¿Por qué se ha producido la arremetida contra el sistema de justicia?
La formación de una comisión multipartidaria en el Congreso, que tiene la misión de presentar una propuesta de reforma del sistema de justicia, es una muestra de la disconformidad del poder político ante la actuación de los operadores de justicia en este escenario de impunidad y corrupción.
Para la abogada del Área de Justicia Viva del IDL, Cruz Silva, la razón de este ataque frontal es que los jueces no están aplicando la ley 32107 que prescribe los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2022. “No ha sido aplicada porque hay jueces y fiscales que han señalado que esa disposición viola la Convención Americana de Derechos Humanos y los principios del Derecho”, sostiene.
Otro motivo es que están en curso en el Ministerio Público y en el Poder Judicial varias investigaciones y procesos que comprometen al Ejecutivo (a la presidenta y a varios de sus exministros) como el de las matanzas de 2022 y 2023, “Qali Warma”, “los Waykis en la sombra”, el abandono del cargo por cirugías estéticas de Boluarte, entre otros. Asimismo, el caso “Los Niños”, que involucra a varios congresistas. Por eso es que ambos poderes están interesados en remover a los operadores de justicia que les son incómodos.
“Por otro lado, hay jueces y fiscales que han dicho públicamente que se tiene que respetar la separación de poderes y la independencia judicial y fiscal. A la actual presidenta del Poder Judicial, Janeth Tello, le tienen ojeriza porque el año pasado ella sostuvo ante la Comisión de Justicia, y frente al congresista Muñante, que la sala plena de la Corte Suprema podía elegir qué agenda debatir. (Se refería al caso de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, a la que el Congreso inhabilitó por no haber investigado al entonces presidente Pedro Castillo). Luego de eso, se intensificó la arremetida contra el Poder Judicial, algo que no ocurrió cuando Javier Arévalo era su presidente. Es evidente que los funcionarios que establecen los límites legales y constitucionales del poder político no son garantía para los planes de impunidad”, manifiesta Cruz Silva.
Estos grupos que se han aliado en el Congreso para imponer una agenda antiderechos y antidemocrática están todavía más empoderados luego del triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos y quieren emular muchas de sus políticas. La abogada precisa: “Actualmente, en ese país, los magistrados federales han sido amenazados y corren peligro de ser sometidos a un impeachment (antejuicio político) porque al Ejecutivo no le gustan las decisiones del Poder Judicial Federal que está conteniendo las reformas legales que violan los derechos de niños, de la comunidad LGTBIQ, de los migrantes, entre otras. Por eso es que los jueces norteamericanos están formando organizaciones para defenderse del Poder Ejecutivo que atenta contra su independencia”.
¿Qué quieren hacer con el sistema de justicia peruano? La abogada sostiene que, en primer lugar, van a crear organismos dentro del sistema de justicia que coloquen a funcionarios que estén sometidos al poder político, y que ya deben tener un plan para realizar nuevos nombramientos de altos funcionarios del sistema. Algo muy parecido a lo que hizo la dictadura de Fujimori con la creación de las comisiones especiales tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público.
Añade: “Teniendo en cuenta quiénes componen la Junta Nacional de Justicia y la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, se viene la separación y criminalización de ciertos jueces y fiscales que no le gustan al poder político, como ha ocurrido en Guatemala. También habrá un mayor control y un manejo arbitrario del presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público, debido a que habrá poca fiscalización y una presunta corrupción. A esto se le sumará el cese de magistrados supremos y el ascenso de los que están como adjuntos supremos o como superiores, de los presidentes de cortes superiores o de las juntas de fiscales superiores. Además, se criminalizará y perseguirá a los operadores de justicia que son independientes por medio de denuncias constitucionales en el Congreso. Ese es un mecanismos que se ha usado contra fiscales y jueces supremos, como en el caso de Jorge Salas Arena, ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones”.
Es inviable una reforma del sistema de justicia en un escenario de crisis de derechos humanos y de corrupción. «Así estamos desde el 2022 cuando se produjeron las matanzas en el sur del país el informe del 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, resalta Cruz Silva. Para ella es indispensable que una reforma democrática no sea liderada por quienes están siendo investigados por el sistema de justicia. Además, los que la lleven a cabo tienen que tener legitimidad, y no haber promovido leyes a favor del crimen organizado.
“Por último, una reforma debe ser participativa, y no involucrar solo a los actores políticos. Los operadores de justicia, sociedad civil , la ciudadanía y las poblaciones vulnerables – pueblos indígenas, mujeres, migrantes- deben participar porque ellos son los beneficiados o los perjudicados”, finaliza.