Por qué la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y del presidente del Jurado Nacional de Elecciones por el Congreso es inconstitucional

Por qué la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y del presidente del Jurado Nacional de Elecciones por el Congreso es inconstitucional

Juan Carlos Ruiz Molleda IDL

Es evidente que el Congreso de la República quiere copar instituciones públicas fundamentales afectando la autonomía de ellas y el principio de separación de poderes. En efecto, estamos ante la inminente remoción por parte del Congreso de la República de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el primer caso por presuntamente avalar que uno de sus miembros, excede el límite de edad legal, y en el segundo caso, por supuestamente convalidar el fraude electoral.

1.Cualquier conflicto debe resolverse en el marco del ordenamiento constitucional y con pleno respeto a la institucionalidad democrática. El artículo 45 de la Constitución es claro cuando establece que los funcionarios públicos -incluyendo los congresistas- solo pueden ejercer el poder “en marco de las facultades y competencias expresamente reconocidas por la ley y la Constitución”. No se puede ejercerse este poder por fuera del ordenamiento jurídico.

2.Nadie puede ser desviado de los procedimientos establecidos. Asimismo, el artículo 139.3 de la Constitución establece de manera indubitable que, “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos”.

3.No hay ley que regule legislativamente qué es “causa grave”. En relación con la inminente remoción de los miembros de la JNJ. De acuerdo con el artículo 157 de la Constitución, “Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos [solo] por “causa grave” mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros”. Y hasta el momento, no hay ninguna ley del Congreso que haya desarrollado qué debe entenderse por “causa grave”. Mientras tanto esta norma no puede desplegar sus efectos normativos.

4.Nadie puede ser sancionado por causales previa y claramente establecidas. Una de las garantías del debido proceso, aplicable a los procedimientos parlamentarios, según jurisprudencia consolidada (Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, párrs. 69-70), es que el Estado solo pueden ejercerse materialmente facultades sancionadoras, si estás están previamente establecidas y de forma clara (STC No 00012-2006-AI/TC, f.j. 17-22). En efecto, el principio de taxatividad exige que la conducta infractora a ser sancionada debe estar clara y adecuadamente descrita, a efectos que las personas ajusten su conducta a dicho parámetro. De lo contrario, si esta es ambigua o imprecisa, las personas no van a poder saber cuándo han incurrido en un acto prohibido, dando pie a una discrecionalidad y a posibles abusos por parte del poder político, tal como ocurre en este caso. En este caso, no está previsto qué debe entenderse por “causa grave”. A partir de esta norma se desprende una exigencia que las causales de destitución de los miembros de la JNJ estén previamente establecidas y estén claramente delimitadas en los procedimientos parlamentarios.

5.El presidente del JNE no puede ser acusado constitucionalmente. En relación con la remoción del presidente del JNE, el presidente del JNE no se encuentra entre los altos funcionarios que pueden ser acusados por infracción a la Constitución, de conformidad con el artículo 99 de la Constitución. Esto es objetivo e indiscutible. Es más, esto lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, cuando en el ítem 5 de la STC No 00003-2022-CC, exhorta al Congreso a modificar el artículo 99 de la Constitución y el Reglamento del Congreso de la República para que el presidente del JNE puede ser acusado constitucionalmente.

6.Grave afectación al principio de separación de poderes. Consideramos que el Congreso está usurpando facultades que no le corresponden. La voluntad del Congreso de remover a los miembros de la JNJ y al presidente del JNE resulta incompatible con el artículo 43 de la Constitución, que establecen que el Estado “se organiza según el principio de la separación de poderes”. El principio de separación de poderes implica también no solo autonomía entre los poderes, sino la existencia de controles mutuos entre poderes. La idea es que los poderes se controlen mutuamente y se equilibren. En este caso vemos como el Congreso pretende controlar a otros poderes del Estado.

 

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