Pronunciamiento sobre la nueva Junta Nacional de Justicia

Desde diciembre de 2022 en el Perú vivimos una época de degradación de la democracia, lo cual, entre otros hechos, significa la demolición y captura de las principales instituciones del sistema de justicia.

En el último año el Congreso de la República ha desarrollado un ataque sistemático contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destinado a descabezarla, como parte de una venganza política por haber abierto investigación y luego destituido a la exfiscal de la nación Patricia Benavides.

A la coalición que controla el Congreso le resulta contraria a sus intereses una JNJ independiente y, por ello, definió una estrategia para capturarla, modificando y desconociendo los procedimientos básicos de selección de los nuevos integrantes. Esa estrategia se ha materializado la semana pasada con la elección exprés de los nuevos integrantes, que van a ser parte de la JNJ desde enero del 2025 hasta enero del 2030.

Sobre este proceso, el IDL expresa lo siguiente:

1. La Comisión Especial de selección, dirigida por el Defensor del Pueblo, no solo no prepublicó el reglamento y las bases del concurso que hubiera permitido que se exigiera exponer las tesis o los patrocinios que previnieran conflictos de interés, sino que, además, no hizo público a quiénes contrataba para prevenir contrataciones indebidas en el concurso, no publicó las tachas (lo que evitó el escrutinio), no notificó los descargos, resolvió de forma desigual las denuncias, mintió en dos comunicados públicos, no preguntó sobre todas en las entrevistas, no hizo público cómo otorgó los puntajes ni publicitó la sesión en la que se hizo la votación de nombramiento. Todo ello hizo imposible cumplir con la transparencia activa, la participación ciudadana y la evaluación de los perfiles que garantizan la apariencia de independencia e imparcialidad respecto del poder político.
2. Debemos tener muy presente que una de las funciones esenciales de la JNJ es la de garantizar la idoneidad de los jueces, juezas y fiscales para asegurar la independencia del sistema de justicia, algo que hoy es crucial, teniendo en cuenta que las principales investigaciones de delitos graves comprenden a los líderes de los grupos políticos que controlan el congreso de la república. Además, la JNJ está a cargo de garantizar los mejores perfiles en las Jefaturas de la ONPE como de la RENIEC, instituciones electorales claves.
3. Esta cuestionada elección ha tenido como objetivo asegurar una intromisión política en el Poder Judicial, el Ministerio Público y en el proceso electoral que se avecina, para de esa manera tener una notoria influencia en el curso de aquellas investigaciones y los destinos del país.
4. Para defender la poca institucionalidad que se logró en estos años, urge que se geste un amplio frente social y pro derechos humanos para defender los mínimos para el control del poder; y que los países de la región conozcan la crisis que se está viviendo.
5. Ante la urgencia de la situación proponemos que se asuman acciones legales, tales como la nulidad de los actos de la JNJ, y que se evalúe una virtual demanda.
6. El Poder Judicial, la Fiscalía, así como la actual JNJ, deben impulsar una política inmediata de protección de la autonomía e independencia de estas instituciones.
7. Por último, desde la sociedad civil, reiteramos públicamente a la CIDH que ante esta crisis, el país sea considerado en el capítulo 4b de su Informe Anual, como país en urgencia junto a los regímenes de Venezuela y Nicaragua.