Pronunciamiento: IDL en contra de sentencia del Tribunal Constitucional que favorece a procesados por corrupción

El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido, en días pasados, una sentencia en la cual declara nulas las diferentes normas que son importantes en la lucha contra la corrupción, ya que regulaban los procesos administrativos sancionadores impulsados por la Contraloría General de la República. Según el TC, estas normas violan principios constitucionales de legalidad penal y taxatividad.

Sobre el particular queremos manifestar lo siguiente:

• Esta sentencia deja sin efecto procesos administrativos sancionadores impulsados por la Contraloría General de la República contra miles de malos funcionarios públicos acusados de corrupción. Como consecuencia de este fallo, todos los sancionados -incluidos los involucrados en los casos de corrupción de los gobiernos regionales del Callao, Áncash o Arequipa- se rehabilitarían en sus funciones.
• Desde el IDL consideramos que existía otra manera de asegurar la legalidad en los procesos administrativos disciplinarios, sin llegar a sacrificar el principio constitucional de proscripción de la lucha contra la corrupción.
• El mismo Tribunal Constitucional ha constitucionalizado el principio de lucha contra la corrupción, al señalar que “se debe reafirmar una actitud judicial decidida en la lucha contra la corrupción”. (STC No 00006-2006-PCC/TC, f.j. 11). También ha establecido que “El proceso de lucha contra cualquier forma de corrupción -tanto aquellas vinculada al aparato estatal como las que coexisten en el ámbito de la sociedad civil- obliga a los clásicos poderes del Estado, a los cuales se suma el Tribunal Constitucional en el cumplimiento del deber de la jurisdicción constitucional concentrada y difusa, tomar medidas constitucionales concretas a fin de fortalecer las instituciones democráticas, evitando con ello, un directo atentando contra el Estado social y democrático de Derecho, así como contra el desarrollo integral del país”. (STC, No 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC, f.j. 54 y 55).
• Los principios de interpretación constitucional de concordancia práctica, unidad de la Constitución e interpretación sistemática, obligan al juez constitucional a hacer una interpretación armonizadora de todos los bienes jurídicos constitucionales involucrados, que module las consecuencias de esta sentencia, para no afectar la lucha contra la corrupción que desde la Contraloría se viene impulsando.
• Lamentamos que el TC no haya utilizado la técnica constitucional de ponderación y el test de proporcionalidad usado por él mismo en otros casos en donde colisionan dos bienes jurídico-constitucionales. En el proceso constitucional contra la legislación antiterrorista (STC No 00010-2002-AI), el tribunal no solo declaró nula la legislación cuestionada como ha hecho en este caso, sino que, midiendo las posibles consecuencias, expidió una sentencia que armonizaba, por un lado, el respeto al debido proceso en los procesos contra acusados de terrorismo, y por otro, la lucha contra el terrorismo emprendida por el Estado.
• Finalmente, saludamos y reconocemos el valiente voto singular de la magistrada María Elena Ledesma. En su voto expone argumentos que no fueron tomados en cuenta por los otros magistrados del Tribunal.

Lima, 29 de abril del 2019