IDL y Proética presentan informe sobre protección a defensores indígenas a funcionarios del Estado

IDL y Proética presentan informe sobre protección a defensores indígenas a funcionarios del Estado

El estudio elaborado  por  el IDL y Proética – Capítulo Peruano de Transparencia Internacional “Mecanismo en emergencia. Balance del primer año de funcionamiento del ‘Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos’ en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana”, fue presentado a funcionarios del Estado el miércoles 20 de julio, en una reunión desarrollada en el local del Instituto de Defensa Legal.

El informe da cuenta de la situación de indefensión en la que se encuentran los pueblos indígenas, acechados por las economías ilegales.  Muestra de ello es que  22 personas defensoras fueron asesinadas o desaparecidas en contextos de defensa de sus derechos. 10 fueron asesinadas durante el 2020, 7 en el 2021 y 5 en lo que va del 2022. De ese total, 20 incidentes ocurrieron en la Amazonía, sobre todo en el cinturón de la selva central; 19 víctimas eran indígenas.

La investigación concluye que el perfil de víctima más recurrente es el del miembro de una comunidad indígena amazónica, involucrado políticamente en la defensa de derechos humanos y ambientales. La mayoría ejercía cargos de autoridad, como jefes comunales, dirigentes o monitores encargados de la supervisión y vigilancia de sus territorios. Así mismo, casi todas las víctimas indígenas estaban implicadas en conflictos sociales por disputas de naturaleza territorial, mientras que los perpetradores suelen estar vinculados a economías ilegales.

El equipo coordinador de la investigación estuvo conformado por Álvaro Másquez Salvador (IDL), Francisco Rivasplata (Proética) y Sebastián Delgado Céspedes (IDL). Además, colaboraron en este trabajo Jacopo Tosi, Magaly Avila y Juan Carlos Ruiz Molleda.

En la reunión, por parte del Estado, asistieron:  Edgardo Rodríguez Gómez, director general de la Dirección General Derechos Humanos del MINJUSDH; Daniel Oswaldo Rojas Ampuero, de la Dirección de Comunidades Campesinas, Nativas y de Gestión Social; Silvia Abazalo Jara, directora de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior; Juan Antonio Gil Núñez, coordinador de Derechos Humanos de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior; Milagros Granados Mandujano, abogada de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales; Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo; y Karina Quiroga Brioso, comisionada de la Defensoría del Pueblo.

Puede descargar el informe en este enlace: https://bit.ly/3zj78Q2

 

 

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