Pronunciamiento: Al momento no están dadas las condiciones para la elección de los nuevos magistrados del TC
El Tribunal Constitucional (TC) es esencial para la vida de todos los peruanos y peruanas. De él depende la protección de la vida, la salud, el trabajo, el medio ambiente, el control del poder económico y político, así como la solución de casos controvertidos como el de las universidades contra la SUNEDU, el pago de impuestos y los contrapesos democráticos. Esta importancia- así como los riesgos de interferencias y de cooptación por diversas mafias e intereses- aumentan incluso en medio de la pandemia del Covid-19. Si bien hay reformas positivas en la ley que regula la elección de miembros del TC, el IDL considera que en el actual contexto no hay garantías para una elección transparente e idónea, por lo siguiente:
1. Los últimos acontecimientos en el Congreso han creado un escenario altamente politizado y de riesgo para la elección. En la investigación a cargo del congresista Alarcón se violó el reglamento del Congreso y el debido proceso, lo que no ha sido investigado o sancionado en el legislativo, así como la llamada a las Fuerzas Armadas ya reconocida como un error. No se garantiza que las reglas del parlamento y del debido proceso sean respetadas, privilegiando la idoneidad e independencia de las y los candidatos.
2. Ese riesgo contrasta con las garantías de objetividad y meritocracia real que la elección también debe asegurar. El cargo a elegirse no es político sino uno jurisdiccional, sometido a la Constitución y las leyes, donde lo más importante es lograr que las y los elegidos para el cargo tengan la apariencia de independencia e imparcialidad.
3. Cabe recordar que la idoneidad del evaluador es una de las máximas aprendidas de los procesos de elección de altas autoridades de la justicia. El evaluador no puede exigir a su evaluado las condiciones que aquél mismo no cumple o pone en duda. Congresistas con denuncias o sentencias en su contra, o con un proceder que viola el reglamento parlamentario o la transparencia, cuestionan la legitimidad del proceso y acortan las posibilidades de que los y las mejores candidatas al cargo participen.
4. Además, hay sucesos que preocupan en el proceso de elaboración del reglamento de elección. Las convocatorias a sesiones de la Comisión no necesariamente son informadas a tiempo a la ciudadanía, ni sus reprogramaciones. Los documentos de trabajo tampoco son publicitados con debida anticipación, y no se conoce públicamente si hay aportes ciudadanos, y por qué se han aceptado o rechazado. Esto es altamente preocupante, tratándose de la elaboración de las reglas del proceso y habiéndose señalado en un principio que habría publicidad y transparencia.
5. Una muestra fue la sesión del domingo 20 de septiembre, donde se propuso votar una versión del Reglamento, sin que previamente se tome en cuenta los aportes de la ciudadanía o de especialistas que han hecho seguimiento a procesos anteriores a fin de evitar “repartijas” o procesos meritocráticos aparentes. Esto pone en cuestión el tipo de debate con el que la Comisión estaría fundamentando sus votos y decisiones.
6. La experiencia indica que en la elaboración del reglamento y el proceso mismo de elección, no se puede prescindir de (i) la transparencia total, (ii) la participación ciudadana y, (iii) los criterios de evaluación (que en todas las etapas) identifiquen a los candidatos que mejor garanticen la independencia e imparcialidad en el cargo. Un reglamento basado en puntajes por títulos y capacitaciones, o en la cantidad de años de ejercicio profesional, es importante, pero no suficiente para garantizar la idoneidad e independencia que exige el cargo.
7. El IDL propuso a inicios de septiembre, por ejemplo, la publicidad total, la existencia de observadores ciudadanos y la necesidad de más participación ciudadana (más allá de la presentación de tachas). No obstante, a la fecha y ante los hechos acontecidos en estos días, se evidencian riesgos y ausencias de garantías den paso a un buen reglamento y a mejores condiciones para la elección. Por ello, de no ser provistas, la elección de nuevos miembros del TC debe concretarse con el nuevo Congreso elegido en el 2021.
El momento para cambiar a la mayoría de los integrantes del TC ya llegó hace ratos al haber vencido el plazo para ejercer el cargo, pero para algunos nunca debería llegar ese momento.