PNP: ¿Justos pagan por pecadores?

PNP: ¿Justos pagan por pecadores?

Nancy Mejía/ IDL-Seguridad Ciudadana

Todavía no se resuelve la salida abrupta de los 19 generales de la PNP, a quienes el exministro del Interior, Rubén Vargas, invitó al retiro de manera irregular. Entendemos que se tenía que reordenar a la institución y sancionar a los generales corruptos involucrados en compras sobrevaloradas y de dudosa calidad durante la pandemia, o a los que habían estado involucrados en la represión de las manifestaciones de noviembre y que cargan con dos muertes producidas durante la marcha de protesta realizada en Lima. 

El hecho de haber nombrado al general César Cervantes Cárdenas como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, el número 20 del escalafón, y persona de confianza del exministro, puede justificarse por los hechos mencionados. Sin embargo, queremos sentar nuestra posición y señalar que algunos de los generales pasados al retiro son oficiales de incuestionable trayectoria.

No se respetó el escalafón. Por eso entendemos la situación de los generales de la Policía que ya empezaron a hacer trámites y presentar demandas de amparo ante el Poder Judicial en las que solicitan su reincorporación a la institución policial. Lo que se debió haber hecho es primera pedir una investigación y procesar judicialmente a los generales con acusaciones. Luego de eso, separar a los que estuvieran involucrados en los hechos delictivos, y ascender a comandante general al siguiente inmediato en el escalafón que estuviera libre de polvo y paja.

En esta lista están los generales Lucas Núñez Córdova y Julio Díaz Zulueta. Queremos resaltar su caso porque consideramos que han sido injusta y arbitrariamente separados de sus cargos por el exministro del Interior Gastón Rodríguez. Decisión validada por la oficina de asuntos internos, cuyos funcionarios fueron nombrados en esos cargos por él.

Lucas Núñez fue jefe de la Macro Región Policial La Libertad, y Julio Díaz ejercía la jefatura de la Segunda Macro Región Lambayeque. A ambos los conocemos hace muchos años, valoramos su trayectoria y su carrera policial. Nos consta la dedicación y eficiencia en el desempeño de los trabajos que han realizado como parte de la policía comunitaria, que realiza un trabajo de la mano de la población organizada, involucrándose en los problemas de los barrios y en la vida vecinal. Ambos han recibido premios por ser “los mejores policías del año” y otros más.  

Estos dos generales fueron separados de sus cargos por el exministro Gastón Rodríguez, quien los acusó de haber estado involucrados en supuestas compras irregulares de productos para la emergencia de la COVID-19. De conformidad con la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía y del Reglamento de Organización de Funciones del Ministerio del Interior, para ejecutar la medida preventiva de separación de cargo de los generales, se deben realizar algunas acciones previas. Sabemos que en el caso de los generales de Puno, Chiclayo y Trujillo no se realizó ninguna diligencia y, más bien, fueron separados de manera rápida y abusiva.

Ya han transcurrido siete meses y todavía las instancias administrativas del Ministerio del Interior no resuelven estos casos. Les tomaron sus descargos luego de dos meses. En el caso del general Díaz Zulueta, la Fiscalía sostiene que no ha encontrado responsabilidad alguna, y con respecto al general Núñez Córdova, él ni siquiera está en calidad de investigado.

Las preguntas caen por su propio peso: ¿Si eran evidentes las pruebas para la inmediata separación de estos generales por qué se demoraron tanto? ¿Por qué no resuelven hasta ahora sus casos pese al tiempo transcurrido? ¿Será qué no estaban tan seguros de las acusaciones? Está claro que los separaron vulnerando sus derechos y el trato fue diferente al que recibieron otros oficiales de la Policía.

Creemos que el motivo del ensañamiento se debe a una antigua rivalidad al interior de la PNP, que surge cuando se fusionan las tres fuerzas policiales (Policía de Investigaciones, Guardia Civil y Guardia Republicana) en el año 1988. Aunque suene trivial y subjetivo, el general Gastón Rodríguez (Código 1: Guardia Civil) tiene una aversión manifiesta contra todos los que provienen del Código 2 (Código 2: Policía de Investigaciones) en la que fueron formados Núñez y Díaz.

Esto no es gratuito. Recordemos que los principales cargos en las anteriores gestiones fueron ocupados por oficiales del Código 2, el ministro Carlos Moran y como Comandante General José Lavalle. Durante la gestión de Rodríguez, el comandante general fue el general Héctor Loayza, ambos del Código 1. Y, por increíble que parezca para cualquier civil, aprovecharon la oportunidad para sacar a los dos generales con mayor éxito en sus gestiones, solo porque pertenecían al Código 2. No hubo motivos: encontraron la ocasión perfecta y no la desperdiciaron.

Según cifras del INEI para 2019, los indicadores de percepción, victimización y confianza revelan la conformidad de la ciudadanía de las Macro Regiones Policiales de La Libertad y Lambayeque con la labor que ambos oficiales realizaron. Ni siquiera esperaron a fin de año para mandarlos al retiro. Los denunciaron sin que hubiera una sola prueba en su contra y aprovecharon para sacarlos de carrera. 

La Oficina de Integridad y la Oficina de Asuntos Internos están dentro de la estructura del MININTER, y sus integrantes son abogados designados por el propio ministro del Interior, ya que se trata de personas que tiene su confianza y respaldo absoluto. La denominación que se utiliza para estos nombramientos que aparecen publicados en el diario oficial “El Peruano” es justamente la de “cargos de confianza”. Y son ellos los que investigan a los generales. Como vemos, tienen la sartén por el mango.

El presidente Sagasti ha respaldado la salida de los generales y todo indica que no va a retroceder. Lo más probable es que el actual ministro del Interior, José Elice, respete y mantenga esa decisión. Solo esperamos que se apoye en las oficinas de Integridad y Asuntos Internos para establecer la responsabilidad de los generales —la de todos— y que revise el caso de Núñez y Díaz, quienes fueron acusados de manera injusta y abusiva en la gestión de Gastón Rodríguez.

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