Pronunciamiento: Las Fuerzas Armadas no deben de encargarse de la seguridad ciudadana

Respecto a la Resolución Suprema 191-2021-IN que autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía en Lima y Callao para el combate a la delincuencia, consideramos lo siguiente:

1. De conformidad con los artículos 165 y 166 de la Constitución, la Policía Nacional del Perú es la encargada del orden interno; mientras que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) son las responsables de garantizar la integridad territorial, la independencia y la soberanía. Es decir, no es tarea de las FF. AA. velar por la seguridad ciudadana.

2. No obstante, y solo de forma excepcional, el artículo 137 de la Constitución permite el ingreso de las FF. AA. en caso de perturbación de la paz y el orden interno. Sin embargo, esta figura exige no solo la disposición del presidente de la república, sino también debe existir el acuerdo del Consejo de Ministros, cosa que no ha ocurrido en la presente resolución.

3. A pesar de esta regulación, en la STC 0002-2018-AI el Tribunal Constitucional permitió que las FF. AA. ingresen y controlen el orden interno, sin declaratoria de estado de emergencia en los casos de narcotráfico, terrorismo y cuidado de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país. Este pronunciamiento lo hizo a propósito de realizar el control constitucional del artículo 7 de la Ley 29166, que aprobó la Ley que establece las reglas del empleo del uso de la fuerza por parte de FF. AA. en el territorio nacional.

4. Consideramos que esta resolución suprema es inconstitucional porque se autoriza el ingreso de las FF. AA. en un supuesto de delincuencia, lo cual no está previsto en la Constitución ni en lo establecido por el TC en su sentencia vinculante.

5. La carencia de una adecuada motivación genera suspicacia, más aún en un contexto de protestas sociales contra el Gobierno, independientemente que estas nos parezcan o no justificadas.

6. Nos parece contradictorio que el Gobierno exija que las FF. AA. ingresen en el orden interno en apoyo a la Policía, cuando al mismo tiempo se promueven convenios entre empresas mineras y la Policía, que distraen los escasos recursos policiales con los que se cuenta. De los aproximadamente 140 convenios celebrados, aproximadamente 40 están vigentes.

7. Históricamente, las decisiones concernientes a la PNP y las FF. AA. en el país se han justificado en base a un discurso sobre la seguridad nacional, además de un uso político del miedo muy común y demagógico. Sin embargo, los datos que justifican la medida del Gobierno de Castillo no se han hecho públicos. La policía y los militares gozan de una legitimidad muy cuestionada en nuestra sociedad que se debe a la conflictiva relación que han mantenido con la comunidad durante décadas. En aras de mejorar esta relación, se debería tener una política de datos abiertos que permita a la ciudadanía constatar el razonamiento detrás de las decisiones que se toman, así como una fiscalización adecuada por parte de los organismos competentes al actuar de estas instituciones.