Poder Judicial ratifica emblemática sentencia que ordena detener contaminación en ríos afluentes del lago Titicaca

Poder Judicial ratifica emblemática sentencia que ordena detener contaminación en ríos afluentes del lago Titicaca

La protección de los ríos en el Perú atraviesa un momento histórico. La Sala Civil de Juliaca, mediante la sentencia de vista N.º 08-2024, ratificó el fallo del Segundo Juzgado Civil de Juliaca en primera instancia, emitido en setiembre de 2023, que responsabiliza al Gobierno Regional de Puno, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno, la Municipalidad Provincial de San Román, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento del distrito de Juliaca (SEDA-Juliaca) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por las condiciones insalubres e indignas que viven los pobladores de los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto, al estar expuestos a la contaminación ambiental del río Torococha, la cuenca Coata y el lago Titicaca.

Esta decisión responde a una demanda constitucional de amparo presentada en 2017 por los dirigentes Brígida Curo y Dionicio Barreda, con el patrocinio de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) y el Instituto de Defensa Legal (IDL), en representación de los pobladores afectados por el vertimiento de aguas servidas sin tratamiento y residuos sólidos.

 

Contaminación en el lago Titicaca

Estudios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en los últimos años concluyen que existe una alta contaminación en el río Torococha, al contener sustancias como demanda bioquímica, oxígeno disuelto, arsénico, coliformes termotolerantes, entre otros, que sobrepasan los valores regulados por los estándares de calidad ambiental para agua. Esto convierte al río, cuyas corrientes se unen con el Coata y desembocan en el lago Titicaca, en un peligro para la salud de las personas que habitan en las riberas.

Asimismo, un informe técnico de la ANA advierte 15 fuentes contaminantes en río Coata. Cuatro de ellas son aguas residuales de la minería y las demás son puntos de aguas servidas. El documento, además, advierte altas concentraciones de metales, como manganeso, plomo, talio y zinc, y la presencia de coliformes fecales, provenientes del vertimiento de aguas residuales en las ciudades de Vilavila y Juliaca.

Esta situación envenena las aguas del lago Titicaca, inscrito en la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial de la Convención de UNESCO. Ubicado a 3810 m s. n. m. y con una superficie de 3300 km², constituye el lago de agua dulce más grande de América del Sur y el más alto de los grandes lagos del mundo, según información del Ministerio de Cultura. Sin embargo, y como han reportado pobladores de distintos distritos en la región Puno, se encuentra en pésimas condiciones a causa de la contaminación.

 

Sentencia emblemática para la protección de los ríos

Entre sus principales disposiciones, la sentencia ratificada por la Sala Civil de Juliaca ordena al Ministerio de Vivienda y a la Municipalidad Provincial de San Román gestionar, conforme a sus funciones, la construcción de una planta de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en la provincia de San Román y el distrito de Juliaca, que deberá iniciar o continuar gestiones en el plazo de 30 días. Un punto importante es que las entidades deberán informar documentadamente, en el mismo plazo, sobre el avance y la ejecución de la obra.

Con la confirmación del fallo, es la primera vez que, en la región Puno, un juzgado ordena la construcción de una obra de estas características para el tratamiento de aguas residuales, lo que debería significar el mejoramiento de las condiciones de vida en los distritos afectados por la contaminación en el río Torococha y la cuenca Coata.

La sentencia también dispone que la Dirección Regional de Salud de Puno debe suspender el vertimiento de residuos sólidos biológicos hospitalarios en cuerpos de agua de los ríos Coata y Torococha, así como adoptar medidas inmediatas para el tratamiento de residuos sólidos biológicos hospitalarios en la Municipalidad Provincial de San Román y la Municipalidad Distrital de Juliaca.

De otro lado, este fallo ordena al Ministerio de Vivienda, las municipalidades provinciales de San Román y de Puno, y al Gobierno Regional de Puno implementar servicios esenciales de agua potable a favor de la población de los distritos de Juliaca, Coata, Huata, Capachica y Caracoto, en el plazo más célere posible. Mientras aquello se realice, dichas entidades tendrán que distribuir una dotación regular y suficiente de agua potable para su uso doméstico en los distritos mencionados.

La resolución judicial dispone, además, que la Municipalidad Provincial de San Román y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento del distrito de Juliaca (SEDA Juliaca), en el plazo de 30 días, implementen un sistema de tratamiento y potabilización de agua idóneo para el consumo humano. También ordena a estas instituciones la suspensión inmediata del vertimiento de aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento en el río Torococha.

Otro punto crucial de la sentencia es que el Gobierno Regional de Puno, la Dirección Regional de Salud de Puno y la Municipalidad Provincial de San Román deberán adoptar medidas inmediatas para la atención médica especializada de la población de Juliaca, Coata, Huata, Capachica y Caracoto, expuesta a la contaminación del medio ambiente.

 

Perspectivas

Félix Suasaca, miembro de la Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales Pesados y exdirigente del distrito Coata, lamenta la demora en la resolución de la sentencia y resalta la importancia de la lucha de las comunidades y distritos afectados por la contaminación en los ríos, pues sin la acción colectiva esta resolución judicial habría sido aún más difícil de conseguir.

“Este es un paso más para la defensa de los derechos humanos. Desde el 2017 hasta hoy, son más de 7 años, y el Poder Judicial da la sentencia recién. Cuántos hermanas y hermanos han fallecido, han consumido agua con metales pesados. Si en el 2017 hubieran dado la sentencia, hoy la situación sería otra. En todo este tiempo ha sido importante la lucha de la población, hemos batallado y luchado por esta sentencia. Para nosotros, esta sentencia es una primera experiencia en la región Puno y tiene que acatarse”, manifiesta.

Para Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL, esta sentencia significa un precedente significativo en la lucha por la conservación de los ríos en el Perú: “Los ríos son las primeras víctimas de las sociedades modernas. A donde uno vaya, en el Perú, encontrará que la basura se vierte en los ríos. Ríos como el Nanay, en Iquitos; el Pachachaca, en Abancay; el Huatanay, en Cusco; o el Lago Titicaca, en Puno, a diario reciben aguas con restos fecales. En tal sentido, la sentencia en el caso Torococha constituye un precedente histórico. Es el primer caso en que se obliga a una empresa de saneamiento a dejar de verter excretas y a construir una planta de tratamiento de aguas servidas. Esta sentencia marcó un camino para que los ciudadanos puedan utilizar los mecanismos institucionales, para la defensa de sus ríos. Como dicen las mujeres kukamas del río Marañón, que acaban de obtener una sentencia que reconoce los derechos del río Marañón, los ríos están vivos y debemos protegerlos”.

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