Pronunciamiento del IDL sobre el derrame de seis mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla
Ante el derrame de alrededor de seis mil barriles de petróleo por el buque italiano Mare Dorium en el mar de Ventanilla, en una terminal de Refinería La Pampilla S.A.A., operada por la multinacional Repsol, desde el IDL manifestamos lo siguiente:
1. Condenamos la actuación negligente de las empresas responsables del derrame de petróleo, un auténtico crimen ambiental en el corazón de Lima Metropolitana y El Callao, en la medida en que se ha evidenciado que carecían de un plan de contingencia para enfrentar el desastre ecológico y por no haber tomado todas las medidas necesarias para atender inicialmente la emergencia. Principios constitucionales e internacionales del Derecho Ambiental, como la debida diligencia y la internalización de costos, exigen que Refinería La Pampilla S.A.A. y Repsol asuman la responsabilidad de lo ocurrido.
2. Exigimos a las empresas responsables implementar todas las acciones necesarias para remediar, en el mayor grado posible y en el plazo más breve, los daños ambientales ocasionados a lo largo de más de 1’739,000 metros cuadrados de ecosistemas marinos afectados. Refinería La Pampilla S.A.A. y Repsol deben respetar los derechos humanos y de la naturaleza. Ello significa que deben abstenerse de producir daños a las personas y al medio ambiente, así como adoptar medidas de prevención, mitigación y rendición de cuentas en materia ambiental. Debemos recordar que esta no es la primera vez que las empresas responsables son denunciadas por cometer infracciones ambientales.
3. De manera inmediata, el Ejecutivo debe de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de los ecosistemas marinos afectados por el derrame de petróleo, incluyendo a las especies de flora y fauna oceánicas y de la superficie costera. Debe tomarse especial atención a la situación de la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores y la Zona Reservada Ancón, por ser áreas naturales protegidas en situación de alto riesgo. Asimismo, se debe proteger la vida e integridad de las poblaciones directamente afectadas, incluyendo a las organizaciones pesqueras y a quienes dependen los recursos hidrobiológicos para su subsistencia.
4. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio Público deben tomar las acciones correspondientes para lograr sanciones ejemplares, penales y administrativas, contra las empresas responsables del derrame de petróleo. En el caso de OEFA, además, demandamos la adopción de medidas preventivas de carácter inmediato para asegurar el recojo del crudo de petróleo.
5. Recordamos que el Estado peruano posee también un nivel importante de responsabilidad por no haber adoptado todas las medidas necesarias de prevención. De acuerdo a los estándares interamericanos de protección a los derechos humanos, existen cuatro obligaciones que deben cumplir los estados en contextos de actividades empresariales: i) regular y adoptar disposiciones de derecho interno, ii) prevenir violaciones a los derechos humanos en el marco de actividades empresariales, iii) fiscalizar tales actividades e iv) investigar, sancionar y asegurar el acceso a reparaciones integrales para víctimas en dichos contextos” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2020: Empresas y Derechos Humanos, párr. 86).
6. Por último, hacemos un llamado de atención a la comunidad nacional a prestar el mismo interés a los derrames de petróleo ocurridos en otras partes del país, como por ejemplo en la Amazonía. Allí, a lo largo de los últimos veinte años, se han registrado más de 200 derrames de crudo que han golpeado duramente a los pueblos indígenas y otras poblaciones ribereñas, sin que hasta el día de hoy se las haya reparado por completo o restaurado el medio ambiente. Aprovechamos una vez más en condenar el accionar de las empresas responsables y exigir una severa rendición de cuentas.