Poder Judicial admite demanda de comunidades de Chumbivilcas contra despojo de sus tierras por el Ministerio de Transportes
El Poder Judicial ha admitido la demanda de acción popular presentada por los líderes de comunidades campesinas del distrito de Capacmarca, en Chumbivilcas, Cusco, contra la norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que los despojaba de sus tierras. Las comunidades afectadas son: Sayhua, Huasbamba, Cruz Pampa, Capacmarca, Cancahuani, Yanque Lacca Lacca, Huininquiri, Idiopa Ñapu Japo, y Tincurca Laccaya. La demanda fue presentada con el patrocinio de DHSF de Cusco y del IDL.
Se trata de dos normas que generan el problema. La primera es el Decreto Supremo 011-2016-MTC que aprueba “ la actualización del clasificador de rutas del sistema nacional de carreteras –SINAC” . LA segunda es la Resolución Ministerial 372-2018-MTC/01.02, que “reclasifica de manera definitiva como ruta nacional, diversas rutas departamentales o regionales de la red vial de los departamentos de Apurímac y Cusco”.
El abogado del Área de Litigio Constitucional del IDL, Juan Carlos Ruiz, explica que el problema de fondo es que la reclasificación de las rutas contenida en las normas antes mencionadas convierte caminos comunales en vías nacionales.
Y añade: “No fue consultada con las comunidades campesinas propietarias de las tierras sobre las que se superponen estos caminos comunales reclasificados como vías nacionales.
Dispone, usurpa y despoja a las comunidades sin antes haberles comprado las tierra, sin haber establecido servidumbre o iniciado un proceso de expropiación con previo pago de justiprecio. Por último, estas disposiciones tienen como consecuencia la afectación de la salud y la contaminación del medio ambiente, tal como lo ha reconocido el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en un reciente informe, pues permite y autoriza el paso de unos 300 camiones al día por caminos de tierra”.
Los derechos que se están violando son: el derecho a la consulta previa (artículo 6 del Convenio 169 de la OIT), el derecho a la propiedad (artículo 14, 17.3 y 18 del Convenio 169 de la OIT), el derecho a la identidad cultural (artículo 2.19 de la Constitución y artículo 5 del Convenio 169 de la OIT), el derecho a la salud (artículo 7 de la Constitución) y el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida (artículo 2.22 de la Constitución).