PRONUNCIAMIENTO
CONGRESO PERPETRA ACTO DE VENGANZA POLÍTICA CONTRA FISCAL DE LA NACIÓN
El día de ayer la Comisión Permanente del Congreso ha perpetrado un acto de venganza política contra la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, al aprobar un dictamen que propone al pleno inhabilitarla para la función pública por 10 años.
En octubre de 2024, Fuerza Popular, con el respaldo de los grupos políticos que controlan el Congreso, presentaron una acusación constitucional contra los fiscales supremos Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Zoraida Avalos y Juan Carlos Villena por el hecho de que este último, cuando era Fiscal de la Nación interino, aprobó un Reglamento para la Investigación Fiscal del Delito para la adecuación de la ley 32130, la cual -contra el texto expreso de la Constitución Política- le otorgó la dirección de la investigación preliminar a la Policía Nacional.
Es un hecho acreditado que el mencionado Reglamento fue aprobado por el entonces Fiscal de la Nación Villena Campana, como parte de sus atribuciones legales, y no por la Junta de Fiscales Supremos.
A pesar de ello, el fujimorismo denunció a los cuatro fiscales supremos, con el único objetivo de plasmar un sometimiento político de la fiscalía como respuesta a las denuncias constitucionales que desde la Fiscalía de la Nación se han presentado contra un número importante de congresistas por diversos delitos.
En ese contexto de hostigamiento y persecución política contra los fiscales supremos, la Comisión Permanente solo ha aprobado el dictamen acusatorio presentado contra la actual Fiscal de la Nación Delia Espinoza, en el que se propone su inhabilitación por 10 años de la función pública.
El apuro con el que Congreso ha decidido actuar en este caso está dirigido a entorpecer el mandato que el Poder Judicial acaba de emitir disponiendo la restitución de Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación. Así, el Congreso actúa en evidente contubernio político con la Junta Nacional de Justicia, entidad que se encuentra en desacato de ese mandato judicial.
No cabe duda que, ante la cercanía de las elecciones generales, los grupos políticos que controlan el poder en el Congreso, pretenden establecer las mejores condiciones para la existencia de un Ministerio Público amigable y sometido a los intereses políticos y económicos de los partidos, para lo cual, es indudable que están embarcados en una campaña de aniquilamiento de la independencia del sistema de justicia y, con ello, del Estado de derecho.
Lima, 26 de noviembre de 2025
Instituto de Defensa Legal