Poder Judicial no cuenta con adecuado servicio de intérpretes para procesos interculturales
“En estos momentos hay cuatro procesos de cumplimiento por la falta de intérpretes en las Cortes de Amazonas, Apurímac, Cusco y Ucayali”, sostiene Juan Carlos Ruiz, del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL.
La demanda de Amazonas fue presentada el 2015 por los líderes awajún procesados por el Baguazo, con el apoyo de Saype e IDL (Exp. 6349-2015-AC), y actualmente está en el Tribunal Constitucional. La demanda de Apurímac es litigada por Aprodeh Apurímac e IDL, y se va a elevar al TC. La demanda de Cusco es litigada por Aporvidha e IDL, contra la falta de intérpretes en los servicios de salud que Diresa- Cusco presta a la población campesina. La demanda de Ucayali acaba de ser presentada por la abogada shipiba Susy Gaby Díaz Gonzáles, contra la falta de intérpretes de los indígenas en dicha Corte.
Un informe realizado por el IDL revela que el actual convenio del Poder Judicial, que brinda servicios de interpretación y traducción, no fue pensado para atender a la población indígena. Fue elaborado y suscrito para atender servicios de traducción a extranjeros. “El servicio de intérpretes del Poder Judicial está pensado para los burriers involucradas en el narcotráfico, a los que atrapan en el aeropuerto”, especifica Juan Carlos Ruiz.
Otra conclusión del mencionado informe es que “el servicio de traducción a los pueblos indígenas, contratado por el Poder Judicial, no solo es absolutamente insuficiente sino ridículo, si tenemos en cuenta que en el Perú somos 30 millones de peruanos, y que aproximadamente el 30% son pueblos indígenas”.
Además, establece que si se abriera otro proceso como el del Baguazo, con más de 50 procesados a la vez, este contrato no asegura un proceso con traducciones oportunas, que garantice un pleno respeto al debido proceso. El abogado añade: “Han transcurrido 26 años de aprobada la actual Constitución Política, y aún la tercera parte de la población del Perú en los hechos no tiene derecho a hablar en su propio idioma en el Poder Judicial. Mejor ni preguntar por los traductores en los otros sectores del Estado que brindan servicios a las poblaciones indígenas”.
Finalmente, el informe concluye que se necesita un pronunciamiento más firme del Tribunal Constitucional, que garantice efectivamente el derecho a hablar en su propio idioma a todos los ciudadanos indígenas del país procesados por el Poder Judicial.