¿Podemos pedir la reparación de la contaminación minera a través de un proceso constitucional de cumplimiento?

¿Podemos pedir la reparación de la contaminación minera a través de un proceso constitucional de cumplimiento?

 

Juan Carlos Ruiz Molleda, IDL

 

En el caso de la contaminación ambiental en Espinar, acaba de acreditarse la responsabilidad de la empresa Antapaccay. En efecto, OEFA por fin pudo acreditar, con base en estudios serios, lo que siempre negó la minera Antapaccay, propiedad de Glencore, que trabaja en Espinar, Cusco. Está probado que la contaminación de Espinar es por la actividad de la mencionada mina. La pregunta es cuál es el procedimiento que tienen los afectados para exigir la reparación a nivel interno.

 

  1. Obligación de reparar toda contaminación ambiental. Es evidente que toda persona afectada por contaminación ambiental debe ser reparada. Según el Tribunal Constitucional (TC), “si la actividad empresarial genera daños estos no solo deben ser sancionados por la Administración, sino que deben generar una reparación directa, justa y proporcionada, a las personas directamente afectadas (STC No 00001-2012-AI, f.j. 54). Como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia Velásquez Rodríguez, “los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos” (párrafo 166).

 

  1. Demanda civil por responsabilidad extracontractual para exigir una indemnización civil. Es claro que es el proceso idóneo para exigir la reparación por contaminación ambiental a los responsables, claro está, siempre que se pruebe de manera objetiva y manifiesta la relación causal entre el causante y la contaminación ambiental. Asimismo, de acuerdo con el artículo 2001 inciso 4 del Código Civil, prescriben a los dos años la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual. El problema es que estos procesos son largos y demandan recursos económicos.

 

  1. Los afectados por la contaminación ambiental no tienen dinero para sostener una demanda civil por indemnización civil. Todos sabemos que las personas afectadas por contaminación ambiental, como por ejemplo las comunidades campesinas, no tienen dinero para pagar y sostener una demanda civil de indemnización, lo cual supone pagar a un abogado, pagar expertos, y solventar los gastos que pueden durar de 5 a 10 años. Como lo reconoce el TC, litigar una demanda civil “implica no solamente esperar, en virtud de la autonomía de la persona, a que demandas de indemnización sean interpuestas. Como la realidad lo ha demostrado en varias ocasiones, la desesperación de los ciudadanos, de la mano de otras circunstancias, tales como bajos ingresos o desconocimiento de sus derechos, genera, en ocasiones, que estos no hagan valer sus derechos en forma idónea”. (STC No 00001-2012-AI, f.j. 54).

 

  1. ¿Son idóneos los amparos para exigir la reparación por contaminación ambiental? A pesar de que se viola el derecho fundamental a disfrutar de un medio ambiente equilibrado adecuado a la vida, reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución, entre otros derechos constitucionales, se suele sostener que los procesos constitucionales de amparo no son procesos idóneos para exigir la reparación ante casos de contaminación ambiental y, en general, ante casos de graves violaciones a los derechos humanos, por carecer de etapa probatoria. Se sostiene que los procesos de amparo son procesos eminentemente “restitutorios” de derechos, no indemnizatorios, de acuerdo con el artículo 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley 31307. El fundamento de esto es que, de acuerdo con el artículo 13 del mismo código, no existe etapa probatoria que permita precisar el monto de una indemnización.

 

  1. No puede dejar de administrarse justicia por vacío y deficiencia de la ley. Las personas afectadas por contaminación ambiental, por razones económicas, no pueden quedar en la indefensión cuando se viola su derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida, reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución. El artículo 139.8 de la Constitución es muy claro cuando precisa “El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley”. Esto significa que no se puede dejar en la impunidad violaciones a derechos fundamentales por falta de procedimientos en casos de personas de escasos recursos. Así, a todo derecho fundamental le corresponde un procedimiento para ser exigido. Como dice el TC, “A la condición de derechos subjetivos del más alto nivel y, al mismo tiempo, de valores materiales de nuestro ordenamiento jurídico, le es consustancial el establecimiento de mecanismos encargados de tutelarlos, pues es evidente que derechos sin garantías no son sino afirmaciones programáticas, desprovistas de valor normativo. Por ello, bien puede decirse que, detrás de la constitucionalización de procesos como el hábeas corpus, el amparo o el hábeas data, nuestra Carta Magna ha reconocido el derecho (subjetivo-constitucional) a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales”. (STC No 1230-2002-HC/TC, f.j. 4 y STC No 2488-2002-HC/TC, f.j. 22).

 

  1. El Estado debe diseñar procedimientos para reparar a las víctimas de contaminación. El Estado no puede quedarse cruzado de brazos ante una clara afectación de derechos fundamentales, en tales casos, “es deber del Estado, brindar la estructura y presupuesto adecuado para que se brinde la orientación legal adecuada a fin de que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Así, poner a disposición de los ciudadanos no solo información, sino asistencia legal gratuita en los casos en donde los bajos ingresos de los pobladores así lo demanden. Por su parte, los órganos jurisdiccionales tienen el deber de considerar los daños provocados de manera integral a fin de, si es que se determinara fehacientemente, ordenar el pago indemnizatorio proporcional a los daños sufridos”. (STC No 00001-2012-AI, f.j. 54)

 

  1. ¿El proceso de cumplimiento puede ser utilizado para exigir la indemnización por contaminación ambiental? De acuerdo con el artículo 65 del Nuevo Código Procesal Constitucional, es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme. En consecuencia, consideramos que puede ser utilizado para exigir el cumplimiento del artículo 48 de la Ley General de Minería, Texto único Ordenado aprobado por D.S. No 014-92-EM, cuando esta norma establece que en el desarrollo de las actividades mineras el titular de la concesión “deberá evitarse en lo posible daños a terceros, quedando el titular obligado a indemnizarlos por cualquier perjuicio que les cause”.

 

  1. Hay una sentencia del TC que exige reparación por contaminación ambiental en un proceso constitucional de cumplimiento. Se trata de la sentencia expedida en el proceso de cumplimiento contra Petroperú, interpuesto por las comunidades nativas contra el derrame de Cuninico, luego de que OEFA reconociera que el derrame de junio del año 2014 fue por falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano (Ver STC No 03799-2018-AC). En ella, el TC ordena a Petroperú dar cumplimiento a una norma reglamentaria (D. S. No 081-2007-MINEM, anexo No 4, Ítem 4), que le exigía identificar los afectados y los daños ambientales y compensar a los afectados por el derrame de Cuninico.

 

  1. El Nuevo Código Procesal Constitucional admite procesos de cumplimientos, aun cuando el mandato no es claro. Si bien de conformidad con el precedente vinculante contenido en la STC No 00168-2005-PC/TC, en el marco de un proceso constitucional de cumplimiento, el mandato de la ley debería ser vigente, cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo, no debía estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y ser incondicional, en el artículo 66 del Nuevo Código Procesal Constitucional, hoy se admite la posibilidad que el mandato sea genérico o poco claro, o esté sujeto a controversia compleja o a interpretaciones dispares.

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