Pronunciamiento de IDL frente al inminente quiebre del Estado Constitucional de derechos por el Congreso de la República

Pronunciamiento de IDL frente al inminente quiebre del Estado Constitucional de derechos por el Congreso de la República

Ante el inminente copamiento del sistema de justicia por grupos políticos y mafias corruptas que quieren anular las investigaciones y los procesos judiciales en curso, y que quieren controlar el sistema electoral para orquestar sus planes de fraude cuando les convenga, el Instituto de Defensa Legal manifiesta lo siguiente:

1.Cualquier conflicto debe resolverse en el marco del ordenamiento constitucional y con pleno respeto a la institucionalidad democrática. El artículo 45 de la Constitución es claro cuando establece que los funcionarios públicos -incluyendo los congresistas- solo pueden ejercer el poder “en el marco de las facultades y competencias expresamente reconocidas por la ley y la Constitución”. Remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por fuera de los procedimientos establecidos es nulo.

2.En relación con la inminente remoción de los miembros de la JNJ, el artículo 157 de la Constitución establece que “solo pueden ser removidos por ‘causa grave’, mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto de los dos tercios del número legal de miembros”. Hasta el momento, no hay ni una sola ley del Congreso que haya desarrollado qué debe entenderse por “causa grave” y, por lo tanto, esta norma no puede aplicarse mientras no se le reglamente.

3. En relación con la remoción del presidente del JNE, este no se encuentra entre los altos funcionarios que pueden ser acusados por infracción a la Constitución, de conformidad con el artículo 99 de la Constitución. El propio TC en un reciente fallo ha exhortado al Congreso a primero modificar la Constitución, y luego modificar el Reglamento del Congreso para acusar constitucionalmente al presidente del JNE.

4.Consideramos que el Congreso pretende remover a altos funcionarios de forma irregular, violando el artículo 139.3 de la Constitución, que precisa lo siguiente: “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos”.

5. La voluntad del Congreso de remover a los miembros de la JNJ y al presidente del JNE no solo viola la autonomía e independencia de ambos órganos constitucionales, sino que resulta incompatible con el artículo 43 de la Constitución, que establece que el Estado “se organiza según el principio de la separación de poderes”.

6.De producirse la inhabilitación de la JNJ y la destitución del presidente del JNE estaremos ante un quiebre del Estado de derecho y del orden constitucional.

 

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