Pronunciamiento: Resolución de Juez Checkley atenta contra la libertad de prensa
Esta semana hemos tomado conocimiento de que el juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley ha emitido una resolución en la que le ordena a la fiscalía que cite como testigo al periodista Gustavo Gorriti y le requiera la entrega de los audios de las conversaciones del prófugo César Hinostroza Pariachi con terceras personas, que IDL Reporteros reveló en julio de 2018 y que dieron inicio a las investigaciones del caso de los Cuellos Blancos.
Según la resolución judicial —de fecha 25 de octubre de 2024— el investigado y prófugo de la justicia Hinostroza Pariachi, en el proceso penal por corrupción que se le sigue, ha solicitado que se cite al periodista Gorriti para que declare «…cómo, cuándo, dónde y quién o quiénes le entregaron los audios…» porque quiere establecer que se ha quebrantado la cadena de custodia, razón por la cual también exige que entregue los audios que lo involucran en actos de corrupción.
Sobre este pedido, el juez Checkley señala que, como lo solicitado por Hinostroza tiene relación con el caso, por lo tanto, declara que estos actos de investigación «la declaración de Gorriti y la entrega de los audios» son pertinentes y útiles porque «coadyuvará a sustentar las tesis de la defensa» de Hinostroza, por lo que, concluye, que el pedido es concedido, ya que «la toma de una declaración testimonial se encuentra permitida por nuestro ordenamiento».
Si bien la resolución señala que la declaración se debe realizar «con el respeto de las garantías que implica la labor periodística…», el hecho concreto es que le ordena a la fiscalía cite al periodista y le requiera la entrega de los audios.
Consideramos que esta resolución judicial es particularmente grave porque, al aceptar —en los términos que acepta— la solicitud de Hinostroza, vulnera flagrantemente aquello que el mismo juez identifica como garantías de la labor periodística, entre las que podemos identificar el derecho a informar sobre asuntos de relevancia pública y la reserva de las fuentes de información periodística.
En este caso, ambas garantías son atacadas por mandato judicial. El juez Checkley tenía el deber de realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad de la solicitud del procesado Hinostroza, porque colisiona con las bases fundamentales de la libertad de información, de cuya protección ningún juez se puede desvincular.
Siendo esto así, la resolución constituye un ataque contra el ejercicio legítimo de la libertad de prensa e información y, consecuentemente, debería ser anulada por el tribunal de apelaciones de la Corte Suprema de Justicia.
Instituto de Defensa Legal
Viernes, 8 de noviembre de 2024