Presentan pruebas nuevas en caso de campesinas violadas por militares en comunidades Manta y Vilca (La República)
Noticia publicada en La República el 30/05/19
Se trata de pericias psicológicas que le realizaron a las agraviadas en el año 2010. También una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado peruano por violación sexual como forma de tortura y delito de lesa humanidad.
La audiencia por el caso Manta y Vilca prosiguió el miércoles 29 de mayo con la presentación de pruebas nuevas a cargo de los abogados de las mujeres que fueron violentadas sexualmente por personal de las bases militares acantonadas en estas dos comunidades huancavelicanas entre los años 1984 y 1995.
Estas pruebas tienen que ver con las pericias de parte que tres profesionales del Centro de Atención Psicosocial (CAP) realizaron para las agraviadas en el año 2010. Las prácticas ejecutadas acreditan los síntomas y signos del estrés pos trauma que sufrieron las campesinas como consecuencia del abuso sexual a que las sometieron, según informó el abogado de IDL, Juan José Quispe.
Asimismo, han solicitado la presencia de la psicoanalista Matilde Ureta, quien ha sido perita en otros casos de violación de derechos humanos durante los años de violencia que vivió el país.
Otra de las pruebas que presentaron los abogados, como antecedente, es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Gladys Espinoza, quien fue agredida sexualmente por miembros de la Policía Nacional en los ambientes de la Dincote.
“Este es un caso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado peruano por violación sexual como forma de tortura y como delito de lesa humanidad. Es un caso similar al que cometieron los miembros del Ejército con las pobladoras de Manta”, explicó Quispe.
En la próxima audiencia que será el 5 de junio a las 2:30 de la tarde le toca a la defensa de los acusados presentar sus pruebas nuevas.
El abogado de IDL señaló que los asesores legales de los militares acusados han tomado una nueva estrategia que consiste en oponerse y tachar las pruebas nuevas y los pedidos que hace el Ministerio Público y la parte civil.
“Han hecho formar cuadernos incidentales para que después sean elevados a la Corte Suprema. La intención de ellos es que esta última instancia verifique si es procedente o no la recusación que plantearon contra el tribunal al considerar que se está parcializando con la parte civil. Lo grave es que si la Corte Suprema les da la razón el juicio volvería a fojas cero”, manifestó Juan José Quispe.
También refirió que recién en la audiencia pasada el Ministerio de Defensa ha enviado a un abogado representante como tercero civil responsable.
Ante este hecho, la fiscalía ha solicitado a la Sala que oficie al Ministerio de Defensa para que remita los legajos personales, los operativos y la relación del personal de las bases militares de Manta y Vilca desde 1984 a 1995, y mencione los apelativos que utilizaron.
De haberse incinerado, Defensa deberá enviar la relación de todos expedientes de esos años que fueron quemados. Existe una norma que faculta a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a quemar archivos antiguos, pero previamente se hace una relación detallada de qué es lo que se está destruyendo.