Pronunciamiento: Por un nuevo concurso público para la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, con nuevas reglas

Carta abierta a la Comisión Especial a cargo del concurso para elegir a la Junta Nacional de Justicia y a la opinión pública.

Habiéndose hecho público que, de 104 postulantes a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), solo tres aprobaron la evaluación de conocimientos elaborada bajo la supervisión de la Comisión Especial, y luego de conocer que dicho examen contenía un número significativo de preguntas inconvenientes, sea por su carácter memorístico, respuestas discutibles y hasta equivocadas, o por no tener relación con los conocimientos que debe exigírsele a los candidatos; dado que como Instituto de Defensa Legal (IDL) hemos hecho llegar formalmente a la Comisión Especial, hasta en dos oportunidades, una serie de observaciones y recomendaciones sobre los puntos críticos del concurso público en cuestión, planteamos lo siguiente:

1. Declarar desierto el actual concurso, para posteriormente convocar a uno nuevo

Si solo existen tres postulantes aptos para pasar a la siguiente etapa (evaluación curricular), se convierte en un imposible la posibilidad de seleccionar a los siete miembros titulares y siete miembros suplentes que deben conformar la Junta, de acuerdo al orden de mérito producto del concurso. Es decir, se habrían seleccionado a tres miembros de la Junta, pero sin mediar en estricto, un mecanismo de concurso público; lo que sería inconstitucional, e iría contra la búsqueda de calidad en los miembros a seleccionar.

Tampoco sería justo eliminar a 101 postulantes de acuerdo a un examen, cuya calidad y adecuación ha sido puesta en cuestión.

2. Previa a una nueva convocatoria, debe revisarse el marco legal al que se sujeta la Comisión Especial, la Junta Nacional de Justicia y el concurso público de méritos

Esta revisión debe comprender la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia dada por el Congreso, así como el reglamento interno de la Comisión Especial y las bases aprobadas por la misma.

Solo de esta manera sería posible, por ejemplo, eliminar, la existencia de un examen de conocimientos como filtro previo, lo que no tiene sentido en un sistema de selección basado en un concurso público de méritos, entre profesionales que deben de exhibir logros en un período no menor a 25 o 15 años de trayectoria profesional y/o en investigación, respectivamente.

Será la oportunidad también de modificar, precisar e introducir otros aspectos, que mejorarán las posibilidades de contar con una excelente Junta Nacional de Justicia premunida de las atribuciones y autonomía que requiere para el cumplimiento de atribuciones de la máxima importancia (nombrar, ratificar, evaluar y sancionar a todos los jueces y fiscales, además de nombrar y poder destituir a los jefes de la ONPE y RENIEC, siendo que esta primera vez, también deberá revisar todo lo hecho por el removido Consejo Nacional de la Magistratura).

3. La modificación del reglamento interno de la Comisión y de las bases del concurso depende exclusivamente de la Comisión Especial, así como la modificación de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia depende del Congreso de la República; esto último sería viable a partir de una propuesta hecha por todos y cada uno de los integrantes de la Comisión Especial.

4. Creemos que la Comisión Especial debería establecer el plazo de un mes para que expertos e instituciones, puedan hacer propuestas sobre el nuevo marco legal, demostrando así transparencia, receptividad y valoración de la participación ciudadana.

5. Nos oponemos a reemplazar el concurso público de méritos por un sistema de invitación a cargo de la Comisión Especial, ya que dicho concurso es el mecanismo esencial de la fórmula que fue aprobada vía referéndum para elegir a la Junta Nacional de Justicia, por lo tanto, eliminarlo constituiría un acto inconstitucional.

6. Si bien esto implica un retraso en la instalación de la Junta Nacional de Justicia, es necesario tomar en cuenta que se está eligiendo a uno de los órganos más poderosos e importantes en la estructura del Estado, sobre todo en circunstancias en las que el sistema de justicia está llamado a cumplir un papel clave en contra de la impunidad.

Lima, 20 de mayo de 2019