Presentan demanda en contra de normas que permiten convenios entre Policía Nacional y empresas extractivas
El Colegio de Abogados de San Martín, representado por el decano Orlando Santillán, ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, para que se derogue la ley que permite a la Policía Nacional realizar convenios con empresas extractivas.
Se trata del Decreto Legislativo N° 1267 o Ley de la Policía Nacional, cuya sexta disposición permite a la institución policial brindar servicios de seguridad extraordinarios a las empresas extractivas a cambio de una remuneración económica.
Katherine Páucar, de EarthRights International, sostiene que el monto establecido para que las empresas paguen a la PNP por los gastos de prestación de servicios (seguridad externa de las instalaciones vinculadas a la explotación o transporte de recursos naturales) es de 15.35 soles por hora, aunque el monto ha bajado a 10.54 soles por hora en los convenios firmados los años pasados. “Por ejemplo, la Macro Región Policial de Cusco ha recibido, entre el 2015 y el 2018, 4’1333,606.86 soles de la Minera Las Bambas”, precisa.
El Gobierno argumenta que los convenios son necesarios para garantizar el orden público. Pero los efectivos policiales brindan un servicio privado con el uniforme y el armamento brindado por la Policía Nacional. “Esto confunde a los comuneros que piensan que los policías están a favor de la empresa y no de los pobladores. Hay una discriminación indirecta porque se transgreden los derechos de los pueblos indígenas”, manifiesta Álvaro Másquez, del Instituto de Defensa Legal”.
En el país se han suscrito 138 convenios de esta naturaleza, de los cuales 29 están aún vigentes. Éstos pervierten la función policial, pues la comercializan y privatizan a favor de las empresas extractivas y en perjuicio de la población. Según Juan Carlos Ruiz, del IDL, “este tipo de contratos vulneran el derecho de la población a la seguridad ciudadana, violan los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho”.
La demanda en contra del presidente Vizcarra, del primer ministro Del Solar, del presidente del Congreso Daniel Salaverry y de algunos mandos policiales, persigue que se anulen las normas que sirven para la celebración de los convenios, y que el Congreso de la República y el Ejecutivo respeten los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos cuando emitan nuevas leyes,.
El Instituto de Defensa Legal y EarthRights International patrocinan al Colegio de Abogados de San Martín en este proceso.
Entrar al resumen de la demanda en este enlace.