Poder Judicial rechaza el habeas corpus presentado a favor de los detenidos en la Universidad San Marcos
Tras el violento operativo policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del pasado sábado 21 de enero, en el cual fueron arrestadas 193 personas entre estudiantes y personas provenientes de comunidades campesinas del sur andino del país, los abogados Juan Carlos Ruiz Molleda y Stefany Ugo Magalotti del Instituto de Defensa Legal, así como Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, presentaron un hábeas corpus a favor de los detenidos.
Hace unos pocos días, la jueza Malbina Saldaña Villavicencio del 7mo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente e infundado este recurso, argumentando que la intervención policial se hizo persiguiendo el delito de robo agravado y usurpación, presuntamente cometido por sujetos desconocidos, contra el personal y equipos de seguridad de la universidad durante la noche anterior. Asimismo, la magistrada considera que dicho delito se encontraba en flagrancia.
Por su parte, los abogados del Instituto de Defensa Legal manifiestan que el estado de emergencia vigente no anula los derechos fundamentales de las personas, así como cualquier restricción a los mismos deben ser razonables y proporcionales, según el artículo 200 de la Constitución. El artículo 10 del Nuevo Código Procesal Constitucional indica que el juez debe valorar si la limitación de derechos constitucionales de los ciudadanos está relacionada con los motivos que llevaron a imponer el estado de emergencia.
Los letrados también señalan que no existe conexión entre la detención de los 193 estudiantes sanmarquinos y comuneros campesinos y el presunto delito contra el patrimonio en las modalidades de usurpación y robo que habían denunciado las autoridades universitarias unas horas antes de la incursión de los uniformados. Consideran que las detenciones fueron ilegales debido a que no existió orden judicial ni mucho menos flagrancia, al no existir pruebas irrefutables que relacionen a los arrestados como autores el robo denunciado.
Como se pudo visualizar en diversos vídeos de las redes sociales, en el operativo policial donde participaron 400 agentes del orden usando carros blindados que rompieron el muro perimétrico del campus universitario y helicópteros que disparaban bombas lacrimógenas contra los estudiantes, se utilizó niveles de fuerza desproporcionales contra personas que nunca opusieron resistencia. Se corrobora que los detenidos fueron objeto de insultos racistas, golpes, tratos humillantes, los que prosiguieron en las dependencias policiales donde fueron llevados. Tampoco se les informó del motivo de su arresto hasta cinco horas después.
Los representantes del Instituto de Defensa Legal apuntan a que la mejor demostración de que el operativo fue totalmente innecesario es la liberación de casi todos los arrestados dos días después, al no encontrarse en ellos ninguna prueba vinculada al robo de los equipos de seguridad. Pudo ser una investigación policial que perfectamente podría haberse llevado sin atentar contra su libertad e integridad personal.
Por último, los juristas acusan que se condujo el trámite del habeas corpus sin la celeridad que esta medida de garantía exige. La jueza se limitó a oficiar al Ministerio Público y a la Policía y esperó que los detenidos pasen todo el fin de semana encerrados en las instalaciones de la Dirincri para recién apersonarse a la sede policial, siendo soltados el lunes.
Puede leer la sentencia emitida por la jueza Malbina Saldaña Villavicencio aquí.