enrejados. ¿Cómo es esto posible?

El caso de la plaza Bolívar es el más llamativo. Su acceso es totalmente nulo desde hace más de dos décadas, excepto para los congresistas y sus allegados (recordemos cuando invitaron a manifestarse al colectivo conservador #ConMisHijosNoTeMetas en la propia plaza). Contra esto, el regidor metropolitano Carlo Ángeles se ha convertido en uno de los principales activistas políticos para la recuperación de espacios públicos en Lima. Y ha denunciado que no solo se está vulnerando el derecho de todos con esta usurpación del espacio, sino que además los propios vecinos son los que terminan pagando su mantenimiento. Sobre la recuperación de esta emblemática plaza refiere lo siguiente:

—Creo que la recuperación de la plaza Bolívar llega en un momento importante en el que los vecinos quieren sentirse respaldados por las autoridades en la protección de sus espacios públicos, y no al revés, que las autoridades sean quienes terminen recortando su derecho de acceso a los espacios públicos, privatizándolos para ellos. Esto es totalmente absurdo. Por eso creemos que es tan simbólica la recuperación de la plaza Bolívar. Es una plaza por la que han pasado un período de cinco alcaldes desde que la cerraron y nadie se ha atrevido a recuperarla. Si lo hacemos, vamos a marcar una posición: que los espacios públicos no son del Congreso, no son de los congresistas ni del presidente. Son de los vecinos. Y creemos que podemos dar un mensaje muy potente reabriéndola.

Sin duda, la recuperación de espacios públicos se encuentra en el centro del debate. Y qué mayor ejemplo que la recuperación de una plaza, y sus calles aledañas, indebidamente ocupada por un poder del Estado. Sin embargo, hay otro punto de debate por el que se insiste en su cierre permanente: la seguridad pública.

El enrejamiento constante de las calles del centro histórico perjudica el derecho a la ciudad de los vecinos.

III

¿Por qué mantener la plaza Bolívar y las calles colindantes cerradas? Se suele aducir que la avenida Abancay es uno de los puntos más concurridos de la ciudad cuando existen protestas, y esto pone en riesgo la situación del Congreso. No obstante, en los últimos años se han podido encauzar las protestas correctamente desde plaza San Martín hacia otras zonas del centro histórico. Y si llegar al Congreso fuera la consigna —porque el derecho a la protesta no tiene ninguna restricción ni tiene que contar con un “permiso” especial para hacerlo—, perfectamente se podría colocar un cordón de seguridad que separara las manifestaciones del palacio legislativo.

Consultando con los especialistas, en ningún país de la región se suele restringir de manera permanente el acceso a espacios colindantes a los poderes del Estado. Ni siquiera para las protestas. La seguridad pública no debería ser una excusa, más aún porque es un trabajo del que debe encargarse la Policía:

—La Policía está capacitada y tiene estrategia para puntualmente mantener el control de situaciones específicas, como son protestas y manifestaciones —explica Oscar Apaza, arquitecto de la UDEAL—. La autoridad está en capacidad de cerrar estos espacios públicos para controlar el movimiento de lo que ellos consideren un peligro para el resto de la ciudadanía. Pero ni siquiera la polarización política puede ser excusa para el cierre permanente de nuestros espacios, porque al final están limitando un derecho fundamental de los ciudadanos, que es hacer uso del equipamiento de la ciudad. El uso de estos espacios que nos pertenecen a todos.

Esto quiere decir que solo en situaciones excepcionales se puede restringir el derecho que todos tenemos, en este caso, a utilizar los espacios públicos. No podemos vivir en un estado de alerta permanente, y que esto afecte el de por sí precario y limitado acceso al patrimonio urbano. El enrejamiento, el excesivo recelo, la excusa de la inseguridad en las calles no hace más que prolonguemos una paranoia que no nos permite construir una ciudadanía plena, y en este caso el derecho a la ciudad.

¿Qué salidas tenemos? La primera es básica: hacer respetar el estado de derecho. Y en este caso, quien debe dar el ejemplo es el Congreso de la República:

—Si cualquier persona natural, privada, autoridad o funcionario público mañana pusiera un par de rejas sobre una calle fuera de la ley —comenta el regidor Carlo Ángeles—, lo que corresponde es que estas rejas sean demolidas. Y esto es lo que está en la normatividad. No se hace desde hace 24 años, y esto no quiere decir que no haya sustento legal para hacerlo ahora. Lo que debe hacer la Municipalidad de Lima es recobrar el principio de autoridad sobre la plaza Bolívar, retomar la administración del espacio público y ponerlo al disfrute de los vecinos. Recuperarla no para el municipio en sí, sino para los vecinos de Lima.

En tiempos donde se reclama la participación de los ciudadanos en la cuestión pública, y donde los movimientos sociales vienen teniendo un interesante despertar, aunque todavía oscilante, ¿se podrá recuperar la plaza Bolívar? La última palabra no la debería tener el Congreso, sino estar en la decisión y voluntad de todos.

Las protestas alrededor de la plaza Bolívar pueden ser controladas por la Policía y no son excusa para su cierre permanente.

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(1) UDEAL, organización que agrupa a profesionales y estudiantes en temas urbanos. Es uno de los colectivos más activos en Lima sobre la cuestión urbana.