Pronunciamiento sobre el plan del Congreso para cooptar el sistema de justicia

El Congreso de la República acaba de disponer la conformación de una Comisión de Alto Nivel Multipartidaria, integrada por ellos mismos, a la que se le ha  encargado  la elaboración de una propuesta de reforma integral del sistema de justicia del Perú, en un plazo de 90 días.

En los últimos meses la coalición que controla el Congreso ha venido promulgando un conjunto de normas legales abiertamente favorables al crimen organizado, contrarias a las disposiciones fundamentales de la Constitución Política, que están encaminadas a establecer sanciones contra los magistrados, restringir sus funciones constitucionales y  eliminar todo tipo de control judicial sobre los actos del Congreso de la República.

En esas circunstancias se acaba de elegir a la nueva Fiscal de la Nación y a la nueva presidenta del Poder Judicial. Esta última ha señalado que protegerá la independencia de este poder del Estado y las decisiones de los jueces, quienes, basándose en el derecho, han rechazado las normas inconstitucionales del Parlamento.

Al respecto, el IDL sostiene:

1. El Congreso ha decidido lanzar una iniciativa que tiene un objetivo político subalterno: establecer un esquema de control político del sistema de justicia para resguardar sus propios intereses.
2. Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, José Luna y César Acuña, líderes de las organizaciones políticas que controlan el Congreso, están siendo investigados por la justicia, la misma que ahora pretenden reformar. Este hecho determina la existencia de un evidente conflicto de intereses que deslegitima esta iniciativa.
3. Esta coalición política pretende instaurar un sistema de justicia sometido al poder, y que les garantice impunidad. Por ello, lanzan una iniciativa de reforma en la cual las instituciones del sistema de justicia no están presentes.
4. No hay garantías de que esta reforma vaya a fortalecer la independencia de la justicia, ya que no se dará un proceso participativo transparente, independiente, sin conflictos de interés, que tome en cuenta las propuestas del Poder Judicial, la Fiscalía, el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia, y que incluya a la sociedad civil.
5. Plantean quebrar la independencia judicial y fiscal, así como de la JNJ y del JNE, que han sido los contralores del poder absoluto que el Congreso se quiere asegurar.
6. El proceso de reforma debe ser liderado por las instituciones del sistema de justicia, y se debe garantizar la participación de la sociedad civil para que se produzcan los cambios profundos que se requieren.