Poder Judicial ordena paralizar la construcción de la carretera Genaro Herrera-Colonia Angamos en Requena Loreto
Mediante una solicitud de Medida Cautelar, el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima ordenó suspender provisionalmente la ejecución de la Carretera LO 105 Jenaro Herrera – Colonia Angamos, ubicada en el distrito de Jenaro Herrera, provincia de Requena, en Loreto en la frontera con Brasil. Con esta medida, el Juzgado ordenó parar la apertura de la trocha de la carretera, que estaba siendo construida de forma ilegal por el Gobierno Regional de Loreto y Provias Descentralizado (Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones).
Como primer dato, es importante conocer que la medida cautelar otorgada está relacionada a una acción de amparo iniciado en setiembre de 2021, que fue accionada por el Instituto de Defensa Legal (IDL), Kené – Instituto de Estudios Forestales y Ambientales junto a Pachamama Alliance Perú, con la finalidad de proteger el derecho a gozar de un medio ambiente sano de Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento (PIA) que están siendo afectados por la construcción de la carretera LO-105 en su territorio.
Autoridades construyen carretera ilegal
Desde principios de 2021, a través de diversas cartas y pedidos de acceso a la información, se fue corroborando que tanto el Gobierno Regional de Loreto como Provias Descentralizado (a través de la empresa Consorcio Vial Selva) avanzaron con el proyecto carretero sin contar con expediente técnico de ingeniería concluido, ni con un estudio ambiental que establece la norma para este tipo de vías (se exige el nivel II semi detallado). Además, tampoco contaba con certificación ambiental ni autorización de desbosque. Graves falencias del proceso que se agravan al denotar la afectación a los bosques, ya que este proyecto vial atraviesa zonas de amortiguamiento de tres áreas naturales protegidas (la Reserva Nacional Matsés, Reserva Nacional Pacaya Samiria y el Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu-Tahuayo), daña bosques primarios (lo cual constituye un delito ambiental tipificado en el Art. 310 del Código Penal) y vulnera la vida y territorios de los pueblos indígenas en situación de aislamiento que extremadamente vulnerables y cuentan con una legislación específica para su protección).
La ilegalidad de la construcción del proyecto se pudo concluir a partir de la información oficial emitida en julio de 2021 por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)[1], Provias Descentralizado[2] y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)[3]. Además, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) realizó una supervisión en la que concluyó, entre otros, que dicho proyecto carecía del análisis de compatibilidad y de la opinión técnica favorable que exige la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
En menos de cuatro meses, durante el 2021, el avance del desbosque realizado habría sido de 40 KM. Este dato se obtuvo mediante la comparación de imágenes satelitales, así como de fotografías y videos[4] obtenidos en un sobrevuelo aéreo realizado por IDL en septiembre de 2021, con lo que se constató que el 80% de la ruta trazada para la carretera ya se encontraba deforestada.
Las comunidades próximas a este tramo carretero, al igual que todas las comunidades amazónicas, merecen contar con los servicios que satisfagan su derecho a acceder a una adecuada atención en salud, educación, agua potable, telecomunicaciones, así como lograr una vida digna. El problema identificado en la construcción ilegal de la carretera LO -105 no es un supuesto “conflicto” a modo de versus entre el derecho de las comunidades a contar con una vía de transporte y el derecho a vivir que tienen los pueblos indígenas en aislamiento, tal como proponen diversas autoridades.
Lo central en este caso es que las autoridades han optado por construir una carretera sin haber cumplido con una evaluación básica que exigen las leyes en nuestro país. Es así que para determinar cuál es el mejor modo de conectividad en una zona, requiere hacerse estudios técnicos que permitan evaluar diferentes opciones de conectividad (multimodal, unimodal, terrestre, aéreo, fluvial, etc), considerando los ecosistemas que se impactarán, respondiendo a una ponderación equitativa de elementos sociales, económicos, culturales y ambientales. Sin que implique el sacrificio de los derechos de los pueblos indígenas, las zonas de amortiguamiento de ANP y un valioso bosque primario. En el caso de LO-105, se ejecutó careciendo de dichos estudios y transgrediendo múltiples marcos normativos como el de transportes, forestal, e incluso el referido a la ejecución de presupuesto estatal, la legislación de ANP y la que consagra derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento.
Entre los riesgos y amenazas reales que se experimentan con la apertura de carreteras en la Amazonia que no cuentan con sólidos estudios que las justifiquen, se encuentran: masivas oleadas migratorias, invasión de territorios de pueblos indígenas, cambio de uso del suelo, degradación de bosques, proliferación de actividades ilícitas tales como narcotráfico, tala ilegal, tráfico de flora y fauna silvestre, minería ilegal, etc. Por ello es posible afirmar que las comunidades podrían experimentar mayores perjuicios que beneficios una vez que se culmine la ilegal carretera LO 105.
Cambio climático y carreteras: los compromisos que incumple el Gobierno Regional de Loreto
El Estado peruano tiene un compromiso climático para reducir 30% (89.4 de MtCO2) de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el año 2030. Por su parte, el Gobierno Regional de Loreto integra el Grupo de Trabajo de Gobernadores por los Bosques y el Clima, el cual es una plataforma integrada por niveles subnacionales cuyo objetivo es el de sumar esfuerzos para combatir el cambio climático, a través de la reducción de la deforestación en sus estados y provincias a cambio de apoyo financiero. Sin embargo, existe una contraposición entre los compromisos asumidos para reducir emisiones mediante la protección de los bosques y la construcción de una carretera ilegal como la LO – 105.
Una carretera que no cuenta con una adecuada justificación de su construcción en medio de un ecosistema frágil como el amazónico conlleva a “procesos de deforestación y degradación de los bosques asociados, los cuales generarían pérdidas en biodiversidad, alterarían los ciclos hidrológicos y el clima, y reducirían la capacidad de los ecosistemas de generar beneficios para la humanidad.”[5]
Es por ello que el doble rasero con el que opera el Gobierno Regional de Loreto, lo cual se repite en todas las regiones amazónicas peruanas, requiere generar en la ciudadanía un llamado a mejorar su participación en la adopción de decisiones que tendrán impacto en las presentes y las generaciones futuras, quienes finalmente serán las que deban enfrentar el desastre ambiental y la “era de la ebullición global”, de la que nos advierte el Secretario General de las Naciones Unidas.
[1] Carta 011-2021-SENACE-PE, de fecha 02 de julio de 2021.
[2] Memorando 1305-2021-MTC/21.G3, de fecha 13 de julio de 2021
[3] Carta 1305-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-AIO, de fecha 16 de julio de 2021
[4] https://www.facebook.com/cuencassagradas/videos/834446503894087/
[5] Retorno económico y riesgo socio ambiental de los proyectos viales en la Amazonía en Políticas de Conservación en Síntesis, agosto de 2019, N 44, disponible en https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/Policy%20Brief%2044_Roads%20Analysis%20Amazonia_ES_v2.pdf