Pronunciamiento: Al momento no están dadas las condiciones para la elección de los nuevos magistrados del TC

El Tribunal Constitucional (TC) es esencial para la vida de todos los peruanos y peruanas. De él depende la protección de la vida, la salud, el trabajo, el medio ambiente, el control del poder económico y político, así como la solución de casos controvertidos como el de las universidades contra la SUNEDU, el pago de impuestos y los contrapesos democráticos. Esta importancia- así como los riesgos de interferencias y de cooptación por diversas mafias e intereses- aumentan incluso en medio de la pandemia del Covid-19. Si bien hay reformas positivas en la ley que regula la elección de miembros del TC, el IDL considera que en el actual contexto no hay garantías para una elección transparente e idónea, por lo siguiente:

1. Los últimos acontecimientos en el Congreso han creado un escenario altamente politizado y de riesgo para la elección. En la investigación a cargo del congresista Alarcón se violó el reglamento del Congreso y el debido proceso, lo que no ha sido investigado o sancionado en el legislativo, así como la llamada a las Fuerzas Armadas ya reconocida como un error. No se garantiza que las reglas del parlamento y del debido proceso sean respetadas, privilegiando la idoneidad e independencia de las y los candidatos.

2. Ese riesgo contrasta con las garantías de objetividad y meritocracia real que la elección también debe asegurar. El cargo a elegirse no es político sino uno jurisdiccional, sometido a la Constitución y las leyes, donde lo más importante es lograr que las y los elegidos para el cargo tengan la apariencia de independencia e imparcialidad.

3. Cabe recordar que la idoneidad del evaluador es una de las máximas aprendidas de los procesos de elección de altas autoridades de la justicia. El evaluador no puede exigir a su evaluado las condiciones que aquél mismo no cumple o pone en duda. Congresistas con denuncias o sentencias en su contra, o con un proceder que viola el reglamento parlamentario o la transparencia, cuestionan la legitimidad del proceso y acortan las posibilidades de que los y las mejores candidatas al cargo participen.

4. Además, hay sucesos que preocupan en el proceso de elaboración del reglamento de elección. Las convocatorias a sesiones de la Comisión no necesariamente son informadas a tiempo a la ciudadanía, ni sus reprogramaciones. Los documentos de trabajo tampoco son publicitados con debida anticipación, y no se conoce públicamente si hay aportes ciudadanos, y por qué se han aceptado o rechazado. Esto es altamente preocupante, tratándose de la elaboración de las reglas del proceso y habiéndose señalado en un principio que habría publicidad y transparencia.

5. Una muestra fue la sesión del domingo 20 de septiembre, donde se propuso votar una versión del Reglamento, sin que previamente se tome en cuenta los aportes de la ciudadanía o de especialistas que han hecho seguimiento a procesos anteriores a fin de evitar “repartijas” o procesos meritocráticos aparentes. Esto pone en cuestión el tipo de debate con el que la Comisión estaría fundamentando sus votos y decisiones.

6. La experiencia indica que en la elaboración del reglamento y el proceso mismo de elección, no se puede prescindir de (i) la transparencia total, (ii) la participación ciudadana y, (iii) los criterios de evaluación (que en todas las etapas) identifiquen a los candidatos que mejor garanticen la independencia e imparcialidad en el cargo. Un reglamento basado en puntajes por títulos y capacitaciones, o en la cantidad de años de ejercicio profesional, es importante, pero no suficiente para garantizar la idoneidad e independencia que exige el cargo.

7. El IDL propuso a inicios de septiembre, por ejemplo, la publicidad total, la existencia de observadores ciudadanos y la necesidad de más participación ciudadana (más allá de la presentación de tachas). No obstante, a la fecha y ante los hechos acontecidos en estos días, se evidencian riesgos y ausencias de garantías den paso a un buen reglamento y a mejores condiciones para la elección. Por ello, de no ser provistas, la elección de nuevos miembros del TC debe concretarse con el nuevo Congreso elegido en el 2021.