Políticas de seguridad ciudadana, ¿qué nos proponen los candidatos presidenciales?

Nancy Mejía y George Matienzo Vidal, IDL-Seguridad Ciudadana

La inseguridad ciudadana es reconocida como uno de los principales problemas de nuestro país, es un mal endémico que se dispersa no solo en los espacios públicos a través de la delincuencia y la inseguridad en las calles, también dentro de los hogares a raíz de la violencia familiar y de género. Estos problemas son pan de cada día y alimentan los noticieros y periódicos a tal punto que se nos han vuelto “familiar” y forman parte de nuestras conversaciones cotidianas. Frases como “el Perú es un país de violadores” o “el Perú es un país de delincuentes” se escuchan a menudo. En otras palabras, nuestros problemas como sociedad están a flor de piel y forman un rosario conocido por casi cualquier ciudadanos o ciudadana de nuestro país. En ese sentido, ¿qué hacer ante estos problemas que corroen la cohesión y el funcionamiento de nuestra sociedad?, ¿cómo contemplan nuestros futuros representantes estos problemas?, ¿qué propuestas y planes piensan implementar para solucionarlos?

Para afrontar los problemas de seguridad ciudadana se ha recurrido usualmente a la “mano dura”, un mecanismo que mediante la fuerza y la sanción pretenden enderezar a los malos elementos de la sociedad. Sin embargo, no basta con atacar el problema por sus consecuencias, es necesario encontrar las causas para prevenirlas a través de estrategias disuasivas y brindando oportunidades y alternativas para los sectores sociales más vulnerables y propensos a entornos violentos y delictivos. En este sentido haremos una revisión rápida –porque tampoco ameritan un análisis profundo debido a la escases de ideas– de las principales propuestas sobre seguridad ciudadana de los planes de gobiernos de los partidos políticos que tienen más oportunidades para alcanzar el liderazgo de nuestro país, según los resultados de las últimas encuestas. Para esto tomaremos en consideración cuál es su diagnóstico de los principales problemas y cuáles son sus posibles soluciones y, por último, presentaremos algunas propuestas que deberían ser implementadas sobre temas de prevención y participación ciudadana.

Propuestas sobre seguridad ciudadana en los planes de gobierno en las elecciones 2021

Para el partido político Avanza País, liderado por el economista Hernando de Soto, el problema medular de la seguridad ciudadana se ubica en su organización institucional y técnica, es decir, en la “deficiente actuación multinivel, entre el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, a nivel Provincial y Distrital”. La falta de coordinación entre los diferentes niveles del Estado se traduce en la carencia de información que debería servir para la planificación y asignación de recursos en los planes de seguridad ciudadana. Las metas y objetivos que se plantean van en la misma línea y no aportan nada novedoso, solo cuestiones que se pueden quedar en letra muerta como el monitoreo y supervisión de los planes de seguridad si no se incluye la participación activa y fiscalización de la ciudadanía. Si bien el problema de seguridad debe afrontarse con actuaciones multinivel, es importante que estas vayan acompañadas por un enfoque multidimensional –que abarquen factores sociales, culturales y urbanos– y preventivo.

Por su parte, el partido Nacionalista, encabezado por el exmilitar Ollanta Humala, considera que los problemas fundamentales de la seguridad ciudadana están relacionados con los crímenes contra el patrimonio y, en algunos sectores del país, la criminalidad organizada. Para que disminuya esta situación considera necesario el fortalecimiento y la especialización de la policía. Solo de manera muy puntual menciona que la policía debería realizar labores comunitarias. Este enfoque se basa en combatir de forma directa a los delincuentes, usando métodos de inteligencia y aumentando la capacidad de la policía para estas labores, es decir, usar la “mano dura” –la violencia– y la inteligencia contra el crimen.

Los problemas de robos, asesinatos, violencia de género, feminicidios y la trata de personas son reconocidos entre los principales problemas de la inseguridad en el país por el Frente Amplio, partido liderado por el exsacerdote Marco Arana. Para modificar esta situación propone la reforma del sistema de seguridad ciudadana y desarrollar políticas públicas de prevención con un enfoque participativo, para lo cual es importante focalizar el peligro, así como mejorar las condiciones laborales y capacitar (en temas de legislación y derechos humanos) al cuerpo policial. También propone eliminar los contratos de servicios de la policía con empresas privadas, que restan autonomía y pone en cuestión su función esencial (proteger a la ciudadanía) cuando el cuerpo policial es usado para proteger los intereses privados de las empresas que lo contrata, como en el caso de los conflictos por la minería. Asimismo, considera importante implementar el uso del espacio urbano como herramienta de control y prevención a través de la iluminación de las calles y el mayor uso de los espacios. Como parte de su enfoque participativo, contempla programas de autodefensa enfocado a mujeres y la promoción de brigadas ciudadanas para el autocuidado comunal, es decir, una participación activa y comprometida de la ciudadanía. Si bien este candidato presenta algunas ideas interesantes no las desarrolla en su plan de gobierno, solo hace mención de ellas.

Las propuestas de Julio Guzmán, líder del Partido Morado, son más extensas y están alineadas a los objetivos del desarrollo sostenible, por lo cual detalla algunas medidas que podrían emplear en su posible gobierno. En primer lugar, contempla que el Estado debe brindar las garantías de un entorno seguro y de oportunidades para que la ciudadanía pueda desarrollar su potencialidad e integrarse al mercado laboral, es decir, presenta fines pragmáticos. Para ello es necesario generar una cultura de prevención que garantice el cuidado, alimentación y educación de niños y niñas, así como una cultura de la ocupación del espacio público como el deporte, el arte urbano, la recreación, etc. Por otro lado, propone la modernización y fortalecimiento de la policía a través de cinco pilares (educación, infraestructura, tecnología, logística y bienestar) y en base al trinomio de policía-comunidad organizada-gobierno local. En esta misma línea propone la creación de centro de formación de serenos para profesionalizar su labor, basada en el respeto a los derechos humanos. Como se aprecia, la propuesta de Guzmán se basa en la prevención social a través de la variable educación, que juega un papel importante como mecanismo de socialización y prevención del crimen; es decir, se contempla a la ciudadanía como agente pasivo.

A pesar de la popularidad y el ascenso en las encuestas, Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular, casi no presenta propuestas sobre seguridad ciudadana. Comenta sobre la violencia contra las mujeres, pero omite la violencia de género contra poblaciones vulnerables como gays, lesbianas y transexuales; posiblemente por su orientación conservadora y religiosa sobre estos asuntos. Su propuesta está más ligada al reforzamiento del trabajo de inteligencia e investigación criminal, así como enfrentar al narcotráfico y el lavado de activos, aspectos importantes en los cuales no profundiza. Sobre estrategias preventivas y disuasivas ni si quiera las toman en cuenta, menos aún figuran en sus estrategias la participación ciudadana o las juntas vecinales.

George Forsyth, exfutbolista y un político de nueva sangre, nos presenta un plan de gobierno bastante improvisado que se pierden en los vacíos de la generalización. Para el  candidato la delincuencia, el pandillaje y la comercialización de drogas son los principales problemas para la seguridad ciudadana. La violencia familiar queda invisibilizada a pesar de que es uno de los principales problemas sociales que aqueja a nuestro país. Su propuesta: “Derrotaremos la delincuencia común, el pandillaje y la micro comercialización de drogas, por medio de las Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana”, sigue siendo vacía y bastante laxa. Para alguien que dice conocer directamente la inseguridad de las calles, estas propuestas desnudan su desconocimiento de cómo afrontarlas.

Para Keiko Fujimori existe una relación directa entre pobreza y delincuencia, lo que pondría bajo sospecha y estigmatización a una gran cantidad de la población, nada más equivocado para quien intenta combatir la inseguridad ciudadana. Por otro lado, resalta la “campaña feroz para vilipendiar y desmoralizar” a la policía nacional durante noviembre y diciembre del año pasado, meses en que la policía demostró un exceso de violencia y está siendo investigada por los asesinatos de Inti, Bryan y Jorge durante las protestas en defensa de la democracia y derechos laborales. Sus propuestas no agregan ninguna novedad: propone combatir la delincuencia a través del programa Distrito Seguro, una herramienta que permita fortalecer las comisarías a través de la preparación, entrenamiento y la implementación de detectives. A lo que sí le pone énfasis es a la reorganización del INPE y a la despenalización inmediata a reos que no son de alta peligrosidad, una medida que parece tener una agenda más familiar para liberar a su padre de la cárcel. También enfatiza la inmediata eliminación de los remanentes de Sendero Luminoso, un discurso con el que su padre capitalizó su dictadura en los noventa y que aún tiene llegada entre muchos electores. Por otro lado, su propuesta solo menciona que se debe involucrar a la población, pero no dice cómo articularla y cuál sería su rol. Menos aún tiene propuestas sobre la prevención de la inseguridad ciudadana.

Para Verónica Mendoza, lideresa del partido Juntos por el Perú, la inseguridad ciudadana parte de la desigualdad o inequidad social, ya que los más pobres tienen menos acceso a la vigilancia pública. Asimismo, identifica que la formación policial no está orientada a la protección de las personas, problema que rompe el vínculo entre ciudadano y policía. Para solucionar estos inconvenientes propone aumentar la cobertura de la policía, crear un observatorio nacional, fortalecer los comités regionales y locales, reforzar la capacidad de juntas vecinales y rondas campesinas, reforzar la capacidad investigativa de la policía, complementar su formación en base a temas de género e interculturalidad y fomentar la cultura de paz. La candidata también propone mejorar los lazos entre comunidad y policía, pero no ahonda en la participación ciudadana ni tampoco en las medidas preventivas, medidas que son medulares en la lucha contra la violencia y la delincuencia.

El exmilitar Daniel Urresti tiene previsto que la seguridad ciudadana se solucionará fortaleciendo a la policía nacional tanto en el aspecto jurídico como simbólico –se infiere que por el desprestigio que se ha ganado a pulso en los últimos años la institución–. Para esto tiene pensado construir Mega Complejos de Seguridad Integral en las ciudades y el Instituto de Investigación Criminal porque no piensa tener tolerancia con los criminales. Es interesante revisar las propuestas de Urresti, se puede conocer de una forma más cristalina cuál es la posición de algunos miembros del cuerpo castrense sobre la seguridad ciudadana. Parece que se está preparando más para la guerra que para atender a una comunidad de ciudadanos y ciudadanas al requerir “6,500 patrulleros; 180 mil chalecos antibalas; 100 mil armas de fuego; balas; armas no letales; radios portátiles”. Parece que tiene pensado convertir las ciudades en campos de batalla. Por otro lado, planea entregar 500 mil viviendas como parte de un programa de vivienda social, de las cuales 50 mil viviendas se destinarán a los policías para que no convivan en zonas donde deben enfrentar el crimen. Los policías no forman parte de la población económicamente vulnerable, además no se les exige que trabajen en la misma zona donde viven. Las propuestas de este candidato se orientan más a las medidas de “mano dura” y a ciertas preferencias sin fundamento con la policía. La idea de integrar a las rondas campesinas y a las juntas vecinales están ausentes en sus propuestas.

López Aliaga, el candidato de Renovación Popular, identifica los problemas de delincuencia, pandillaje y micro comercialización de drogas como los principales problemas de la seguridad ciudadana y piensa derrotar estos males a través de “Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana, inteligencia y agentes encubiertos”. Luego de esto no vuelve a hablar sobre los problemas de la seguridad ciudadana, pero sí de recuperar el bienestar de la policía nacional a través de herramientas legales para que cumplan sus funciones. Las propuestas de este candidato son bastante pobres y preocupa su improvisación en el tema.

En general, los planes de gobierno presentan ideas semejantes respecto a la seguridad ciudadana, enfrentar a la delincuentes e infractores con medidas represivas, quedando el enfoque de prevención en una posición marginal. Los partidos con una orientación de izquierda tienen apertura a buscar una relación más horizontal entre policía y ciudadanía, inclusive toman en consideración los derechos humanos y enfoques de género e interculturalidad para mejorarla. Los partidos más orientados a la derecha parecen tener una disposición a la “mano dura” y sancionadora o por lo menos tienen una postura más vertical para solucionar estos problemas. Es importante notar que las ideologías juegan un papel importante en el enfoque de seguridad ciudadana. No obstante, y pese a las distancias, todos los partidos tienen muy pocas ideas sobre prevención y la vinculación de la participación de las juntas vecinales, las rondas campesinas y las rondas urbanas como agentes de cambio.

Prevención contra la delincuencia y el papel de las organizaciones comunitarias

La prevención del delito y la participación de la población son puntos muy importantes que debemos tener en cuenta para poder hacerle frente a la inseguridad y la violencia que se vive en las calles. Como ya hemos visto el abanico de propuestas por parte de los candidatos presidenciales están pensados con “mano dura”, represión y otros presentan propuestas inconclusas o vacíos que no alcanzarían sostenerse en el tiempo. En ese sentido, creemos importante tener en consideración algunos puntos sobre la participación de la ciudadanía y la prevención del delito, ya que casi no se contemplan en las propuestas de gobierno de los candidatos presidenciales.

1. La prevención debe enfocarse en tres niveles: a) combatir las causas garantizando condiciones básicas de vida a través de la educación, el trabajo y el bienestar social, así como la prevención temprana de la violencia familiar; b) evitar la reproducción de prácticas delictivas y violentas de grupos de riesgo a través de programas de atención a jóvenes en riesgo, atención de niños y niñas en situación de abandono, programas de empleo, programas lúdicos y deportivos, formación de grupos de seguridad y la recuperación e incentivación del uso de espacios públicos; c) estrategias orientadas a la reinserción o resocialización de personas que hayan cometido delitos para evitar su reincidencia y discriminación social.

2. Se debe promover la participación ciudadana como una política pública es hoy día una alternativa viable, legítima y oportuna que permitirá a la ciudadanía contribuir decididamente a mejorar la seguridad a la que aspiran todos los ciudadanos.  Deben participar en la identificación, planificación, prevención, solución y fiscalización de la inseguridad ciudadana.

3. Los representantes de las juntas vecinales y las rondas campesinas deberían ser partícipes en el Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana y cualquier tipo de planes y proyectos que vinculen sus funciones de seguridad. Además, se les debería tomar en cuenta para fiscalizar las funciones de la policía y los gobiernos locales en las tareas de seguridad ciudadana.

4.- Se debe contar con escuelas de formación y fortalecimiento de capacidades para las juntas vecinales y rondas campesinas que sirvan como elementos para mejorar sus liderazgos y emprendimientos, así como capacitarlos en temas de democracia, derechos humanos, participación ciudadana, políticas públicas, programas sociales, prevención del delito, igualdad de género, factores de riesgo, espacios públicos e inteligencia vecinal.

5. La prevención de delito debe combatirse de manera intersectorial y sin duplicar esfuerzos en vano por medio del trabajo conjunto de alcaldes, comisarios con vocación comunitaria y la participación activa de agentes sociales, así como la participación del Ministerio de Justicia, Ministerio Publico, Educación, de la Mujer, Salud, Cultura y el IPD. Estas disposiciones deben ser propuestas mediante lineamientos de políticas públicas dirigidas por el ejecutivo, pero contemplando las dinámicas territoriales y la capacidad de los agentes de cambio locales.

6. Las municipalidades deben generar programas de rehabilitación y recuperación urbana de carácter inclusivo para que la ciudadanía tome el control de los espacios públicos y eliminen a los factores e individuos que generan inseguridad. Para ello debe promoverse políticas de incentivos como el descuento en el pago del impuesto predial y arbitrios para los vecinos que participen de manera activa en estas tareas.

7. Fortalecer los programas Barrio Seguro y Vecindario Seguro –cuya finalidad y naturaleza es preventiva– para no seguir implementándose de manera separada por el Ministerio del Interior y la PNP, respectivamente. Deberían formar parte de un trabajo conjunto entre regiones policiales y gobiernos locales. Una vez solucionado este problema debe ser implementado a nivel nacional.

8. Reformar la instrucción policial y orientarla al acercamiento policial con la ciudadanía, formando lazos horizontales y recobrando la confianza de la población en los agentes de la seguridad pública. Para los policías en función se les debe capacitar y motivar con incentivos para alinearlos a esta perspectiva.  Estas medidas también funcionarán para recuperar mejorar la imagen de la policía.

9. Contar con una policía más cercana al ciudadano (policía comunitario), especializada en la investigación y, sobre todo, en la prevención de la violencia y el delito. Además que esté dispuesta a rendir cuentas a la ciudadanía.

10. Reforzar las Oficinas de Participación Ciudadana con policías comunitarios, entre ellos mujeres –ya que han presentado mayor sensibilidad y disposición a estos fines– para que dirijan programas y talleres preventivos enfocados a niños, niñas, adolescentes y mujeres en riesgo de violencia.

11. En estos tiempos de Pandemia hemos visto a las organizaciones tanto de juntas vecinales como a las rondas campesinas realizar un importante trabajo de asistencia frente a la emergencia sanitaria en sus propias comunidades. En ese sentido, sería importante que el Ministerio de Salud las integre a los comandos Covid. Para esto es importante capacitar y fortalecer a todo el equipo de voluntarios a nivel nacional y brindarles los equipos de protección frente al Covid-19.

12. Fortalecer, acompañar y dar el soporte al trabajo en prevención de la violencia que vienen realizando a nivel nacional las organizaciones de juntas vecinales y rondas campesinas, a pesar de la pandemia por el Covid-19. Además, se les debe brindar la indumentaria y equipos apropiados de acuerdo a la zona geográfica a la cual pertenecen.

La principal estrategia que deben contener las políticas públicas de seguridad ciudadana que se diseñen y ejecuten durante los próximos años deben considerar la ciudadanía como agente de cambio, ya que es ella quien conoce sus problemáticas y es la más interesada en que se les dé solución. El gran reto de cualquier gobierno que quiera construir un país seguro es integrar de manera funcional y estratégica las experiencias y conocimientos que han brindado las juntas vecinales, las rondas campesinas, colectivos ciudadanos y voluntarios que apuesten por el país.