PRONUNCIAMIENTO: Justicia para las mujeres de Manta y Vilca
La Corte Suprema de Justicia ha confirmado la sentencia condenatoria impuesta contra 7 elementos del Ejército Peruano en el caso de las violaciones sexuales perpetradas en las comunidades de Manta y Vilca (Huancavelica) durante el conflicto armado interno, entre 1984 y 1993. Ante ello, el Instituto de Defensa Legal manifiesta lo siguiente:
- Se trata de un precedente histórico en el que se declara que se ha acreditado que la violación sexual fue una práctica sistemática y obediente a un plan de intimidación contra mujeres campesinas y quechuahablantes, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
- Tras la presentación del Informe Final de la CVR (2003), un grupo de mujeres pobres y olvidadas iniciaron, con sus desgarradores testimonios, un largo y difícil camino para acceder a la verdad y la justicia. Más de dos décadas después, ha concluido un proceso judicial sin precedentes, en el que se logró acreditar que, en zonas bajo control militar, aquellos que debían brindar seguridad a la población civil utilizaron su poder para cometer crímenes sexuales contra mujeres, en su mayoría menores de edad.
- Durante muchos años todos los crímenes cometidos contra las mujeres de Manta y Vilca quedaron en la impunidad, como una muestra de la postergación y el olvido hacia las mujeres campesinas, pero también de la más absoluta inacción de sistema de justicia. El testimonio y la persistencia de las mujeres ha cambiado esa terrible historia, ya que han logrado no solo ser escuchadas y reconocidas como víctimas de un crimen atroz, sino que el sistema de justicia actúe, como le corresponde, identificando, juzgando y sancionando a los responsables.
- Dos de los aspectos más relevantes que aporta este caso han sido, por un lado, la incorporación y utilización de nuevos estándares probatorios para la valoración de los crímenes sexuales perpetrados en el pasado, y, por otro lado, que las características y circunstancias de su comisión determinan que se tratan de crímenes de lesa humanidad.
- Ante ello, la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado con solvencia una posición institucional del Poder Judicial, declarando que las leyes de impunidad, de prescripción de crímenes de lesa humanidad (32107) y de amnistía (32419) son inaplicables por contravenir el orden jurídico constitucional y el que proviene del derecho internacional, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Instituto de Defensa Legal
Lima, 3 de noviembre de 2026
