Poder Judicial inicia proceso penal contra Alberto Fujimori y sus ex ministros por las esterilizaciones forzadas 

El expresidente Alberto Fujimori ha sido incorporado como imputado en el presente caso y, finalmente, luego de una larga audiencia de presentación de cargos que se realizó en 47 sesiones  (desde marzo 2021 a diciembre 2021), el juez Rafael Martínez abrió proceso penal contra Fujimori, sus exministros de salud y algunos funcionarios del Ministerio de Salud.

No ha sido fácil: el 15 de noviembre de 2021, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió el regreso del juez Martínez a su plaza de origen en la ciudad de Piura y dispuso que debía concluir con la audiencia de presentación de cargos. Afortunadamente, este hecho no impidió que se terminara con este proceso previo. El caso se desarrollará bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales de 1940 y sus modificatorias.

Lo que debe ocurrir ahora es que la república de Chile amplíe los delitos por los que extraditó a Alberto Fujimori, ya que en este momento no se le podría juzgar por un delito que no está contemplado en el cuadernillo de extradición. Ese país autorizó que sea juzgado y sancionado por determinados delitos en ciertos casos, dentro de los cuales son está comprendido el caso denominado “esterilizaciones forzadas”.

Según el abogado del IDL, Sigfredo Florián, “ esta situación origina que se suspenda el proceso a Fujimori – solo a él – hasta que se logre la ampliación de su extradición por parte de la República de Chile. El juez ha dispuesto que se forme el cuaderno de ampliación de extradición. Este trámite es largo y puede tomar algunos años”.

Como se recordará, el caso es complejo: comprende a más de 1300 agraviadas que residen en las comunidades más alejadas de al menos 10 departamentos del país. “Como la mayoría son quechuahablantes, se va utilizar a intérpretes en lengua quechua en sus distintas variantes”, agrega el abogado.

Se han proyectado realizar aproximadamente 2000 actos de investigación entre declaraciones, testimonios, exámenes médicos especializados y entrega de documentos. Se ha previsto que estas diligencias demoren ocho meses,  un tiempo que para el abogado del IDL es insuficiente porque el juzgado no está dedicado a tiempo completo a ver este caso y ve otros procesos complejos.

El nuevo juez encargado es Litman Ramírez Delgado. Él ha programado el inicio de las diligencias para el jueves 3 de marzo, fecha en la que comenzará a recibir las declaraciones de los imputados y las agraviadas. Las declaraciones de las 737 mujeres se recogerán hasta el 12 de julio de este año por vía virtual. Sus enlaces ya han sido notificados.

Sigfredo Florián sostiene: “Existe una gran preocupación porque la mayor cantidad de agraviadas no cuenta con teléfonos o aparatos de cómputos modernos para poder enlazarse; además, viven en zonas alejadas en las que no hay línea de internet o ésta es lenta, lo que dificulta su conexión. Existe incertidumbre si va ser posible que las agraviadas puedan declarar mediante un enlace virtual o es que se va tener que buscar otros mecanismos para que puedan cumplir con declarar ante el juez”.

Las víctimas de esterilizaciones forzadas solicitan que se le haga justicia y puedan ser reparadas. Ellas han esperado más de 20 años para que se judicialice su caso.