Pronunciamiento: El Congreso busca alterar la Constitución para socavar el equilibrio de poderes
El Congreso ha aprobado en dos horas -sin dictamen, sin debate y sin deliberación previa- la modificación de cinco artículos de la Constitución. Este proyecto de reforma constitucional vulnera el orden democrático, la estabilidad política y la propia Constitución; además de debilitar el modelo semipresidencial del Estado.
Ante estos hechos, el Instituto de Defensa Legal plantea lo siguiente:
- El proyecto es inconstitucional por la forma en que fue aprobado y por su propio contenido. El primer vicio se encuentra en la falta de deliberación pública del proyecto durante su rápida aprobación, como exige el artículo 105 de la Constitución. Más aún, por tratarse de una ley que modifica aspectos sustanciales del texto constitucional. El Tribunal Constitucional (TC) ha señalado ya que esta clase de proyectos no pueden ser aprobados por el Pleno del Congreso sin contar antes con el dictamen favorable de las comisiones parlamentarias.
- El segundo y más importante vicio de inconstitucionalidad se encuentra en la violación del principio de separación de los poderes públicos que establece el artículo 43 de la Constitución. Este proyecto no solo altera las prerrogativas del presidente de la República, sino fundamentalmente el régimen político definido por la Constitución en su conjunto.
- En ese sentido, se afecta el delicado equilibrio entre los poderes públicos y el sistema de controles y contrapesos, fortaleciendo peligrosamente al Poder Judicial y al Ministerio Público, en detrimento del Poder Ejecutivo. Con ello se desnaturaliza el modelo semipresidencial que también establece nuestra Constitución. Todos estos elementos forman parte de la estructura básica del Estado y del núcleo duro de la Carta Magna, como ha reconocido el TC al sostener que son “parte esencial del texto constitucional”. La estructura del Estado, en consecuencia, no puede ser modificada a través de una ley de reforma constitucional. De llevarse a cabo, implicaría “la destrucción de la Constitución”, en palabras del TC. La propuesta de ley de reforma constitucional socava la capacidad de control recíproco entre los poderes del Estado.
- Asimismo, se genera una posible afectación a la independencia de los altos funcionarios del sistema de justicia, reconocida en el artículo 139.2 de la Constitución y otras normas de igual jerarquía. Al eliminar el derecho de antejuicio de los miembros de instituciones como la Junta Nacional de Justicia o el Tribunal Constitucional, estos quedan vulnerables a intereses directa o indirectamente relacionados a los funcionarios que están bajo investigación en cada uno de estos órganos constitucionales. Asimismo, la potestad de denuncia, investigación y persecución va a recaer principalmente en el Ministerio Público, cuya Junta de Fiscales Supremos está conformada por miembros que están siendo investigados por ser parte y/o tener vinculación en la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, como Pedro Chávarry, Tomás Gálvez o Víctor Rodríguez Monteza.
- Las circunstancias en las que el Congreso ha aprobado esta grave modificación, luego de haberla desestimado sin justificación, dejan al descubierto la reacción política de algunas bancadas del Congreso que ahora tienen como objetivo generar un proceso de desestabilidad institucional para garantizar así, la protección de intereses económicos y políticos desde el Parlamento. El Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción no pueden ser sacrificadas en beneficio de componendas y de conveniencias políticas.
Por todas estas consideraciones, invocamos al Congreso a rectificar su decisión en la votación que se llevará a cabo en su segunda legislatura ordinaria. De persistir en su intento, invocamos al presidente de la República y a otras instituciones legitimadas -como la Defensoría del Pueblo, los gobiernos regionales, los colegios profesionales e incluso los propios congresistas de la República- a interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de reforma constitucional, en defensa del orden democrático y la institucionalidad.
Lima, 6 de julio de 2020