Pronunciamiento del Instituto de Defensa Legal sobre el proyecto aprobado por el Congreso para deforestar la Amazonía y que promueve la impunidad para las organizaciones criminales

Pronunciamiento del Instituto de Defensa Legal sobre el proyecto aprobado por el  Congreso para deforestar la Amazonía y que promueve la impunidad para las organizaciones criminales

El Pleno del Congreso aprobó el Dictamen de la Comisión Agraria recaído en los Proyectos de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 2315/2021-CR con texto sustitutorio que propone la “Ley que modifica la Ley 29763, Ley forestal y de fauna silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal”. El dictamen aprobado habilita que tierras con aptitud forestal pasen del régimen de protección de los recursos naturales al régimen agrario, a través de la eliminación de los requisitos de calificación de tierras y de la prohibición de cambio de uso. Lo que busca en realidad es convalidar la deforestación, y, más en concreto, lo que persigue es legalizar y formalizar actividades ilícitas.

El Instituto de Defensa Legal – IDL denuncia que el dictamen aprobado por el Congreso es nulo por razones de forma y de fondo:

1.Las normas constitucionales que regulan el régimen constitucional de los recursos naturales y del patrimonio forestal son normas que tienen la mayor jerarquía en el sistema de fuentes jurídicas (artículo 51 de la Constitución), son de aplicación inmediata (artículos 38 y 45 de la Constitución) y protegibles a través de los procesos constitucionales (artículo 200 de la Constitución).

2. En cuanto a la forma: Toda personas funcionaria pública (artículo 45 de la Constitución) debe ejercer su poder en el marco de las competencias que le son atribuidas. Cuando se excede en las competencias, entonces la decisión carece de efectos jurídicos. Es un exceso de competencias que el dictamen intente a través de una ley alterar de contenido el marco constitucional. El dictamen viola el modelo constitucional recogido en los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Constitución, toda vez que desconoce que el patrimonio forestal, es patrimonio de la nación, está bajo el régimen de protección de los recursos naturales (no del régimen agrario), de dominio eminencial del Estado (no del dominio público), y que no puede ser objeto de aprovechamiento privado y particular.

3.Al intentar el dictamen a través de una ley ordinaria del Congreso alterar este régimen constitucional, incurre en un vicio de nulidad, por un principio de jerarquía normativa, en consonancia con el artículo 51 y segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución.

4.Además, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo esta aprobación debió ser consultada a pueblos indígenas. La consulta previa es un derecho constitucional que se aplica a medidas administrativas y legislativa que afectan a pueblos indígenas.

5. En cuanto al fondo: El dictamen afecta el derecho fundamental a disfrutar de un ambiente equilibro y adecuado a la vida. Según, el último párrafo del artículo 31 de la Constitución, todo acto que restrinja un derecho fundamental es nulo y punible, en consonancia con el artículo 10.1 de la Ley general de procedimientos administrativos, aprobada por Ley No 27444.

6.El dictamen debilita nuestra posicionamiento mundial, pues pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales para mitigación del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La deforestación, que esta norma promueve, es un factor de riesgo para la supervivencia de la humanidad y para el mantenimiento de las condiciones de vida sostenidas en la Tierra. Para combatir la pérdida de la biodiversidad, el Parlamento Europeo aprobó una ley para garantizar que sus insumos y productos no provengan de tierras deforestadas.

7.En virtud del principio de retroactividad benigna en materia penal, recogida en el artículo 103 de la Constitución, que consiste en la aplicación de la ley penal más favorable al reo, la aprobación de este dictamen traería como consecuencia, que todas las investigaciones policiales, fiscales y los procesos judiciales contra los taladores y madereros serían archivados, dejan en la impunidad la deforestación de miles de hectáreas de la Amazonía.

En consecuencia:

  1. Exigimos al Congreso que evalúe nuevamente el dictamen aprobado y lo rechace a fin de considerar los derechos de la población peruana y el interés general de la humanidad.
  2. Solicitamos al Ejecutivo que observe el dictamen aprobado.
  3. En caso, el dictamen sea incorporado en el ordenamiento: Exhortamos a las autoridades jurisdiccionales que inapliquen la norma, a través del control difuso, por sus evidentes vicios de forma y de fondo
  4. Solicitamos a las personas funcionarias que, en virtud del control de convencionalidad, inapliquen la norma por vulnerar derechos humanos.
  5. Pedimos a instituciones que cuenten con legitimidad para obrar, que presenten una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, a fin de resgurdar el funcionamiento del Estado ambiental de derecho.

 

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