Poder Judicial admite demanda de salud presentada por ORPIO
La demanda de amparo presentada por la Organización Regional de los Pueblos Índígenas del Oriente (ORPIO), para que se implemente el plan de salud para pueblos indígenas frente al COVID 19, aprobado hace cuatro meses, fue admitida por el juez del primer juzgado civil de la Corte de Loreto.
Está demanda tienen como antecedentes los problemas de salud que actualmente están padeciendo los pueblos indígenas en la región de Loreto. A pesar del tiempo transcurrido desde que se inició la pandemia en el país, el Estado no ha ejecutado acciones sistemáticas para evitar su avance en las comunidades nativas, clasificadas en situación de alta vulnerabilidad debido a las enfermedades preexistentes que los aquejan y a la precariedad del sistema de salud pública.
La falta o poca atención que las comunidades han recibido proviene de las brigadas de atención rápida que permanecen un tiempo mínimo en determinados puntos y no garantizan una atención de salud eficaz ni sostenida.
Al respecto, el consejo directivo de ORPIO ha señalado: “A más de cien días de haberse declarado la emergencia sanitaria por COVID 19, el Poder Ejecutivo no garantiza una atención rápida y eficiente a los pueblos indígenas de Loreto:
– En los diferentes centros de salud donde habitan los pueblos indígenas no existen médicos ni medicina. Se carece de infraestructura básica, así como de oxígeno, logística fluvial y terrestre para que las atenciones sean inmediatas y efectivas. Los vuelos de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) no están programadas de acuerdo a la realidad del problema.
– El Plan de intervención hacia las comunidades, del Ministerio de Salud, no se implementa aun en las comunidades, a pesar que dicho plan fue elaborado hace más de dos meses. El Plan en mención no responde a la realidad sociocultural de los pueblos indígenas, pues fue elaborado desde el centralismo, sin considerar la compleja realidad de la Amazonía.
– Las intervenciones de la Dirección Regional de Salud carecen de articulación con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, así como con el Comando COVID Indígena de Loreto. Denunciamos la pretensión de invisibilizar la magnitud del impacto del COVID 19 en las comunidades de nuestra región. Nuestros cálculos sobrepasan los 10,000 contagiados al interior de las comunidades, mientras que los de la DIRESA y MINSA no sobrepasan los 3 mil[1].
De igual manera, Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) y experta en el tema, señala que la Constitución garantiza el acceso equitativo a la salud:
“La Constitución establece en sus artículos 9 y 65 que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, debe, en el marco de una política de salud eficiente, facilitar a todos los accesos equitativos a los servicios de salud. En ese sentido, es obligación del Estado realizar todas aquellas acciones tendentes a prevenir los daños a la salud de las personas, conservar las condiciones necesarias que aseguren el efectivo ejercicio de este derecho, y atender, con la urgencia y eficacia que el caso lo exija, las situaciones de afectación a la salud de toda persona, prioritariamente aquellas vinculadas con la salud de los niños, adolescentes, madres y ancianos. Esta obligación se hace extensiva a los pueblos indígenas afectados por el brote del COVID-19 en el Perú y en la Amazonía”.
Por su parte, la antropóloga Beatriz Huertas señala que tampoco se han implementado la norma y guías técnicas en salud para indígenas en aislamiento y contacto inicial, aprobadas por el Ministerio de Salud en 2007. Además, los procesos para el establecimiento de las reservas Yavarí Tapiche, Yavarí Mirim, Sierra del Divisor Occidental, Napo Tigre, Kakataibo y Atacuari- que darían seguridad jurídica a los territorios habitados por estos pueblos extremadamente vulnerables a las enfermedades- han sido paralizadas por el Viceministerio de Interculturalidad.
Hacer clic en este enlace para tener acceso a la demanda.
[1] ORPIO, pronunciamiento de 3 de julio del 2020