PNP se niega a acompañar patrullaje indígena contra el narcotráfico en comunidad nativa Flor de Ucayali
Desde hace años, la comunidad nativa Flor de Ucayali, del pueblo Shipibo Konibo, enfrenta una ola sostenida de violencia vinculada al narcotráfico y la tala ilegal. En abril de este año, el comunero José Hugo Briones fue atacado a balazos por desconocidos presuntamente relacionados a estas mafias, pese a que la comunidad cuenta con medidas de protección emitidas por el Ministerio de Justicia (MINJUSDH). Ahora, las amenazas continúan y el Estado ha vuelto a fallar.
El pasado 9 de julio, durante la reunión de la Mesa Regional de Ucayali para la protección de personas defensoras de derechos humanos —convocada por el MINJUSDH—, la Región Policial de Ucayali se comprometió públicamente a acompañar el patrullaje organizado por la comunidad y su Guardia Indígena para desalojar a los invasores. Sin embargo, el compromiso no se cumplió.
Pese a reiteradas solicitudes formales dirigidas a diversas entidades —incluidas la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali, la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Regional y la Marina de Guerra—, ninguna autoridad acompañó el patrullaje.
El 14 de julio, apenas nueve suboficiales llegaron a la comunidad sin el equipamiento adecuado y con la intención de permanecer solo hasta las 15:00 horas. Las autoridades comunales rechazaron esta medida simbólica, recordando que el patrullaje requiere adentrarse en el bosque durante cinco días para llegar a las zonas de cultivos ilícitos. Una presencia tan limitada resulta ineficaz y pone en evidencia la falta de voluntad estatal para proteger a quienes defienden el territorio.
Ante ello, mediante un pronunciamiento, organizaciones indígenas de la Amazonía han denunciado públicamente el incumplimiento del acuerdo adoptado en la Mesa Regional, y han exigido al Ministerio del Interior y a la Comandancia General de la PNP que dispongan el traslado urgente, por vía aérea, de efectivos preparados para garantizar la seguridad de la comunidad.
Las organizaciones recuerdan que este patrullaje es una acción legítima de justicia indígena, amparada por el artículo 149 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. El derecho de los pueblos indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales en su territorio debe ser respetado y apoyado por los operadores de justicia del Estado: fiscales, jueces y policías deben actuar en coordinación con los pueblos indígenas, no darles la espalda.
“Exhortamos a las autoridades del sistema de justicia del Estado peruano, en Lima, Pucallpa y todo el país, a tener nuestra seguridad como prioridad, no buscar excusas para no atendernos y tomarse en serio nuestras propias alternativas para solucionar conflictos con autonomía”, indica el pronunciamiento.
«Compartimos la indignación de la comunidad Flor de Ucayali y la Guardia Indígena, no solo con la Policía Nacional, sino con todo el sistema de justicia del Estado. En el fondo, aunque se esfuercen en negarlo, nos enfrentamos a un racismo institucionalizado que considera que las demandas de los pueblos indígenas son secundarias o inferiores, razón por la cual no merecen la misma prioridad que las de la población urbana en Pucallpa, Lima o cualquier otro lugar. Me permito recordar a las autoridades del Estado que los pueblos indígenas tienen sus propias autoridades, con funciones constitucionalmente establecidas, que ejercen sus competencias con autonomía suya, incluso en el ámbito de la justicia, como lo ejemplifican bien las guardias indígenas. Exigimos a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial cumplir con su obligación constitucional de colaborar con ellos en su ejercicio de la justicia indígena para promover una cultura de paz y diálogo intercultural», manifiesta al respecto Álvaro Másquez Salvador, responsable del Observatorio para Defensores Indígenas de Derechos Humanos del IDL.
Desde el IDL, respaldamos plenamente el pronunciamiento de las organizaciones indígenas amazónicas y exigimos al Estado cumplir su deber constitucional de proteger la vida e integridad de las personas defensoras. No puede haber lucha efectiva contra el crimen organizado sin una política clara de protección a las comunidades que arriesgan su vida para defender el territorio y la paz.