Pronunciamiento del IDL ante asesinato de defensor ambiental Quinto Inuma

Pronunciamiento del IDL ante asesinato de defensor ambiental Quinto Inuma

Ante la indolencia del Estado, asesinan al líder indígena Quinto Inuma Alvarado. Exigimos justicia, reparación y protección real para las vidas y territorios del pueblo kichwa acosado por la tala ilegal y el narcotráfico.

Con relación al asesinato del apu Quinto Inuma Alvarado, jefe de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayaku y autoridad del pueblo kichwa, el Instituto de Defensa Legal señala lo siguiente:

  1. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los deudos del apu Quinto Inuma Alvarado, así como al vicejefe comunal Meyster Inuma Pérez y la comunera Axceldina Barbarán Tapullima que fueron víctimas del atentado acaecido el pasado 29 de noviembre mientras volvían a casa. El daño al movimiento indígena es incalculable y más la rabia frente a un crimen que bien pudo evitarse. Compartimos su dolor y, en nuestro rol de asesores legales que venimos acompañando a la comunidad de Santa Rosillo de Yanayaku, renovamos nuestro compromiso con las causas del pueblo kichwa y todos los pueblos violentados en los Andes y la Amazonía del Perú.
  2. Repudiamos a los operadores de la tala ilegal y el narcotráfico que generan violencia contra los pueblos indígenas de la región San Martín y que son directamente responsables. Su presencia impune en el territorio, que sigue incrementándose día a día, refleja la incapacidad del Estado para ejercer autoridad en la Amazonía y condena a los pueblos indígenas a vivir sin seguridad y en zozobra permanente.
  3. Responsabilizamos a las autoridades del Estado, en especial a las autoridades del Gobierno Regional de San Martín y su Dirección Regional de Agricultura, por no atender a tiempo las urgencias de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayaku que por décadas viene exigiendo un título de propiedad para defenderse de los asentamientos de foráneos vienen apropiándose de sus tierras. Año tras año han gastado tiempo, dinero y energías en reuniones inútiles con autoridades regionales y nacionales sin conseguir la anhelada titulación. La Mesa Técnica de Titulación de Comunidades Nativas de la Región San Martín y su comisión ad hoc para titular a la comunidad han fracasado en su objetivo y, dos años después de ser creadas, siguen entrampando el proceso.
  4. Alertamos a la ciudadanía que el fallecido apu Quinto contaba con medidas de protección otorgadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en virtud de su rol como defensor de derechos humanos, así como con garantías personales del Ministerio del Interior. Una vez más se evidencia que el “Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, incluyendo a la flamante Mesa Regional en la región San Martín, poco o nada funciona en la práctica y son necesarias reformas profundas que aborden los problemas estructurales que sufren las y los defensores indígenas Obstáculos como la falta de presupuesto, espacios de coordinación de alto nivel o el involucramientos real de sectores clave como Interior o Agricultura persisten y hacen suponer que la violencia seguirá sin detenerse. Lamentamos que la negligencia del Estado, que contaba con información de cada una de las amenazas que sufría el apu Quinto, haya resultado en esta tragedia para todo el pueblo kichwa.
  5. Exigimos medidas de reparación inmediatas para los deudos del apu Quinto y los dirigentes heridos, incluyendo la atención médica integral, indemnizaciones y sobre todo la titulación de Santa Rosillo de Yanayaku. Este caso comprueba la urgencia de abordar la inseguridad territorial como factor estructural de la violencia en la Amazonía; es decir, necesitamos comunidades y pueblos con títulos de propiedad colectivos que estén bien georreferenciados e inscritos en los Registros Públicos más protección estatal frente a invasiones. Todos los niveles y sectores del Estado deben trabajar articuladamente y con rapidez para dar protección al territorio de la comunidad y todo el pueblo kichwa de la Amazonía. Su supervivencia depende de ello.
  6. En solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM) y la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (FEPIKECHA), pedimos al Poder Ejecutivo declarar en emergencia los distritos de Huimbayoc, Chirupana y Papaplaya, brindándoles atención urgente y prioritaria para garantizar la seguridad de los líderes y lideresas kichwa.
  7. Solicitamos a la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad derive el caso a la Fiscalía Supranacional Especializada en Criminalidad Organizada, dada la gravedad de la situación y circunstancias de los hechos, y la falta de confianza de las autoridades del sistema de justicia del Distrito Fiscal de San Martín que por años han sido testigos y responsables de las investigaciones por las denuncias del apu Quinto en su labor de defensor desde el 2017 y que a la fecha no han tenido resultado alguno. Este caso demanda la intervención de todos los órganos especializados del Estado, empezando por la Policía Nacional, para colaborar con la investigación y resultar en una condena ejemplar sobre estos hechos. ¡Nunca más impunidad!

Lima, 30 de noviembre de 2023

 

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