Por fin hay un plan de atención en salud con presupuesto aprobado para afectados por derrame de petróleo en Cuninico
“El presupuesto ha sido aprobado por el Ministerio de Economía y esta semana vamos a reunirnos con el jefe de Diresa- Loreto para analizar el plan de salud. Queremos ver si de los 600,000 soles que contempla el presupuesto el grueso será para atender a la gente que fue afectada por el derrame de 2500 barriles de petróleo en la quebrada de Cuninico en el año 2014 o si está destinado a los gastos corrientes para pagar a la burocracia”, sostienen Juan Carlos Ruiz y Maritza Quispe, del área de Litigio Institucional y Pueblos Indígenas del IDL.
Este ha sido el logro de esta segunda audiencia de seguimiento de ejecución de la sentencia, que se realizó a pedido de los dirigentes de las comunidades del distrito de Urarinas, provincia de Loreto, y los abogados del IDL.
En 2018 se realizó una primera audiencia de seguimiento de ejecución de sentencia, presidida por la jueza de Nauta, Beatriz Velásquez, quien instó al Ministerio de Salud y a la Dirección Regional de Salud- Loreto a que actúen con celeridad. Ese mismo año, la Sala Civil de la Corte de Loreto había dictado una sentencia en la que les ordenó que implementen una estrategia de salud pública de emergencia que incluya un programa de atención médica y otro de vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria.
“Lamentablemente la magistrada fue removida de su puesto justo cuando iba a imponer multas acumulativas por incumplimiento de sentencia. Luego el nuevo juez de Nauta, Javier Acevedo, se inhibió con el argumento de que fue de vocal de la sala que declaró fundada la demanda en segunda instancia.Enviaron el expediente a la Corte de Iquitos, y luego de muchas demoras, se ha realizado esta audiencia en el Segundo Juzgado Civil de la Corte de Loreto, con sede en Iquitos. En la primera audiencia Diresa- Loreto y el Ministerio de Salud anunciaron que ya tenían un plan de atención para todos los pobladores de las comunidades nativas de Cuninico, Santa Rosa, San Francisco y Nueva Esperanza. Ojo: estamos hablando de personas que desde hace cinco años necesitan una atención urgente y especializada. Recién en esta segunda audiencia han anunciado que ya cuentan con el presupuesto para llevarlo a cabo”, sostiene Maritza Quispe.
En la audiencia que se realizó el viernes pasado participaron representantes de las cuatro comunidades nativas demandantes: Cuninico, Nueva Esperanza, San Francisco y Santa Rosa y el presidente de la Federación de Pueblos Cucamas Unidos del Marañon. Además de los dirigentes y los abogados del IDL, hicieron uso de la palabra cuatro madres indígenas, cuyo testimonio fue clave para que el juez entendiera la situación.
Juan Carlos Ruiz añade: “Le hemos solicitado al juez del Segundo Juzgado Civil que ejecute la sentencia contra el MINSA. Nos ha informado que ha solicitado al juzgado de Nauta que le envíe el expediente completo para resolver. El artículo 1 de la resolución aprueba el presupuesto del plan: ésta es una respuesta a la resolución cautelar, en el marco del proceso de cumplimiento presentado por las mencionadas comunidades nativas con el apoyo legal del Vicariato de Iquitos, el IDL, los sacerdotes Manolo Berjon y Miguel Cadenas, Radio Ucamara, Carmen Arévalo, Stefany Boyd, nuestro médico Fernando Osores y otras tantas personas de gran corazón. Estamos satisfechos porque el juez ha anunciado que quiere visitar las comunidades afectadas”.
La conclusión de Juan Carlos Ruiz y Maritza Quispe es que, a pesar de las demoras y dificultades, el litigio constitucional sí sirve para impulsar políticas públicas y conseguir presupuestos para implementarlas.