Pronunciamiento: La Junta Nacional de Justicia inicia el camino para la protección de la independencia del Ministerio Público

Ante la investigación preliminar a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, anunciada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por los cambios realizados en los equipos de fiscales, el Instituto de Defensa Legal señala lo siguiente:

1. Siendo el caso más importante que la JNJ tendría hasta ahora, es importante que se realice con la máxima transparencia. Por ello, es necesario conocer los hechos concretos por los que se abre la investigación: si es que se abrió de oficio o por medio de denuncia de terceros, quién será el miembro instructor, los plazos que se tiene de acuerdo a ley para resolver el caso y la prevención de conflictos de interés.

2. La decisión de la JNJ es saludable y se ajusta a derecho. El cambio de fiscales sin debido proceso, contra los parámetros de la Ley de la Carrera Fiscal y violando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Casa Nina” (2020), viola grave y flagrantemente la independencia fiscal.

3. Las remociones de fiscales están relacionadas con graves casos de corrupción de funcionarios de justicia, crimen organizado e incluso narcotráfico. Este año han sido cuestionado otros cambios producidos en diversos equipos, como el del fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos. Por la gravedad del hecho mismo (remociones sin debido proceso) y sus serias consecuencias, la JNJ debe evaluar suspender provisionalmente del cargo a la fiscal de la nación mientras se desarrolla esta investigación disciplinaria; tal como lo hizo el ex Consejo Nacional de la Magistratura en 2014, en el caso del ex fiscal de la nación destituido, Carlos Ramos Heredia.

4. Rechazamos la victimización que pretende la fiscal de la nación. La JNJ no solo tiene la competencia para investigar de acuerdo al debido proceso, sino que además esta investigación se basa  en hechos objetivos que, desde que asumió el cargo en julio del 2022, han sido denunciados por diversos sectores de la sociedad civil. En ese sentido, es inaceptable la criminalización de la crítica a su gestión que hace la fiscal Benavides.

5. Por último, recordamos a la JNJ que éste no es el único caso que debe ser motivo de investigación. Entre ellos se encuentran: otros cambios fiscales sin debido proceso, disposiciones no idóneas sobre qué fiscalías deben ser competentes para investigar violaciones a los derechos humanos y el cierre de los servicios de la actividad pericial del Ministerio Público en plena crisis de derechos humanos, que viola el acceso a la justicia y la independencia de cada uno de los fiscales que, para cumplir con sus funciones, requieren de este importante servicio.