Poder Judicial ordena atender la salud de comunidades awajún afectados por derrame de petróleo de Chiriaco

Poder Judicial ordena atender la salud de comunidades awajún afectados por derrame de petróleo de Chiriaco

El pasado 29 de diciembre de 2021, el Primer Juzgado Civil de Bagua (Amazonas) declaró fundada en parte la demanda del caso Chiriaco, interpuesta en septiembre de 2017 por Norberto Wamputsag, jefe de la Comunidad Nativa de Nazareth, y representantes de las comunidades de Pakun, Wachapea y Umuaky. Durante el proceso, los demandantes contaron con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

En ese sentido, el Juzgado ha ordenado que el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Amazonas y la Dirección Regional de Salud de la misma región “aprueben planes, diseñen, implementen, evalúen, dirijan, supervises, fiscalicen y ejecuten las acciones, estrategias de Salud Pública de Emergencia en las comunidades nativas de Wachapea, Pakun, Umakay y Nazareth; y cumplan con una atención médica especializada gratuita a todos los integrantes de dichas comunidades nativas. Ello permitirá establecer el número de afectados, y los tipos de tratamientos que cada poblador recibirá, tratamiento que será integral en cuanto a atención, medicina y hospitalización de ser el caso; así como establecer, vigilar y monitorear (según las funciones de cada entidad demandada), que podría implicar la mejora y recuperación del medio ambiente y los recursos naturales que puede ser objeto de consumo humano, en condiciones aceptables para su consumo”.

Como se recordará, más de tres mil barriles de crudo se vertieron el 25 de enero de 2016, producto de la corrosión del Tramo II del Oleoducto Norperuano, causando que enormes volúmenes de petróleo se esparcieran con las lluvias desde la quebrada de Inayo y llegaran hasta los ríos Chiriaco y Marañón.

La exposición de la población a los hidrocarburos y sustancias tóxicas no se limitó solo al uso del agua y alimentos del río contaminado, sino que se agravó al momento de la limpieza, debido a que la empresa estatal Petroperú, operadora del oleoducto, contrató a la población indígena local para que participara en la limpieza de los ríos y suelos contaminados, sin brindarles equipos de protección adecuados e incluyendo a menores de edad. Los efectos del derrame y de la exposición de la población awajún al crudo de petróleo están ocasionando graves impactos en la salud de las comunidades de la zona, sin contar hasta el momento con atención médica por parte del Estado.

Precisamente, el pedido más importante de la demanda de amparo interpuesta por las autoridades indígenas es que se les provea de un programa de atención y vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria, frente a la vulneración a sus derechos a la vida, salud y medio ambiente.

Con esta sentencia, las instituciones del Estado están obligadas a cumplir con la atención médica integral que exigen los afectados por los derrames de petróleo, la misma que deberá ser proporcionada por médicos especializados. Las autoridades nacionales y regionales deberán trabajar también en la implementación de un sistema de vigilancia sanitaria, ambiental y epidemiológica en la zona. Cabe recordar que en este proceso se ha comprobado la presencia de metales pesados en los cuerpos 25 niñas y niños de la comunidad de Nazareth y otras aledañas, a partir del análisis de muestras obtenidas en sangre y orina.

El área de Pueblos Indígenas del IDL, señala: “Finalmente, exhortamos al Ministerio de Salud y al Gobierno Regional de Amazonas a no impugnar este fallo judicial. Por el contrato, los exhortamos públicamente a cumplir de inmediato con lo ordenado por el Primer Juzgado Civil de Bagua y no dilatar más la atención médica que requieren las comunidades awajún.”

 

Foto: Matteo Silvano

 

 

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público.