Pronunciamiento: Rechazamos la inconstitucional Ley de Protección Policial y exigimos su derogación inmediata

Ante la “Ley de protección policial” aprobada por insistencia por el actual Congreso (Ley N.º 31012)-presentada por el Legislativo disuelto el pasado año, sin recibir aprobación presidencial-, el IDL manifiesta su rechazo y exige su derogatoria. Consideramos que esta ley es inconstitucional, se aprovecha del contexto de crisis que vivimos y presenta el peligro de proteger con impunidad a los malos elementos policiales. Estas son nuestras consideraciones:

1. Durante las últimas semanas la Policía y las Fuerzas Armadas vienen desplegando una serie de acciones a fin de luchar contra la expansión del COVID-19. Ante esta labor, respaldamos los esfuerzos del Estado para resguardar el principal bien de nuestro país: la salud y vida de su población. Las fuerzas del orden realizan patrullajes mixtos a fin de que se cumpla la cuarentena, y muchas veces intervienen ciudadanos que no solo incumplen las disposiciones, sino que terminan agrediendo a los efectivos. Ante esto, en el caso de la Policía, se aplica un uso proporcionado de la fuerza (acciones reguladas por el DL 1186 y su Reglamento 012-2016-IN) y se cumplen los procedimientos reteniendo y deteniendo a los agresores. El uso legítimo de la fuerza ha sido respaldado por el IDL siempre y cuando se respeten y garanticen los derechos humanos.
2. Sin embargo, algunos sectores políticos han presionado para que el uso de la fuerza se pueda dar indiscriminadamente. El Congreso disuelto propuso la Ley de Protección Policial (Ley N.º 31012), que consideramos es claramente inconstitucional. Esta ley no solo no fue respaldada por el Poder Ejecutivo (el presidente Vizcarra no la ha promulgado), sino que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, entre otras importantes institucionales, la han cuestionado severamente.
3. Esta ley promueve la defensa de malos elementos policiales, cuyas acciones merezcan un proceso penal regular. Esta defensa se puede observar en el primer artículo: “otorgar protección legal al personal de la Policía Nacional del Perú que, en ejercicio regular de su función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa, en forma reglamentaria causando lesiones o muerte…”.
4. Esta situación se agrava con la modificación del numeral 11 del artículo 20 del Código Penal, señalando que: “está exento de responsabilidad penal, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”.
5. Por otro lado, se viola la independencia de los jueces al imponerles una interpretación de las normas en favor siempre de la Policía. El artículo 1 de la ley señala que: “En estas circunstancias al ejercer su derecho a su legítima defensa y de la sociedad establecido en la ley, el principio de razonabilidad de medios será interpretado a favor del personal policial interviniente, estableciendo mecanismos procesales que eviten menoscabar el principio de autoridad policial”. Lo detallado refleja una clara violación de la división de poderes y convierte a la ley en inconstitucional.
6. De igual manera, en el artículo 4 de la referida ley se establece una modificación al Código Procesal Penal, a fin de otorgar privilegios en favor de los policías que han incurrido en excesos absolutamente injustificado, al establecer que queda “prohibido dictar mandato de Detención Preliminar Judicial y Prisión Preventiva”. Este tipo de medidas las tendrá que decidir los jueces y no el Congreso, que no tiene la función jurisdiccional. Aquí se rompe el principio de igualdad ante la ley, lo que también resulta ser inconstitucional.
7. En concreto, lo que está norma logra es eliminar el principio de proporcionalidad exigible a la Policía en el uso de la fuerza, el cual es un requisito indispensable para garantizar el correcto accionar de las fuerzas del orden del Estado sin permitir la comisión de abusos y/o arbitrariedades en el ejercicio de sus funciones. Además, elimina el debido proceso penal al que deben ser sometidos aquellos malos elementos policiales. Se trata, en consecuencia, de una ley abiertamente inconstitucional y violatoria del derecho internacional.

Es preocupante que justo en el contexto de un estado de emergencia, donde necesitamos confiar más en la PNP por la importante labor que vienen cumpliendo,  se promulguen leyes que atentan contra los derechos humanos. El IDL apoya la labor de respaldo en favor del orden y resguardo que vienen cumpliendo la Policía y las Fuerzas Armadas en estos tiempos de pandemia. No obstante, rechazamos categóricamente el actual intento que se viene realizando por instrumentalizar este contexto para aprobar leyes inconstitucionales —y perjudiciales para la ciudadanía— como esta. En ese sentido, rechazamos la Ley de Protección Policial y exigimos su derogación inmediata. Así mismo, exhortamos a todos los jueces y juezas del país a inaplicar esta ley mientras se mantenga en vigencia, mediante el control difuso.

La crisis política y social por la que ha venido atravesando el país, sumada a esta crisis sin parangón histórico provocada por la pandemia, solo tienen una salida: fortalecer el estado de derecho, las instituciones de control y el sistema de justicia. La  norma aprobada solo servirá para generar un peligroso panorama de impunidad que nos amenaza a todas y todos. Un camino de impunidad que nuestra memoria rechaza tajantemente, y sobre el que debemos estar vigilantes para que nunca más vuelva.