Pronunciamiento: Exigimos un plan estatal de protección a los pueblos indígenas frente a la pandemia

Frente al continuo avance del brote de la COVID-19 en el Perú y en la Amazonía, en donde ya se han confirmados al menos 17 contagios en miembros de los pueblos quechua, shipibo-conibo, awajún y matsés, y se sospechan de varios otros, el IDL manifiesta lo siguiente:

1. Los pueblos indígenas amazónicos presentan una elevada vulnerabilidad epidemiológica, con presencia de enfermedades crónicas e infecciosas como diabetes, hepatitis, tuberculosis, malaria, dengue, zika y VIH/SIDA, entre otras. Al mismo tiempo, poseen un acceso limitado a servicios de salud altamente precarizados. Es por ello reprochable que, a 51 días de haberse decretado el estado de emergencia nacional, no se cuente aún con políticas diferenciadas para proteger a la población indígena y salvaguardar sus necesidades más básicas: vida, salud y economía familiar. Es obligación del Estado peruano diseñar e implementar políticas públicas para atender los efectos de la pandemia en el mundo indígena. Urge un Plan Nacional de Acción Inmediata en Pueblos Indígenas frente a la Pandemia de la COVID-19.

2. El Plan Nacional debe ser multisectorial, multiactor y multinivel. Para ello, debe involucrar al Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social y el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, a los gobiernos subnacionales amazónicos (regionales, provinciales y distritales), y a las propias organizaciones indígenas. Cualquier estrategia estatal debe partir de una coordinación mutua. Así lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de cumplimiento obligatorio en el país. Se requiere de una articulación inmediata entre las direcciones regionales de salud (Diresa) y las microrredes de salud en territorios indígenas, con participación de sus organizaciones, para fortalecer su trabajo: contar con medidas de prevención en cada comunidad, difusión de información clave, protocolos para la atención de casos sospechosos y confirmados, el traslado de enfermos graves y los rituales funerarios.

3. El Ministerio de Salud y las Diresa deben incluir la variable étnica en sus informes diarios, reportando el número de nuevos contagios y fallecidos indígenas también a nivel de cada comunidad en todas las regiones amazónicas.
4. También es urgente, de parte de las municipalidades distritales, contar con protocolos de bioseguridad para la entrega de canastas de víveres y otros productos de primera necesidad a miembros de los pueblos indígenas. Tragedias como la ocurrida en Trompeteros (Loreto), donde una brigada municipal expuso a 19 comunidades achuar y uraninas al contagio, no pueden repetirse.
5. El MIDIS, igualmente, debe diseñar protocolos de bioseguridad para el cobro de cualquier subvención económica otorgada por el Estado a miembros de los pueblos indígenas. Viajar a centros urbanos y retornar luego a sus comunidades los expone a la COVID-19 y también a constituir nuevos vectores de contagio en sus territorios.
6. El Estado debe respetar el cierre de los territorios indígenas como la estrategia más efectiva para evitar el contagio de COVID-19, así como sus propios protocolos para prevenir la pandemia, en respeto a su autodeterminación y autogobierno. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben cooperar con las comunidades, así como también en las labores de vigilancia y monitoreo territorial.
7. Muchas actividades económicas en territorios indígenas –incluyendo informales e ilegales– continúan sin que a la fecha se las fiscalice o sancione. Si antes encontraban poco control estatal, ahora este se ha reducido todavía más. Un ejemplo es el caso de la comunidad shipibo-coniba de Santa Clara de Uchunya (Ucayali), que denuncia a la empresa Ocho Sur P. por continuar con el cultivo de palma en su territorio, a pesar de no contar siquiera con certificación ambiental. Los riesgos para los indígenas se multiplican con el continuo ingreso y salida de personal desde la plantación.El Ministerio Público, junto a la Policía Nacional y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, deben iniciar la fiscalización y sanción de las actividades económicas que expongan a los indígenas al contagio.

8. Resulta preocupante que, pese a la falta de políticas específicas para los pueblos indígenas, el Estado haya decidido reactivar ciertas actividades económicas, entre las que se incluyen a la industria forestal, minera y petrolera. Muchas de ellas jamás se detuvieron y, por el contrario, fueron los focos de transmisión de la COVID-19. Con ello se violan sus obligaciones constitucionales de restablecer la salud de los contagiados y prevenir nuevos casos. No es legítimo priorizar la economía sobre la salud. Por ello, cualquier protocolo de bioseguridad en estas industrias deberá ser consensuado con las organizaciones indígenas.
9. El Mincu debe garantizar la intangibilidad de todos los territorios habitados por pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI). No solo en las 3 reservas indígenas ya creadas, como hasta hoy, sino también en las 5 propuestas que continúan en trámite (algunas desde hace más de 20 años).
10. Finalmente, frente a los ya numerosos actos de corrupción denunciados públicamente, es prioritario redoblar la fiscalización a las municipalidades distritales y a la Policía Nacional con relación a la adquisición de alimentos e insumos médicos. Repudiamos a las autoridades que aprovechan el contexto actual de pandemia para enriquecerse a costa de los peruanos y peruanas más vulnerables, como los miembros de los pueblos indígenas que solicitan canastas de víveres para sobrevivir a la pandemia.

Crédito de imagen: Servindi.