Pronunciamiento: inadmisible acoso, “terruqueo” e incitación a la violencia contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones exige actuación urgente de las autoridades

En medio de las elecciones en las que se decide la Presidencia de la República del país, grupos de personas sobre todo vinculadas a la preferencia política partidaria del fujimorismo han dirigido ataques contra el juez supremo Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, entre los que se encuentra una convocatoria a su domicilio que pone en riesgo no solo su integridad sino también la de su familia. Al respecto, el Instituto de Defensa Legal junto con las instituciones abajo firmantes señalan y exigen lo siguiente:

1. El acoso, la incitación a la violencia y al odio, así como el “terruqueo”, son acciones y campañas ilegales e inadmisibles en un Estado Democrático, mucho más aún cuando el juez Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está cumpliendo con su trabajo y la función que constitucionalmente le ha sido asignada, la misma que ha sido reconocida como parte del sistema electoral por misiones internacionales observadoras en nuestro país.
2. Las críticas a los funcionarios públicos son necesarias y cumplen un esencial rol de fiscalización. Pero cuando no son objetivas y terminan siendo utilizadas para generar presiones indebidas en la función pública, no son protegidas por el derecho ni por el ordenamiento jurídico.
3. Los ataques y la incitación al odio y a la violencia, así como el “terruqueo” no tienen como única víctima al presidente del JNE, sino también a su familia y a la voluntad popular manifestada en las elecciones y respecto de la que el JNE tiene el deber de proteger más aun frente a ataques y campañas de desprestigio y estigmatización.
4. No solo se está violentando a un operador del sistema de justicia, sino también a un defensor de los derechos humanos de acuerdo a lo ya referido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en tantos casos regionales en los que la corrupción busca remover y desprestigiar a quienes solo cumplen con su deber. Así lo ha expresado en el informe “Corrupción y Derechos Humanos” del 2019.
5. En ese sentido, el Perú como país firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos está obligado a procurar protección al presidente del JNE, además de prevenir y sancionar estos ataques y campañas que además son difamatorias. Hacemos un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior a pronunciarse inmediatamente y ejercer sus funciones frente a estos actos que además generan zozobra en la población y merma la institucionalidad de un organismo tan importante como el Jurado Nacional de Elecciones.
6. Hacemos un llamado también al Poder Judicial a denunciar estos hechos y a proteger a quien es su representante en el máximo Jurado electoral, toda vez que lo que también se pone en riesgo con estos ataques es el respeto a la jurisdicción.
7. No se puede permitir que el desacuerdo de un grupo político partidario y sus simpatizantes con los procedimientos y resultados de un proceso electoral sobre el cual hay diversos observadores y en el que se han ampliados los márgenes de transparencia pública, derive en estos actos reprochables que se condicen con hechos ilegales e incluso delictuales. Todos y todas, y más aún los líderes políticos, están obligados a respetar los cauces institucionales más aun en estos momentos en que se está expresando la voluntad popular en los resultados electorales. Se necesita calma y tranquilidad, no ataques, incitaciones a la violencia y al odio, difamaciones, estigmatizaciones y terruqueos.