Pronunciamiento: Ley de protección a Policía Nacional es inconstitucional y debe ser observada por el Ejecutivo

El Congreso de la República acaba de aprobar una ley denominada de protección de la Policía Nacional (PNP) y nos acaba de dar una muestra más de cómo el espíritu populista y el oportunismo político pueden destruir las instituciones en nuestro país. En concreto, la ley quiere reflejar un Congreso preocupado por la defensa de los policías, pero, lamentablemente, su contenido solo termina proponiendo una reiteración de lo que hace tiempo ya existe y normas abiertamente inconstitucionales.

La ley aprobada por el congreso tiene como objetivo superar los problemas y restricciones que los efectivos de la PNP tienen en el momento en que terminan involucrados en procesos judiciales como consecuencia del ejercicio de sus funciones y del uso de sus armas.

En primer término, la norma declara que los policías que causen lesiones o muerte de una persona como consecuencia del uso de sus armas de reglamento en el ejercicio de sus funciones están exentos de responsabilidad. Esta disposición existe hace casi tres décadas en el Código Penal como parte de las causas eximentes de responsabilidad penal. La nueva ley es una simple reiteración que no le agrega nada al marco legal ya existente.

En segundo lugar, la norma establece la creación de una nueva procuraduría especializada en la defensa de los efectivos policiales. Más allá de que el conjunto de procuradurías existen a duras penas por la falta de recursos, la creación de esta nueva procuraduría duplicará el trabajo que ya desarrolla la Defensoría del Policía, institución del MININTER que existe hace casi dos décadas y cuya única misión es defender justamente a los policías. La norma solo crea una duplicidad de esfuerzos institucionales.

En tercer lugar, la norma establece que queda prohibido que una autoridad judicial disponga la detención preliminar o la prisión preventiva de un efectivo policial sometido a una investigación o proceso penal, para lo cual modifica las normas del Código procesal penal. De esta manera la norma no solo rompe con el principio de igualdad ante la ley, estableciendo una disposición discriminatoria, sino que también violenta gravemente el ejercicio de las atribuciones constitucionales del Poder Judicial y del propio Ministerio Público.

Desde todo punto de análisis esta disposición es inconstitucional por las razones alegadas y porque establece un doble estándar para la acción de la justicia. En momentos en los que se exige que las autoridades se sometan a la ley en igualdad de condiciones, esta ley propone la existencia de beneficios indebidos que favorecen una sensación de impunidad. Esto puede terminar creando un nefasto precedente.

En cuarto lugar, la norma dispone que fiscales y jueces deben interpretar las circunstancias de la intervención policial, siempre a favor del personal policial, lo cual constituye un grosero desconocimiento de las elementales atribuciones de valoración del Ministerio Público y del Poder Judicial en cada caso concreto. Bajo el argumento del respeto al principio de autoridad la ley pretende suplantar el ejercicio de funciones constitucionales del sistema de justicia.

No cabe ninguna duda de que la sociedad y el Estado deben crear mecanismos de defensa y protección de sus policías, pero ello no puede ocurrir socavando las condiciones más elementales de la vigencia del estado de derecho y en el que la autoridad goza de condiciones y beneficios fuera de la ley. Como tampoco se puede permitir una falsa defensa del principio de autoridad violando la constitución.

Teniendo en consideración la colisión de las disposiciones de esta ley con la constitución política, consideramos que el Presidente de la República debe observarla y devolverla al Congreso de la República.

(Foto: Presidencia del Consejo de Ministros)